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Isapres: ¿Es posible -y deseable- mantener el modelo?

por 21 septiembre, 2011

Los estudios muestran que resulta factible introducir en Chile una reforma al sistema privado de salud que permita sustentar y mantener vigentes a las instituciones de salud previsional de forma armónica con los principios y derechos que la Constitución garantiza a todas las personas.
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El modelo del igualitarismo sanitario, defendido en la mayoría de los países de la OCDE, propugna la existencia de un derecho universal a disponer de una asistencia sanitaria básica en condiciones de igualdad, esto es, el Estado debe hacerse cargo de procurar la existencia de un sistema sanitario que, independientemente de su forma de financiamiento, pueda garantizar un mínimo de cuidado sanitario a todas las personas, sin discriminación. Por ello, parece inevitable la reforma definitiva de la derogada (pero aún ¿vigente?) legislación de ISAPRES que discriminan a quienes, en razón de su sexo o edad, resultan más riesgosos.

Las experiencias de países como Reino Unido, Canadá o los países bajos se convierten en una fuente invaluable de análisis en la búsqueda de la construcción y propuesta de un modelo de adjudicación sanitaria que, adaptado a la situación chilena, haga compatibles las demandas de equidad y eficiencia propias de toda sociedad democrática.

Los estudios muestran que resulta factible introducir en Chile una reforma al sistema privado de salud que permita sustentar y mantener vigentes a las instituciones de salud previsional de forma armónica con los principios y derechos que la Constitución garantiza a todas las personas.

Si bien las sociedades europeas difieren entre sí en muchos aspectos, existe un consenso social predominante que incorpora los siguientes elementos clave: 1) La salud como un bien social: la mayoría de los servicios de salud curativos y preventivos de atención se entienden, ante todo, como bienes sociales que no solo generan beneficios a las personas sino que también a la sociedad, pues permiten niveles de vida más altos y una mayor cohesión social, 2) Solidaridad: aunque la financiación y entrega del servicio varía considerablemente de un país a otro, los sistemas financiados con impuestos generales y basados en seguros sociales, se sustentan en el principio secular de solidaridad.

La expresión práctica de la solidaridad en los sistemas europeos occidentales implica cinco tipos de “subvenciones cruzadas”: Desde los sanos a los enfermos, de los hombres a las mujeres, desde los pudientes a los menos acomodados, desde los jóvenes a los viejos y de los individuos a las familias.

En los Países Bajos, por ejemplo, se mantiene un sistema sanitario legal basado en seguros que se financia a través de aportaciones a la seguridad social. Con arreglo a la ley, los seguros sanitarios son obligatorios. Tanto el Estado como los empleadores financian un “fondo de compensación de riesgos” que garantiza que las compañías aseguradoras no sufran por la selección adversa y puedan competir en términos igualitarios. De este modo, se dispone que toda aseguradora debe ofrecer un “paquete básico” que cumpla con la legislación, la que las obliga a ofrecer seguros sanitarios legales que cubran como mínimo el mismo paquete básico, aceptando a todos los candidatos y sin que puedan cobrar a nadie por su riesgo de padecer enfermedades.

¿Significa esto que las compañías de seguros sanitarios privadas que funcionan en casi todos los países desarrollados no son rentables? Evidentemente no. Los estudios muestran que resulta factible, desde el punto de vista económico y político, introducir en Chile una reforma al sistema privado de salud que permita sustentar y mantener vigentes a las instituciones de salud previsional de forma armónica con los principios y derechos que la Constitución garantiza a todas las personas por igual. Cualquier reforma al sistema privado de salud en Chile debiera partir del reconocimiento de la necesidad de incorporar una nueva comprensión del derecho a cuidado sanitario (en la línea de la ultima jurisprudencia del Tribunal Constitucional) y en la posibilidad cierta –vigente en los países de la OCDE- de sostener sistemas privados de salud que, manteniendo niveles razonables de utilidades, no discriminen a las personas.

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