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A propósito de la desmunicipalización

por 16 octubre 2011

No parece razonable “desmunicipalizar” los colegios y liceos municipales de aquellas comunas que han hecho bien su trabajo y obtienen buenos resultados educativos. Sus alumnos sacan buenos puntajes SIMCE y presentan altas tasas de inserción laboral o de inserción en la educación superior. Estos buenos resultados obedecen a varios factores, entre los cuales se incluyen la inyección de recursos comunales adicionales a los recursos aportados por el MINEDUC y por sobre todo, una buena capacidad de gestión.

Resulta sensata la propuesta del Ministro Felipe Bulnes para lo que se ha llamado la “desmunicipalización” del sistema escolar, en la que se plantea “sustituir la educación municipal por organismos públicos, descentralizados, con participación de representantes de la comunidad y del Ministerio de Educación y cuyos máximos directivos serán elegidos a través del Sistema de Alta Dirección Pública”.

Sin embargo, para que este proceso resulte en una educación con más calidad y equidad, que entendemos es, en el fondo, una de las demandas centrales de los estudiantes movilizados, es necesario tener en cuenta algunos aspectos.

En primer lugar, no parece razonable “desmunicipalizar” los colegios y liceos municipales de aquellas comunas que han hecho bien su trabajo y obtienen buenos resultados educativos. Sus alumnos sacan buenos puntajes SIMCE y presentan altas tasas de inserción laboral o de inserción en la educación superior.

No parece razonable “desmunicipalizar” los colegios y liceos municipales de aquellas comunas que han hecho bien su trabajo y obtienen buenos resultados educativos. Sus alumnos sacan buenos puntajes SIMCE y presentan altas tasas de inserción laboral o de inserción en la educación superior.

Estos buenos resultados obedecen a varios factores, entre los cuales se incluyen la inyección de recursos comunales adicionales a los recursos aportados por el MINEDUC y por sobre todo, una buena capacidad de gestión. Por el contrario, las mayores deficiencias y resultados educativos más bajos se producen en general en municipios más pequeños en los que resulta difícil constituir equipos de gestión con las competencias necesarias y en los que el financiamiento por alumno impone rigideces mayores por la escasa cantidad de estudiantes que atienden. Estos son los que se beneficiarían posiblemente de una administración como la que propone el Gobierno.

En segundo lugar, más importante que definir cuáles colegios pasarían a ser gestionados bajo la nueva figura que se propone, debería ser el definir cuál va a ser la regulación para la nueva institucionalidad. Si al transferir la gestión municipal a las nuevas figuras institucionales propuestas se transfiere también el Estatuto Docente, se traslada con certeza su sentencia de muerte.

En efecto, el Estatuto Docente impone restricciones a la gestión que terminan por estrangular las finanzas y por empobrecer la calidad de la oferta. El ED ha sido uno de los factores más relevantes en la desigual competencia que ha llevado a la pérdida de estudiantes en los establecimientos municipales.

Además de limitar la posibilidad de gestionar compensaciones adicionales para los profesores más competentes, de restringir la posibilidad de contratar a los mejores y desvincular a los que no son efectivos, el ED representa una verdadera camisa de fuerza que ha concentrado en los establecimientos municipales no a los mejores profesores sino a los con más tiempo de permanencia en el sistema escolar, que son a la vez los que están más cansados y más reacios a la innovación y la mejora. Las modificaciones al ED que introdujo la recientemente aprobada Ley 20.501 no representan un margen de maniobra suficiente para asegurar una planta docente efectiva y ajustada a las necesidades del establecimiento y de los estudiantes.

Así, la desmunicipalización debiera acompañarse de una regulación que permita una gestión ágil y efectiva de la oferta de educación pública. Tal vez sea esta la oportunidad de discutir una nueva Ley de Carrera Docente que recoja los requerimientos de una gestión efectiva de la educación pública y que pueda responder de mejor manera a las demandas por calidad y equidad que plantean los estudiantes en sus petitorios.

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