Avanzar hacia una “gratuidad” universal de la educación -que en la práctica significa devolver al Estado toda responsabilidad de proveerla- implica restringir innecesariamente derechos constitucionales como la libertad de enseñanza y la de emprendimiento e imponer una carga adicional a los ciudadanos, pues la “gratuidad” se paga de alguna forma.
El próximo 31 de agosto será votada la idea de legislar sobre la reforma que prohíbe el aporte estatal a las instituciones de enseñanza particular subvencionada, según acuerdo que adoptó la Comisión de Educación del Senado. Para mejor entender la propuesta conviene saber que “lucro” no es lo mismo que “ganancia”. “Lucro”, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española, es el beneficio o provecho que se consigue en un asunto o negocio, pero que se asume “excesivo” “usurero” o “especulativo”, mientras que “ganancia” es “la utilidad o interés que se adquiere por el trato, el comercio o por otra cosa” y se considera “lícita y arreglada a las leyes mercantiles”.
Asumimos que, considerando su definición, no hay quien esté de acuerdo con el “lucro” en educación –excepto quien lucra- pues a nadie le gusta ser esquilmado, máxime respecto de un servicio indispensable si se quiere sobrevivir en la actual sociedad de la información. Por lo demás, la educación está instalada hoy como derecho, razón por la que se la garantiza constitucionalmente y, por consiguiente, hay un amplio acuerdo social respecto de que su provisión es de primera necesidad.
Entonces, si bien el lucro en educación es inaceptable (como en cualquier otra actividad) ¿podría la “ganancia” ser legítima? Según las posiciones de las redes sociales no habría oposición a la “ganancia”, pues dada la libertad de enseñanza vigente en Chile es perfectamente válido que una persona o grupo de personas instale un colegio, arriesgando sus propios recursos y que cobre por el bien entregado.
Sin embargo, las opiniones se dividen cuando se apunta al financiamiento de esos establecimientos. Unos dicen que si se trata de un colegio particular y hay quienes quieren pagarlo, que lo paguen y punto. Pero distinto es que los privados reciban aportes del Estado y menos que lucren de esos recursos. Quienes así piensan prefieren que los colegios subvencionados se financien sólo de los apoderados, transfiriendo los subsidios liberados a los colegios públicos, asegurando así su mejor financiamiento, calidad y/o gratuidad. Es decir, hay conciencia de que los recursos son escasos.
[cita]Avanzar hacia una “gratuidad” universal de la educación -que en la práctica significa devolver al Estado toda responsabilidad de proveerla- implica restringir innecesariamente derechos constitucionales como la libertad de enseñanza y la de emprendimiento e imponer una carga adicional a los ciudadanos, pues la “gratuidad” se paga de alguna forma. [/cita]
Quienes creen que los colegios particulares subvencionados pueden y deben recibir aportes del Estado (sobre 3 mil en el país), afirman que se trata de entidades que sirven a más de 1 millón de estudiantes de sectores vulnerables y capas medias; que 70% de las personas consultadas por la reciente CEP está de acuerdo con que éstos continúen su tarea –a pesar que tienen fines de ganancia-; que el aporte mixto permite mejorar la calidad y que los municipalizados están desfinanciados por ser gratuitos y/o porque dependen de municipios con pocos recursos.
Para ser viables en el largo plazo, los colegios particulares subvencionados deben tener una “ganancia” que explique por qué un sostenedor postergará el uso de sus ahorros o capital en consumo presente, tal como la recompensa del trabajo se expresa en sueldo o remuneración. Dicha ganancia debe corresponder a un monto que asegure el poder de compra del dinero (contra la inflación que lo devalúa) y una renta para el propietario que sea superior a la tasa de interés, pues, en caso contrario, en vez de invertir y asumir el riesgo de un proyecto, el ahorrante prefiere entregar el dinero al banco y que sea este quien lo preste a quienes buscan recursos para sus planes.
La “ganancia” de una actividad requiere pues ser un monto que permita la renta del capital, mantener el giro, pagando sueldos, gastos generales, impuestos y depreciaciones y reinvertir en el mantenimiento o crecimiento de la organización. Solo de esta forma puede seguir existiendo, creciendo y dando trabajo. Asumimos que si un colegio subvencionado consigue “ganancias” para pagar esos destinos, entonces estará cumpliendo su misión de modo legítimo, moral y viable.
Pero como el punto en discordia es que esos establecimientos lucren con subsidios del Estado y lo que está en litigio es el lucro y no una razonable ganancia, si los ingresos por subsidios fiscales fueran destinados mayoritariamente a la reinversión en infraestructura, investigación y/o mejores profesores, la oposición a tal financiamiento debería desaparecer, porque, de un lado, se daría mejor servicio a los alumnos y, de otro, el colegio, al seguir reinvirtiendo, estaría aumentando su valor, generándose así un círculo virtuoso en el que todos ganan.
Por consiguiente, llegar a un acuerdo sobre la legitimidad de la ganancia en la educación pasaría por supervigilar que los recursos fiscales se reinvirtieran en mejor educación, más que por prohibir el aporte estatal a esas instituciones.
Los colegios particulares subvencionados surgieron como respuesta a la necesidad del Estado en los 80-90 de ampliar la base infraestructural educacional sin tener que recurrir al uso de fondos que podían ser utilizados en proyectos sociales de aún mayor urgencia. Su existencia no sólo permitió usar recursos fiscales en tareas como la pobreza extrema, sino que amplió los ámbitos de elección y enseñanza laica e independiente. Por lo demás, 82% de los sostenedores únicos de estos establecimientos son profesores.
Considerando que aún en las mejores condiciones económicas de hoy, los recursos siguen siendo limitados, pareciera una mejor respuesta al problema educacional optimizar el apoyo técnico y financiero a los colegios públicos, evitando gastarlos en una eventual masificación de la educación puramente pública, que eliminar el uso de subsidios a los particulares subvencionados, obligando a ese millón de alumnos a migrar a colegios fiscales, cuyas matrículas en los mejores se verían colapsadas, como ya ocurre (Instituto Nacional, Carmela Carvajal, etc).
Avanzar hacia una “gratuidad” universal de la educación -que en la práctica significa devolver al Estado toda responsabilidad de proveerla- implica restringir innecesariamente derechos constitucionales como la libertad de enseñanza y la de emprendimiento e imponer una carga adicional a los ciudadanos, pues la “gratuidad” se paga de alguna forma. Educar a un estudiante desde la pre-básica hasta materializar el derecho de estudiar que culmina en 4º medio, cuesta unos 20 millones de pesos promedio. Y los estudiantes de la educación básica y media son casi 5 millones.
La gratuidad, eso sí, si bien se entiende como algo que se recibe sólo por las gracias, tiene alta rentabilidad política, porque muchos de quienes son objeto de gratuidad, votan, lo cual tal vez explique por qué algunos la demandan hoy desde el Congreso y partidos, sin explicar de dónde saldrían los fondos para sostenerla, porque con toda seguridad los profesores no trabajarían gratis, las editoriales no regalarían libros, las librerías no donarían cuadernos, ni lápices, ni Microsoft, computadores.
Hay pues, que concentrarse en la calidad de la educación y no en la propiedad de los establecimientos, que si bien explica diferencias hacia “arriba”, en la mejor educación de algunos colegios particulares, no la explicaría hacia “abajo”, a no ser que se quiera reconocer que los problemas de la educación municipal no son solamente de recursos, sino también de administración –por la porfiada mantención del Estatuto Docente- y calidad de sus maestros, luego que en 2010 la evaluación docente revelara que 36% de esos profesores están aún en nivel básico e insatisfactorio, mientras apenas 6% se le considera destacado.
