En Chile y a diferencia de la experiencia internacional, la superación de los antiguos problemas sociales ha pasado por agravar dramáticamente los nuevos, en lugar de concatenar la solución de ambos.
Durante el recién pasado 27 de septiembre, el Congreso ofició al Presidente el proyecto aprobado sobre el nuevo Ministerio de Desarrollo Social. El mismo día fue elegido también por el gobierno para anunciar su propuesta de Ingreso Ético Familiar. Se introducen así nuevos subsidios condicionados focalizados en las 170 mil familias más vulnerables, lo que visto a la rápida podría considerarse sólo buenas noticias en el combate contra la pobreza.
Sin embargo, una mirada más profunda nos muestra la dramática debilidad estructural de las propuestas, tanto del Ingreso Ético Familiar como de la institucionalidad que lo sostendría.
Vale la pena recordar que el concepto de “salario ético” fue introducido por Monseñor Goic en agosto de 2007 luego de mediar en el conflicto entre CODELCO y los trabajadores subcontratistas. En aquella oportunidad señaló “el sueldo mínimo debería ser transformado en un sueldo ético», y precisó que “por lo menos todos los que puedan, no paguen el sueldo mínimo legal, sino que por lo menos 250 mil pesos. Eso sería un primer paso».
[cita]En Chile y a diferencia de la experiencia internacional, la superación de los antiguos problemas sociales ha pasado por agravar dramáticamente los nuevos, en lugar de concatenar la solución de ambos.[/cita]
La mirada valórica de Monseñor Goic tiene un claro correlato en la literatura moderna del sector, orientado por el enfoque de derechos y las políticas sociales promocionales y garantistas. Se entiende que las personas tienen derecho a un piso o estándar básico de vida que debe ser fijado, actualizado progresivamente y garantizado en función del nivel de desarrollo que alcance la sociedad respectiva. La palabra clave aquí es problemas sociales relativos y ya no más absolutos. Relativos entre personas y entre grupos de personas.
Parafraseando al inglés Daniel Dorling para el caso chileno, podríamos aventurar las características de nuestro tránsito desde lo que él llama las antiguas y las nuevas injusticias. Chile se mueve desde los antiguos problemas sociales (hambre, frío, pobreza absoluta) hacia los nuevos (exclusión, inequidad, pobreza relativa). Pero a diferencia del mundo desarrollado, Chile ha usado su “chilean way”: un Estado de tamaño equivalente a la mitad de los estados europeos (o equivalente a los de Europa de hace un siglo, previo a la primera guerra mundial), y con una desigualdad que dobla los niveles de la mayoría de los países desarrollados cuando tenían nuestro actual ingreso per cápita. Es decir, la transición chilena desde los antiguos males sociales (absolutos) a los nuevos (relativos) es más bien secuencial y no paulatina ni articulada, como sería la forma orgánica y razonable. Dicho de otra manera, en Chile y a diferencia de la experiencia internacional, la superación de los antiguos problemas sociales ha pasado por agravar dramáticamente los nuevos, en lugar de concatenar la solución de ambos.
Lo peor de todo, sin embargo, es que lejos de comenzar a salir del agujero, el gobierno parece seguir cavando: sus políticas son transferencias monetarias exiguas a un núcleo muy reducido de personas, con una institucionalidad basada sólo en superar pobreza monetaria y absoluta.
El proyecto de Ley original que crea el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, hacía énfasis sólo en la pobreza y la gestión o evaluación de los programas sociales. El foco en la “equidad” y la inclusión de dicho vocablo en el primer inciso del texto legal final fueron logrados sólo mediante la intervención de la oposición.
El proyecto de Ingreso Ético Familiar chileno, por otro lado, parece el pariente pobre y lejano de iniciativas como el Programa “Oportunidades” mexicano y el ya famoso “Bolsa Familia” del ex Presidente Lula. En Brasil la cobertura del programa es de más del 20% de la población, con financiamiento cercano al 0,5% del PIB y con un Ministerio de Desarrollo Social robusto (creado ad-hoc a “Bolsa Familia”) centrado en la inclusión social. Por el contrario, este Ingreso Ético Familiar del gobierno cubre al 3% de los chilenos y representa una inversión del orden del 0,05% del PIB nacional, es decir, la décima parte de la inversión de los brasileños. Si bien contempla una adecuada alineación de incentivos, la propuesta margina el enfoque de derechos, posee un componente promocional limitado y omite aspectos como el necesario apoyo psicosocial que el Chile Solidario ya había avanzado.
El Presidente Piñera, en lo que pareció un oasis de claridad política durante el último aniversario de “La Segunda”, había acusado recibo de la demanda por “más equidad” que los jóvenes y la gente ha levantado en las calles. Pero el camino que permite acercarnos a ese objetivo constituye un verdadero misterio de desarrollo social. Piñera, aunque quisiera, no puede proponer y materializar un plan de acción para enfrentar esta necesidad nacional, pues se encuentra anclado por el conservadurismo y fanatismo ideológico de poderosos sectores de la Alianza.
Pero no se preocupe tanto, Presidente, “arriba los corazones” que una alternativa progresista se construye al calor del histórico movimiento social actual y también, aunque menos visible, en la política nacional. Para ser justos con usted, no podíamos tampoco pedirle las peras de la equidad a un olmo por décadas enceguecido con el mero crecimiento económico.
