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Lucro en la construcción de ciudad

por 10 septiembre, 2011

Finalmente, en razón de que la Contraloría debería rechazar este el PRMS-100 porque contiene diversas ilegalidades, sería más que prudente que Rodrigo Pérez, ministro de Vivienda, con consulta al presidente Piñera, asuma la responsabilidad de dar un golpe de timón dejando en nada esta política expansiva para dar paso, tan pronto la LGUC lo permita, a un futuro proceso democrático de participación ciudadana.
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El jueves 1 de septiembre pasado se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) un seminario en donde se debatió el polémico proyecto de expansión urbana en la región metropolitana, promovido por el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y denominado PRMS-100. Fuimos invitados y con gusto estuvimos allí justo el tiempo que nos permitía nuestra agenda.

Los organizadores de este interesante encuentro fueron las Facultades de Arquitectura de las Universidades de Chile, Católica y Diego Portales y entre sus expositores se encontraban, entre otros, los competentes profesionales Hugo Romero y Humberto Eliash, de la UCH, Ricardo Abuauad y Matías Klotz, de la UDP, Pedro Bannen y José Rosas, de la UC. Dentro del público divisamos al arquitecto, urbanista y académico de la USACH, Jonás Figueroa, y al secretario general del Colegio de Arquitectos, Julio Alegría.

Finalmente, en razón de que la Contraloría debería rechazar este el PRMS-100 porque  contiene diversas ilegalidades, sería más que prudente que Rodrigo Pérez, ministro de Vivienda, con consulta al presidente Piñera, asuma la responsabilidad de dar un golpe de timón dejando en nada esta política expansiva para dar paso, tan pronto la LGUC lo permita, a un futuro proceso democrático de participación ciudadana.

En todo caso nos llamó la atención que no estuviera como expositor un representante del Colegio de Arquitectos, sobre todo, si esta orden profesional se opuso oportunamente, con sólidos argumentos técnicos y de procedimientos, a este aumento en los límites urbanos de nuestra aporreada megalópolis. Tampoco divisamos como expositores a individuos de la sociedad civil informada, a pesar de que en los últimos años han surgido innumerables organizaciones sociales que han planteado fundadamente sus reparos al “orden” establecido por la clase política.

Había gran cantidad de gente y el encuentro se llamó “Dudas y respuestas sobre el futuro de Santiago” dividido en 3 paneles, a saber:

Santiago más integrado (Vivienda Social)

Santiago más conectado (Transporte)

Santiago más verde (Medioambiente)

cuyos títulos así denominados, decididos por los organizadores, indican que la expansión urbana propende a lo que en ellos se dice, lo que es una soberana falacia.

Cada una de estas secciones contaba con moderadores, quienes eran avezados periodistas y en la relativa al transporte intervino con singular desenvoltura y simpatía el ministro Pedro Pablo Errázuriz, quien se declaró sin ambigüedades como un desconocedor de esta política pública que abandona los lineamientos originales del instrumento urbanístico intercomunal (PRMS) vigente desde 1994. Los técnicos que elaboraron esta regulación decían que, por las condiciones topográficas y meteorológicas de esta región, “había que crecer hacia adentro”.

Los intervinientes en el seminario tenían conocimiento pleno que esta modificación a las reglas del juego se aprobó en el Consejo Regional (CORE) Metropolitano el 30 de marzo de 2011, instancia presidida por el intendente Fernando Echeverría, conocido actor inmobiliario que tuvo la habilidad necesaria para que 5 consejeros regionales (3 PPD y 2 DC) cambiaran sus votos. Recordemos que el año pasado este proyecto había sido rechazado, pero como había tanto interés, por parte de aquellos privados que se iban a beneficiar con las consiguientes plusvalías patrimoniales, se forzó una nueva votación.

También se sabía que la resolución administrativa del intendente tenía que contar con la toma de razón de la Contraloría General de la República, ya que sólo si ésta procedía en consecuencia el cambio en la regulación territorial se publicaba en el Diario Oficial y por lo tanto producía sus inmediatos efectos financieros.

Por ello, reiteradamente en los distintos paneles se aludía a esta circunstancia, teniéndose en cuenta que 10.500 hectáreas de interés silvoagropecuario se transformarían en terrenos para construir viviendas de todo tipo, incluyendo un 8% de ellas para los más vulnerables (viviendas sociales). El cambio que crea las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC), figura no contemplada en la Ley ad hoc, también contempla 2.500 hectáreas para áreas verdes, las que después de los 5 años serían mantenidas con fondos públicos entregados graciosamente por el Ministerio de Hacienda, según lo aseveraba Echeverría.

Este simpático y efímero ministro de Energía había enfatizado, mientras ejercía como intendente, que ya había firmado un Protocolo de Acuerdo con Felipe Larraín, titular de ese ministerio, mediante el cual habría conseguido el traspaso de 80 millones de dólares para tal efecto. Después supimos por su eficaz sucesora, que tal Protocolo, aunque estaba redactado, no estaba suscrito por nadie, es decir, no existía.

A la luz de lo expresado por los panelistas y por el público en el transcurso del debate, los ocurrentes periodistas del satírico semanario The Clinic y del canal abierto TVN, Patricio Fernández y Mónica Pérez, respectivamente, manifestaron produciendo sonoras carcajadas lo siguiente : “si había alguien en el seminario que estuviera de acuerdo con el proyecto expansivo”, el primero y que las “expresiones políticamente incorrectas equivalen a decir la verdad”, la segunda.

En todo caso el ministro de Transportes dijo que, si se llegara a certificar en la Contraloría esta expansión horizontal, él iba a esforzarse para que las familias que compraran las nuevas viviendas en esos sectores alejados, tuvieran acceso al Transantiago. Creemos que Errázuriz dijo lo anterior para no quedar mal con su colega Rodrigo Pérez, de Vivienda. Dicho sea de paso, la empresa sanitaria Aguas Andinas tampoco ha entregado factibilidad de agua potable para esas miles de viviendas a construirse, incluso en amplios sectores inundables, como lo ha denunciado Juan Carrasco, alcalde de Quilicura.

Aunque el lector no lo crea, el capítulo 8.3 de la Ordenanza del PRMS dispone que las áreas de valor natural y de interés silvoagropecuario, ambas excluidas al desarrollo urbano, constituyen un patrimonio natural o cultural que debe ser protegido o preservado, lo que era corroborado en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) que entró en vigencia en el año 1998. Hoy en día, después de ciertos acomodaticios cambios, el PPDA actual eliminó toda restricción para facilitar las operaciones especulativas con los usos de suelo.

Corolario: no sólo se lucró ilegalmente, por tantos años, con la explotación comercial de las universidades privadas, ello amparado por la institucionalidad chilena, sino que ahora, con otros artificios, se desea ocasionar mayores daños ambientales a esta ya saturada cuenca, para que algunos influyentes obtengan jugosas ganancias económicas.

En todo caso, somos partidarios de que si el Estado desea cambiar los límites urbanos en las ciudades, con las figuras que sean  -ZODUC, PDUC, ZUC u otras- lo primero que corresponde hacer es modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) incorporando en ésta la posibilidad de utilizar terrenos agrícolas en actividades inmobiliarias con las correspondientes compensaciones. Hoy en día estos cambios, que generan importantes lucros, se producen vía meros actos administrativos, lo que es demostrativo del laissez faire imperante.

Finalmente, en razón de que la Contraloría debería rechazar este el PRMS-100 porque  contiene diversas ilegalidades, sería más que prudente que Rodrigo Pérez, ministro de Vivienda, con consulta al presidente Piñera, asuma la responsabilidad de dar un golpe de timón dejando en nada esta política expansiva para dar paso, tan pronto la LGUC lo permita, a un futuro proceso democrático de participación ciudadana en donde se analice, con la intervención activa de los académicos expertos, los pro y contra de continuar expandiendo la ciudad.

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