El discurso que han comenzado a levantar, los medios y el gobierno, es que de eliminar el financiamiento público a tales colegios (que quede claro: no a todos los particulares, sino que sólo a los que lucran) perjudicaríamos a las familias que libremente han elegido tales instituciones. Este argumento es sumamente débil y sólo es sostenible si el mero hecho de que estos establecimientos tengan demanda es razón suficiente para mantenerlos.
Como nunca antes, y luego de 30 años, existe hoy una probabilidad considerable de que el Estado de Chile deje de entregar recursos a los colegios particulares cuyo fin es la maximización de ganancias para ser retiradas a través de utilidades (fines de lucro).
El fin al lucro en educación aglutina un indiscutible apoyo en la sociedad, no sólo por la masividad de los paros, tomas, marchas y cacerolazos: es en la misma encuesta que en los últimos años ha decidido los candidatos presidenciales de cada coalición (la encuesta CEP), lo que la ha transformado en un pilar de nuestra democracia representativa, que se nos ha informado que un 80% de los chilenos no quiere lucro a ningún nivel (escolar o universitario).
Así las cosas, sus defensores han comenzado la operación “salvemos el lucro”, la que no ha estado exenta de problemas.
A los defensores del lucro les hubiera gustado poder entregar dos tipos de argumentaciones. Por un lado, hubiesen querido decir: permitir que la educación sea un negocio aumenta la oferta de sostenedores, los que al estar presionados por la competencia de otros sostenedores y la regulación estatal se ven obligados, más allá de sus motivaciones de ganancia, a subir la calidad del sistema. Lamentablemente y por distintas razones aquello no pasó, los colegios particulares con fines de lucro tienen en promedio (medido por el Simce) menos calidad que los municipales y que los particulares subvencionados sin fines de lucro. Más aún, en términos generales, la competencia no ha significado una mejora en la calidad educacional, más bien ha presionado a una mayor segregación.
Por otro lado, a los conspicuos defensores del lucro les hubiera encantado poder decir: la existencia de colegios con fines de lucro es clave para tener un sistema educacional diverso, en el que se ofrezcan distintas visiones de mundo, aproximaciones pedagógicas y religiosas. Sin embargo, tampoco aquello es cierto, son justamente los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro los que generalmente aportan tal diversidad (así lo han hecho históricamente). La razón es simple, los colegios que tienen como misión desarrollar un proyecto educativo particular, distinto al de la oferta municipal, se constituyen justamente con ese fin, y aunque requieren fondos públicos para desarrollarse, para ellos el proyecto educativo no es una excusa para tener utilidades.
[cita]Es bueno constatar que los mismos que defienden el lucro de este modo suelen apoyar el financiamiento compartido o el hecho que existan colegios privados que cobran más de 300 mil pesos y que nadie toca en el debate, lo que sí limita dramáticamente el acceso a mayor calidad para aquellos padres, la mayoría, que no pueden pagar.[/cita]
Si estos dos potenciales argumentos tuvieran algún atisbo de realidad, El Mercurio ya hubiese titulado: “Terminar con los colegios con fines de lucro disminuirá la calidad del sistema y reducirá la diversidad de proyectos pedagógicos disponibles”. Pero no lo han hecho, incluso en nuestra prensa no se puede torcer de esa manera la realidad.
El discurso que han comenzado a levantar, los medios y el gobierno, es que de eliminar el financiamiento público a tales colegios (que quede claro: no a todos los particulares, sino que sólo a los que lucran) perjudicaríamos a las familias que libremente han elegido tales instituciones. Este argumento es sumamente débil y sólo es sostenible si el mero hecho de que estos establecimientos tengan demanda es razón suficiente para mantenerlos.
Para desnudar la fragilidad del argumento, pensemos el siguiente ejercicio: imaginemos que como sociedad lo que más valoramos en educación es la calidad (para efectos del argumento asumo que sabemos como definirla, por ejemplo). Se propone entonces la siguiente política: que los sostenedores de colegios pertenecientes al 20% de peor calidad pierdan el control de sus establecimientos.
Si creyésemos en el razonamiento que nos propone el gobierno y los medios de comunicación en el caso del lucro, tendríamos que oponernos a tal política, argumentando que aunque como sociedad creamos que colegios de mala calidad deben dejar de educar niños, debemos mantenerlos en el sistema ya que las personas los han elegido hasta ahora. Se podría decir incluso, como hoy dicen por el lucro, que quitando la subvención a tales colegios perjudicaríamos a los apoderados que los han elegido, limitando así su libertad de elegir.
Como vemos esta forma de razonar no resiste análisis. El diseño de toda política pública implica ciertas restricciones a la elección de los individuos. Como sociedad, democráticamente y pensando en el bien común, podemos definir que los padres no podrán elegir colegios que lucren. Aquello, como hemos señalado, y por más que le duela a los defensores del lucro, no restringirá la diversidad pedagógica o religiosa del sistema, tampoco su calidad. Así las cosas, la defensa al lucro es una defensa a una libertad sin contenido, pues tales establecimientos, en el mejor de los casos, no agregan nada nuevo al sistema, nada que realmente expanda las opciones de los apoderados y alumnos (a menos que el tema sea la libertad de empresa, pero aquello ya ni siquiera se atreven a decirlo).
Es bueno constatar que los mismos que defienden el lucro de este modo suelen apoyar el financiamiento compartido o el hecho que existan colegios privados que cobran más de 300 mil pesos y que nadie toca en el debate, lo que sí limita dramáticamente el acceso a mayor calidad para aquellos padres, la mayoría, que no pueden pagar.
Por último, se debe considerar que cambiar el sostenedor o cerrar los colegios con fines de lucro no puede hacerse de la noche a la mañana, ha de ser un proceso gradual, como también lo sería el cerrar el 20% de los colegios de peor calidad. Este proceso precisa de dos etapas, en una inmediata debe eliminarse la posibilidad de que nuevos sostenedores con fines de lucro entren al sistema y, en una segunda etapa (que dure años), se debe ir transformando (por otros privados o por el Estado) los establecimientos ya existentes en instituciones sin fines de lucro.
