Es indispensable intervenir el ciclo educativo con actividades propedéuticas en dos o tres momentos posteriores al 7° básico, momento donde las desigualdades comienzan a ser infames. El diseño de esta forma de intervención puede variar, pero debe garantizar cubrir diagnósticos locales y capacidad de reacción sobre ellos.
El movimiento estudiantil supuso la explicitación de un conjunto de divergencias entre los distintos sectores sociales y políticos, a tal punto, que hubo quienes tuvieron que disentir con su propio pasado. Aún cuando el conflicto educacional ha sido la expresión más visible de un sistema completo que ha fracasado, ni siquiera los consensos de fondo en educación se han alcanzado, si acaso son logrables.
El debate sustantivo –en la educación y sobre el sistema en su conjunto- tomará todavía un poco de tiempo, otro poco de filosofía y otro poco de empiria. Pero no obstante todo lo abierto que pueda estar el horizonte en la educación, hay algo en lo que sí hay consenso hoy en día: nadie duda que el actual sistema ha sido injusto, nadie duda -incluso los que defienden el crédito como herramienta de financiamiento de la educación- que los métodos de endeudamiento fueron lesivos para los estudiantes y sus familias, que la desigualdad educativa ha sido una catástrofe generando un determinismo social y una encastización reproducida desde el propio sistema educativo. Nadie duda, en definitiva, que hoy existen millones de chilenos que han sido perjudicados por el sistema educativo y financiero a la vez.
[cita]Es indispensable intervenir el ciclo educativo con actividades propedéuticas en dos o tres momentos posteriores al 7° básico, momento donde las desigualdades comienzan a ser infames. El diseño de esta forma de intervención puede variar, pero debe garantizar cubrir diagnósticos locales y capacidad de reacción sobre ellos.[/cita]
En este sentido, las herramientas y modos creados en los últimos años para resolver los problemas de la educación, han terminado siendo peores que la enfermedad. El mejor ejemplo ha sido el Crédito con Aval del Estado, en el que el año 2009 el Estado gastó más dinero avalando dicho crédito que si hubiese becado a todos los alumnos beneficiados con él. Ese es el nivel de absurdo, de irracionalidad, de mal diseño, en el que nos embarcaron como país.
El consenso es claro: esos errores no sólo son vergonzosos, sino que además no queda espacio para repetirlos.
Detrás de este diagnóstico laten las soluciones y las voluntades de transitar por un camino que implique una mínima orientación a la reparación del daño cometido. El gobierno lo sabe. Es por eso que definió un 2% como el interés tope al que puede estar afecto un crédito educacional, es por eso que instaló sobre la mesa US$ 4 mil millones a la busca del tiempo perdido.
Pues bien, es tiempo de recuperar el tiempo. Es momento de hacer carne la reparación de los errores cometidos. Todos los chilenos que han pagado hasta ahora más de esa tasa de interés deben recibir de parte del Estado un cheque que les devuelva ese sobreprecio cancelado. No sólo sería el mejor aguinaldo de septiembre, sino que sería el más justo y merecido.
Todos los chilenos que enfocados en la ensoñación celestial de la educación y sus fantasías de un mundo nuevo y que fueron empujados al infierno de la desregulación, deben recibir su compensación.
La subvención escolar, también ella, debe ser modificada de inmediato. Una voluntad de reparación significa decir que se está dispuesto a poner el doble de lo actual.
Finalmente, mostrar una orientación a la compensación involucra introducirse en la educación misma. Es indispensable intervenir el ciclo educativo con actividades propedéuticas en dos o tres momentos posteriores al 7° básico, momento donde las desigualdades comienzan a ser infames. El diseño de esta forma de intervención puede variar, pero debe garantizar cubrir diagnósticos locales y capacidad de reacción sobre ellos.
La reparación es el primer gran consenso al que podemos aferrarnos. La gran discusión conceptual se ha abierto y enhorabuena es así. Pero eso no puede implicar la postergación de la mínima justicia. Es esa la convicción que permitirá vincular el criterio de responsabilidad y una ética pública saludable.
