Chile tiene por delante el desafío, al cual algunos políticos han dado una fecha límite (el año 2018), de convertirse en un país desarrollado, Para ello, argumentan, debemos alcanzar un PIB per cápita de algo más de 20.000 dólares, el de países como Portugal. Nadie dice cómo, ni entrega una fórmula realista. Pareciera que la gran respuesta está dada por un improbable crecimiento constante de un 6% anual de la economía durante los próximos años.
¿Podemos lograr dicho crecimiento sólo exportando más materias primas sin mayor valor agregado? Dicha premisa, además de incierta, es insuficiente y acarrearía costos ambientales de los que poco se habla.
Parte de la solución al problema del desarrollo viene de la mano de la Ciencia y la Tecnología. Aquí no hay que engañarse: no hay desarrollo sin ciencia e innovación, así como no hay país desarrollado en el mundo (o si los hay, son muy pocos y que se han aprovechado de circunstancias excepcionales, como la disponibilidad de un recursos esencial para el resto del planeta) que haya alcanzado dicho estatus de desarrollo con los estándares de inversión en ciencia, número de investigadores e institucionalidad científica como los de nuestro país. Y, lamentablemente, estamos cada día retrocediendo más en este terreno.
En general, el mundo político demuestra una comprensión equivocada de la relevancia de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de Chile, y esto queda manifiesto en la falta de una institucionalidad pública para las ciencias adecuada y moderna, a la par de países no sólo desarrollados, sino incluso a la par de nuestros vecinos, y en la falta de políticas de Estado, que por definición deben ser de largo plazo y no “atajos”, parafraseando un concepto esgrimido por Conicyt recientemente.
Aquí es donde se confunden las cosas. Chile quiere avanzar a tropezones, articulando programas y políticas de corto alcance (con excesivo énfasis en el último tiempo en las “ciencias aplicadas”, desconociendo la enorme importancia de las ciencias mal denominadas “básicas”) y delineadas con suerte por agencias cuyo objetivo no debiese ser la formulación de políticas de estado en Ciencia, sino la ejecución de éstas; intentando incrementar el denominado “Capital Humano Avanzado” (que se refiere en términos generales al conjunto de investigadores, científicos y personal asociado) sin políticas claras para fomentar la profesión científica ni para mejorar las escuálidas condiciones e incentivos para dicha actividad, y sin promover una difusión del rol de las ciencias como eje del desarrollo social, cultural y económico del país, dejando esa labor a la comunidad científica.
La iniciativa “Más Ciencia para Chile” (de la cual formo parte) ha intentado poner este tema en la agenda pública desde hace unos meses, señalando cuatro ejes en los que Chile debe mejorar en materia científica: una nueva (y mejor) institucionalidad pública para las ciencias en Chile, más financiamiento, fortalecer la formación de capital humano avanzado y promover la difusión científica nacional. En cada uno de estos ejes existen desafíos, errores y oportunidades que no están siendo aprovechadas.
Respecto a la institucionalidad científica, está claro que Chile necesita un organismo de rango Ministerial para la formulación e implementación de políticas de Estado en materia de I+D (investigación y desarrollo), asesorar a la Presidencia en materias relacionadas a la ciencia, y para fiscalizar el funcionamiento apropiado de las agencias ejecutoras. Más del 50% de los países del mundo cuentan con un Ministerio de estas características (usualmente como Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en menor medida como Ministerio de Educación Superior y Ciencia), incluyendo a los dos tercios de los países OCDE, a más de 20 de los casi 40 países con mayor índice de desarrollo humano muy alto según el PNUD, y a países vecinos como Argentina y Brasil, Venezuela, y a Perú, que trabaja en la creación de dicho Ministerio bajo la administración de Ollanta Humala.
Si en los años 60 sólo un país poseía un Ministerio de Ciencia y Tecnología, esa cifra llegaba a casi 70 países en los años noventa, y a más de 90 países en la actualidad, demostrando que ha sido una tendencia en aumento.
A esto se suma la necesidad, expresada por algunos destacados científicos nacionales, de crear un nuevo Consejo Nacional asesor en materias científicas. Dicho Consejo debiese ser de carácter interministerial, presidido por un Ministro de Ciencia, y asesorando a todas las carteras que requieran del aporte de parte de la comunidad científica, como los de Educación, Economía, Medio Ambiente, Energía, etc. Si bien en muchos países existe sólo un Consejo Nacional de Ciencias (sin un Ministerio), en algunos de esos países el Consejo está presidido, efectivamente, por un Ministro de Ciencia (que opera dentro del Ministerio de Educación o Economía), por lo que a nivel político de todas maneras existe una figura de rango Ministerial para la Ciencia.
Respecto a los otros ejes de la iniciativa, de largo aliento para ser tratados de manera completa en esta columna, vale mencionar sólo un hecho respecto al financiamiento de la investigación científica. El actual Gobierno planea aumentar la inversión en I+D de 0,4% a 0,8% de aquí al 2014, aún muy por debajo del 2% promedio en países OCDE, agrupación a la cual Chile pertenece. Visto desde esta perspectiva, parece una medida relativamente elogiable: Chile duplicará su inversión en ciencia. Sin embargo, si lo vemos como inversión en I+D per cápita, el panorama es bastante menos alentador. Chile invierte cinco veces menos en I+D per cápita que Portugal, país al cual quiere igualar en términos de ingreso de aquí al 2018. Y respecto a otros países OCDE, especialmente europeos, Chile invierte hasta quince veces menos en I+D per cápita.
Estamos realmente muy, pero muy lejos, y difícilmente dicho aumento puede interpretarse como que Chile hará “el doble de ciencia”, si se consideran los proyectos ya en ejecución. ¿Qué podemos decir de la situación del Capital Humano Avanzado? Por ejemplo, tenemos casi 5 veces menos investigadores que el promedio OCDE, y a nuestros estudiantes de postgrado nacional, que muchas veces renuncian a un mejor futuro laboral en otro rubro o área, ni siquiera se les reajusta anualmente sus becas de postgrado de acuerdo al IPC.
Detrás de esta discusión está, por supuesto, la idea de país que tenemos de Desarrollo. Ésta no puede limitarse únicamente a la idea de “ingreso per cápita”; eso sería insuficiente, inmaduro e incluso ideológico. El desarrollo debe incluir, necesariamente, conceptos como la igualdad social, la descentralización, la sustentabilidad, ejes que dependen en gran medida del desarrollo de las ciencias más “básicas” (como las ciencias sociales o parte de las ciencias naturales) y por el diseño de políticas para promover la actividad científica y tecnológica en regiones.
En estos días en que tanto se habla de la caída de Chile en el ranking de Competitividad, esta discusión respecto a la importancia de la ciencia en Chile cobra aún mayor relevancia: si no reformulamos nuestra actual institucionalidad científica, arriesgamos a seguir cayendo en términos de competitividad, frente a países que han entendido que el desarrollo depende de un fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica y de la institucionalidad respectiva.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
