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Comisión investigadora de La Polar: todos salen mal parados

por 21 octubre 2011

Comisión investigadora de La Polar: todos salen mal parados
La gran lección que podemos sacar de dicho escándalo, es que nuestro sistema de supervisión financiera es sumamente frágil, poco confiable y técnicamente obsoleto y que, por tanto, nada asegura que hoy en día no estén ocurriendo o puedan ocurrir nuevos hechos como los de La Polar, lo cual sin duda, es de la mayor gravedad.

Nuestro país tiene un sistema de supervisión financiera y de protección al consumidor “débil, insuficiente y poco confiable”. Así lo concluyó -por 12 votos a favor y uno en contra- la comisión investigadora del “caso La Polar”, instancia que por más de dos meses trabajó indagando las causas y responsabilidades detrás de este escándalo.

De acuerdo al informe emitido por esta instancia parlamentaria -y donde asumí la responsabilidad de presidir la investigación-, en el caso La Polar fallaron “todos los actores de nuestra actual cadena de supervisión financiera, al menos desde el año 2006 y que comprende: los directores, las auditoras externas, las clasificadoras de riesgo, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros…”, además del Sernac, el Banco Central de Chile, la Comisión Clasificadora de Riesgos y las Administradoras de Fondos de Pensiones.

En otras palabras, la gran lección que podemos sacar de dicho escándalo, es que nuestro sistema de supervisión financiera es sumamente frágil, poco confiable y técnicamente obsoleto y que, por tanto, nada asegura que hoy en día no estén ocurriendo o puedan ocurrir nuevos hechos como los de La Polar, lo cual sin duda, es de la mayor gravedad.

En lo que respecta a las empresas de auditoría externa, la Comisión estimó que la Empresa de Auditoría PriceWaterhouseCoopers fue responsable por la “negligencia y la falta de cuidado en el desempeño de su labor de auditoría”, lo cual es de la mayor gravedad, toda vez que la información que estas empresas de auditoría proporcionan al sistema son la base de toda la supervisión posterior que los organismos públicos pueden realizar.

En tal sentido, nuestra comisión investigadora determinó que existen responsabilidades en toda la cadena de supervisión financiera.

En el caso de los Ejecutivos y Directores de Empresas La Polar S.A., determinó que son los principales responsables del escándalo -que afectó a más de un millón de consumidores- y que muchos de ellos son, además, responsables directos de la comisión de delitos.

En lo que respecta a las empresas de auditoría externa, la Comisión estimó que la Empresa de Auditoría PriceWaterhouseCoopers fue responsable por la “negligencia y la falta de cuidado en el desempeño de su labor de auditoría”, lo cual es de la mayor gravedad, toda vez que la información que estas empresas de auditoría proporcionan al sistema son la base de toda la supervisión posterior que los organismos públicos pueden realizar.

Igual grado de negligencia estableció la Comisión en la labor realizada por las empresas clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Chile y por la Comisión Clasificadora de Riesgos, por no haber sido diligentes en evaluar los bonos emitidos por La Polar, y en cuya razón, las AFP pudieron invertir los fondos de todos los chilenos, en una empresa que la sola información pública disponible la hacía sumamente sospechosa de malas prácticas.

Así también, la Comisión estimó que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) tenía responsabilidad “por la negligencia en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, al menos desde el año 2006”, y que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) también había sido negligente “en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y la falta de cuidado en el desempeño de su labor, al menos desde el año 2006”.

En cuanto a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los parlamentarios que integramos dicha instancia fiscalizadora estimamos que éstas fueron responsables por los nombramientos en la Comisión Clasificadora de Riesgos del DL 3.500, y por los directores que nombran en empresas La Polar S.A., quienes debieron haber advertido del fraude que se estaba consumando en la empresa.

En el caso de la Superintendencia de Pensiones se consideró, por parte de la Comisión, que esta no ha sido eficaz para prevenir y enfrentar eventuales comportamientos fraudulentos de los gestores de los instrumentos en los cuales pueden invertir las AFP.

En referencia al Sernac, si bien la Comisión reconoció que no es función de este servicio el detectar fraudes financieros, sí se le asignó una responsabilidad en cuanto a que al menos desde el año 2006 tenía antecedentes suficientes como para haber destapado con anterioridad el escándalo de La Polar. Es más, a juicio de la Comisión, el Sernac no habría actuado con la anticipación suficiente mediante un proceso de mediación o interposición de una demanda colectiva por los casos sobre los cuales tuvo conocimiento.

Por último, el informe de la Comisión Investigadora también señala responsabilidades por parte del Banco Central de Chile, por “no precaver la falencia en la regulación de las tarjetas de crédito no bancarias, dado el surgimiento de un verdadero mercado financiero en la sombra”, por parte de las empresas del retail.

Como se puede apreciar, tenemos un desafío gigantesco para evitar que situaciones como La Polar no vuelvan a ocurrir, cosa que hoy en día, nuestra institucionalidad de supervisión financiera es incapaz de asegurar.

En este sentido, la Comisión hizo una serie de sugerencias para realizar cambios en la institucionalidad vigente, pues para nosotros es inaceptable que el sistema actual permita que alguna empresa sienta la libertad de “llegar y llevar” en perjuicio de los consumidores.

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