La certeza de la muerte de Gaddafi no implica que termine la guerra. A partir de este momento, la lucha ha cambiado de eje. El pueblo Libio ya fue convocado a elecciones presidenciales y parlamentarias en un plazo de 20 meses. En este período deberán librar una férrea batalla por alcanzar su soberanía y democracia independiente de la influencia de las potencias “amigas”.
Mientras, este jueves 20 de octubre, irrumpe en la prensa internacional la noticia que avala la muerte de Muammar Gadafi, poco se reflexiona sobre la actual justicia de derechos humanos y el futuro de la Primavera Árabe. Con la muerte del dictador, Libia aún tiene un largo camino que recorrer: la conquista de su propia soberanía y el fin de un sistema autárquico que nunca fue una verdadera revolución social. Del mismo modo, hoy, el desafío político de la Corte Penal Internacional y de la ONU es redefinir su rol en Medio Oriente. En un mundo en crisis resulta vergonzante la forma en que los países amigos de Libia han querido repartir su tesoro, pero es mucho más deleznable la exhibición de las imágenes del ex gobernante mal herido y agonizante. Aquella es la práctica de un modelo de conducción de las relaciones internacionales que debe erradicarse. Nada más contrario a los derechos humanos que la aclamación triunfalista y apasionada de las fotografías de los cadáveres, por ejemplo, del Che Guevara — a quien emulara públicamente en su juventud— o del ejecutado Sadam Hussein de Irak.
Libia, cuya historia de colonia y trofeo de oriente data del imperio griego, es un caso paradigmático por varias razones. En lo político, porque fue el gobierno más extenso de la zona. Durante casi 42 años Muammar Gadafi, fue el dueño de la nación más rica de África y el mejor amigo de Europa en el último decenio. Recordemos que proclamó a su gobierno el de la juventud y la revolución socialista del Sahara, pero con los años mutó hacia una autocracia maquillada de tercera vía con el mismo Anthony Giddens como asesor de gobierno. En lo económico, logró consolidar su industria petrolera de la mano de capitales europeos y bajo las tesis de la London School Economics. Tanto que después de 8 meses de quebranto provocado por una guerra civil sostenida por la soft intervention de la OTAN, existe un “grupo de naciones amigas para la reconstrucción de Libia”. Esta conferencia liderada por Francia, Inglaterra y Qatar, desarrolla a sus anchas una nouvelle diplomacia. Es decir, una diplomacia paralela a la ONU como en los mejores tiempos de Lawrence de Arabia. Lo que más las motiva: apoyar al Consejo Nacional de Transición Libio en la reinversión de sus casi 50 mil millones de dólares congelados al comienzo de la guerra en febrero.
[cita]Durante casi 42 años Muammar Gadafi, fue el dueño de la nación más rica de África y el mejor amigo de Europa en el último decenio. Recordemos que proclamó a su gobierno el de la juventud y la revolución socialista del Sahara, pero con los años mutó hacia una autocracia maquillada de tercera vía con el mismo Anthony Giddens como asesor de gobierno.[/cita]
En materia de justicia penal internacional también es un modelo. Fue con las resoluciones n°1970 y n°1973 del Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de este año que se invocó por primera vez la “responsabilidad internacional de proteger”. Es ésta la institución que justifica la intervención de la OTAN y otorga competencia universal a la Corte Penal Internacional para perseguir crímenes en el Estado libio. Esto es importante, porque existiendo las mismas razones de derecho que en Siria, Baréin o Túnez, las soluciones han sido arbitrariamente diversas por parte de la ONU. En este sentido, fue polémica la admisión del Consejo Nacional de Transición libio como parte de su Asamblea General, mientras Palestina lleva décadas pidiendo lo mismo. Tan errática ha sido la conducción de este organismo que sólo una vez que los amigos de Libia y el Banco Mundial se pronunciaron sobre la suerte del erario público, se dictó una nueva resolución. Esta es la n° 2.009 —del 16 de septiembre— que sin dar por terminada la guerra, estableció una misión humanitaria de apoyo en Libia (UNSMIL) por un período de tres meses. Además, ordenó el desbloqueo de los preciados 50 mil millones de dólares que debían ser restituidos al nuevo gobierno. Esto significó que entraron en operaciones la Libyan National Oil Corporation, el Banco Central de Libia y la Dirección General de Inversiones, entre otros.
En dicho escenario, la certeza de la muerte de Gadafi no implica que termine la guerra. A partir de este momento, la lucha ha cambiado de eje. El pueblo Libio ya fue convocado a elecciones presidenciales y parlamentarias en un plazo de 20 meses. En este período deberán librar una férrea batalla por alcanzar su soberanía y democracia independiente de la influencia de las potencias “amigas”. Si la comunidad internacional acepta que se impongan modelos foráneos de parlamentarismo o democracias liberales, deberá cargar entonces con la responsabilidad de apoyar el debilitamiento de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional tendrá la oportunidad histórica de aplicar la justicia que el pueblo libio merece respecto de gadafistas, rebeldes y soldados de la OTAN.
Finalmente, la comunidad internacional, más allá de la diplomacia oficial, deberá estar atenta. La Primavera Árabe no puede desaparecer de la historia como una revuelta más. La población libia no puede ser un experimento de políticas públicas, intervención diplomática y reparto de sus tesoros por los países en crisis de balanza de pagos. La razón: un atentado contra los derechos humanos afecta a todo el mundo, la restricción a la libertad política y económica de un ciudadano libio es también un delito flagrante que no puede sustentar el poder de otro Estado. Esa es la mirada del derecho universal de derechos humanos.
