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Representación política y conflicto estudiantil

por 11 octubre 2011

Resultaría incompatible con la idea de representación un tipo de gobierno que, de manera permanente y continuada en el tiempo, frustrara los deseos del pueblo.

La teoría de la representación, a mí juicio, deja en evidencia importantes falencias de nuestro sistema institucional, que tensionan la legitimidad de la autoridades políticas frente discursos que conciten aceptación ciudadana y que ponga en cuestión el modelo constitucional.

Así, la doctrina identifica dos tipos de representación que pueden asumir un sistema institucional: formal o por responsabilidad. El primero de estos tipos entrega amplia discrecionalidad al representante, mientras que el segundo, el por responsabilidad, supone que el representado cuente con mecanismos de control frente a la autoridad que elige (revocación del mandato o  voto programático).

La Constitución de 1980, dentro de estas dos modalidades, adopta claramente un criterio formal, donde el representado tiene escasa incidencia en las decisiones de sus representantes. El sistema funciona bien, en la medida que la ciudadanía considere que las decisiones son resueltas adecuadamente por los órganos representativos y si esto no ocurre, son escasos los instrumentos que desde la institucionalidad se puedan utilizar para revertir conflictos.

No obstante, la teoría de la representación identifica otras formas de representación que operan  paralelamente a los tipos formales o por responsabilidad. Estos se expresan en el debate deliberativo y pueden, eventualmente, relacionarse en condiciones de igualdad e incluso confrontarse con las nociones normativas de la representación.

Resultaría incompatible con la idea de representación un tipo de gobierno que, de manera permanente y continuada en el tiempo, frustrara los deseos del pueblo.

Es así como opera la representación denominada descriptiva, que surge de la simple identificación ciudadana con una propuesta discursiva generada en el debate público. Un buen ejemplo de este tipo de representación lo encontramos en el movimiento estudiantil que actualmente se está desarrollando en Chile.

En mi opinión, en este caso, el modelo de representación descriptiva operaría en dos niveles. En el primero se encuentran los estudiantes, donde podemos apreciar mecanismos de contacto directo entre los dirigentes y sus representados a través de actividades periódicas (asambleas estudiantiles y manifestaciones callejeras), que evidencian una relación inmediata y habitual entre los actores. De igual manera, también es posible distinguir una representación descriptiva en  otros sectores de la opinión pública. Aquí se encuentran los colegios profesionales (particularmente el de profesores), los sindicatos y los apoderados en general, que ven en el movimiento estudiantil un discurso nuevo y alternativo, respecto del que hasta ahora ha sostenido los partidos con presencia en el Congreso.

Pese al fuerte vinculo que puede generar la representación descriptiva, ésta se agota rápidamente. En la práctica ningún representante puede actuar siempre como si estuviera en el lugar de sus representados, ya que esto significaría la anulación de su individualidad. Así surge otra manera de representación llamada simbólica, que se diferencia de la descriptiva porque un símbolo no busca ser fiel imagen de lo representado. Lo que prima, y precisamente le da valor a éste tipo de representación, es el potencial  de suplencia emocional. A nuestro juicio, algo de representación simbólica ha logrado generar la Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, que apela a la defensa de demandas que escapan en ocasiones a las reivindicaciones universitarias y se vincula a la imagen de los líderes latinoamericanos de izquierda. Así, el sitio web del diario británico The Guardian llegó a señalar, en referencia a esta dirigente, que: “desde los días del zapatista Subcomandante Marcos que no se ha visto a Latinoamérica tan encantada por un líder revolucionario”.

Dentro de nuestra experiencia política es posible encontrar casos muy interesantes en los que confluye la legitimidad formalista con la simbólica y otro tipo denominada de expertos. En efecto,  la ex Presidenta Michelle Bachelet detentaba su cargo entremezclando su nueva función presidencial con la imagen de víctima de la dictadura, militante socialista, médico, madre, mujer separada y agnóstica. Asimismo, encontramos ejemplos en que los que converge la  legitimidad formalista con la del experto. Es el caso de la  “nueva forma de gobernar” del Presidente Piñera, que en sus inicios se caracterizó por el alto número de empresarios e ingenieros comerciales, con posgrado en el extranjero, que fueron designados como Ministros o Subsecretarios, alcanzando su punto más alto de popularidad con el rescate de los mineros atrapados en una mina ubicada en la Región de Atacama en septiembre del 2010.

Es importante señalar que las diferentes formas de representación también pueden entrar en conflicto. En el Chile del 2011 surgen claros ejemplos vinculados con el debate que se ha generado en educación, donde se confronta una representación formalista de las autoridades públicas con la generada por el movimiento estudiantil que apela a fórmulas de representación descriptiva y simbólica como hemos señalado anteriormente.

Aquí el conflicto entre distintas formas de representación asume una dimensión dramática, ya que se expresa en la disminución sistemática y explosiva de la aprobación a la gestión del Presidente Piñera. La cual ha llegado a niveles históricos de descrédito, inéditos en la política chilena: un apoyo al gobierno de sólo 22% y consecuente rechazo de un 66% (según la encuesta del mes de agosto de 2001 del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, en adelante CERC).

La crisis está claramente vinculada con el modelo de representación extremamente formalista de la Constitución de 1980, ya que el juicio público permea el desempeño de los partidos políticos, instituciones que tradicionalmente construyen su representación mediante elecciones, que sólo cuentan con la aprobación de un 9% según la cita encuesta CERC. Esto se puede constatar también en la valoración que asume la alternativa de la consulta directa (llamado por la referida encuesta plebiscito educacional, con un 71 % de apoyo como fórmula adecuada para resolver el conflicto). Esto supone, lógicamente, que la ciudadanía considera que los representantes electos no contarían con la confianza ciudadana para efectuar los cambios que se suponen necesarios en la educación chilena.

El deterioro en la percepción de representación formalista va de la mano con el aumento en los otros tipos de representación (descriptiva y simbólica) que hemos identificado en el movimiento estudiantil. Así según la antes referida encuesta CERC, un 89% de los chilenos, apoya las demandas de los estudiantes, desplazando otros temas vistos  como prioritario por los chilenos (delincuencia, temas económicos, entre otros).

La consecuencia de esto queda en evidencia: la socavación sistemática de la legitimación que sustenta la representación de autoridades políticas. No deja de llamar la atención, que en la referida encuesta CERC identifique un fuerte cambio, durante las manifestaciones estudiantiles, a favor de una reforma Constitucional, aumentando del 48% que había en julio del 2009 al 75% (agosto del 2011 cuando se hace esta última encuesta). Ver Huneeus Carlos: “El 22% de Piñera: un tsunami político, Elmostrador.cl, 30 de septiembre de 2011.

Los potenciales efectos negativos que puede generar un modelo sustentado en una representación formalista son anticipados por Hanna Fenichel Pitkin en su trabajo denominado El concepto de representación”. Estudios Políticos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985. Aquí esta autora propone avanzar en un nuevo concepto de representación política:

“(...) representación significa aquí actuar en interés de los representados, de una manera sensible ante ellos. El representante debe actuar independientemente; su acción debe significar discreción y discernimiento; debe ser él  quién actúe. El representado debe ser también (se le concibe como) capaz de acción y de juicio independiente, y no comportarse como necesitado de cuidado” (pág. 233)

Como vemos, Pitkin valora la acción autónoma del representante en la medida que no entre en conflicto con la voluntad expresa manifestada permanente por su comunidad y sin contar con sólidos argumentos que justifiquen su conducta. Desde este punto de vista, según la autora, sólo podrían establecerse límites externos a una idea sustantiva de representación. Éstos dependerían de la idea de representación que recoja cada sistema institucional, de acuerdo a  la naturaleza de los intereses, a la capacidad de representantes y electores, entre múltiples factores. La posibilidad de contar con deliberación de cierto nivel y de procesos electorales que se ajusten a la ley, resulta clave para que pueda darse esta relación dinámica entre autoridad y elector.

En este sentido, la posibilidad de contar con instituciones que permitan resolver conflictos suscitados por representantes y la voluntad claramente manifestada de la ciudadanía, se transformaría en una herramienta clave para cualquier democracia representativa. No sería suficiente la acción dedicada de los gobernantes por actuar a favor del pueblo. El supuesto de que la ciudadanía “actúa a través” de sus representantes, parte de la idea de considerar una voluntad mayoritaria claramente manifestada en el tiempo. El gobierno representativo requiere instituciones lo suficientemente eficaces para lograr captar la voluntad ciudadana. Esta última no requeriría ser expresa, ni formulada para ser anticipada por la institucionalidad, pero si llegaran a manifestarse sus deseos deberían ser cumplidos o, al menos, existir buenas razones para que ocurra lo contrario. Resultaría incompatible con la idea de representación un tipo de gobierno que, de manera permanente y continuada en el tiempo, frustrara los deseos del pueblo.

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