Cuando le planteé, tímidamente, a un alumno partidario de la toma de su Facultad, que no tenía derecho a impedir asistir a clases a los alumnos que no estaban de acuerdo con la toma, me respondió «es que es la mejor manera de presionar». Yo creía que Platón había demostrado concluyentemente que el fin no justifica los medios, pero no puedo culpar a ese alumno de ignorarlo, si hasta él se da cuenta de que la educación que ha recibido no es muy buena. Cuando insistí diciendo que si la educación es un derecho no se puede impedir que haya clases para los que quieren recibirlas, respondió que la asamblea estudiantil, que era soberana, había decidido la toma, y había que respetar la decisión. ¡Qué obediencia a la autoridad! Por supuesto que no tenía idea quién le había otorgado a la asamblea estudiantil el poder de decidir esas cosas. Me pareció que una asamblea que se otorga a sí misma plenos poderes sobre otros está entre lo ridículo y lo totalitario.
Esa conversación me dejó pensando sobre la cuestión de la legitimidad del poder, incluido el poder democrático. ¿Quién puede darle poder a una mayoría para privar a la minoría de algo que se considera un derecho? La participación universal en la política se basa en la igualdad entre los seres humanos. Si todas las personas somos fundamentalmente iguales, entonces todas tenemos el mismo derecho a participar en el gobierno. Por el contrario, si hay personas que son, por la razón que sea, inherentemente superiores a otras, a aquellas les correspondería gobernar y a las demás obedecer.
Asumiendo que todas las personas son iguales y capaces de participar en el gobierno, un sistema que nace de manera casi natural es el de la decisión por mayoría de votos, ya no todos pueden ejercer el poder directa y simultáneamente. Pero es aquí donde una democracia puede demoler su propia base: si empieza a tratar a la minoría como objetos sin derechos (ya sea como medios de presión, de obtención de ventajas, etc.) y no como seres humanos iguales a la mayoría, se queda sin fundamento. Ya no es el gobierno del pueblo o el gobierno de iguales por sus iguales, entendiendo que todo el pueblo tiene derecho a participar en el gobierno, sino en el gobierno del más fuerte. El que la fuerza esté dada por números es sólo una circunstancia. Ahora, si se da esa situación, la minoría a la que no se le han respetado sus derechos podría llegar a comportarse de igual manera e imponerse mediante algún otro tipo de fuerza. Se ha socavado el fundamento de la democracia aunque el que gobierna por la fuerza use mecanismos en apariencia democráticos.
Intentar hacer de la voz de la mayoría la ley suprema, sin respetar ningún derecho pre-existente, es abrir una caja de Pandora que eventualmente acabará con la democracia en la que se apoya esta noción. Por eso es preocupante que idealistas estudiantes nieguen a otros sus derechos a estudiar o a trabajar, sólo porque una mayoría (bastante relativa por lo demás) lo decreta permisible, sin cuestionarse el derecho o la legitimidad del poder que ejercen.
(*) Texto publicado en El Sur, de Concepción.
