Es una buena noticia, un paso adelante y una señal positiva. Luciano Cruz-Coke lo adelantó hace algunos meses y ahora ya sabemos que —punto a favor del ministro— el anuncio era algo más que buenas intenciones. A través del portal Mercado Público, el CNCA está licitando un estudio sobre el impacto que tiene el IVA en la industria editorial local. Es primera vez que un organismo de gobierno persigue levantar datos sobre este asunto, de modo de despejar dudas y mitos y entregar insumos para el análisis. Y es que justamente una de las dificultades para poner este tema en la agenda pública, y discutir en serio, ha sido la falta de información rigurosa.
Estudiar el impacto del IVA en la industria del libro es coherente con el ánimo de la gestión de Cruz-Coke de poner énfasis en la cultura como sector productivo y diseñar políticas que favorezcan el consumo y el acceso de los bienes culturales a través del mercado.
Como es esperable, las premisas del estudio están ya contenidas en las bases técnicas de la licitación. La primera es la que recién comentaba: la carencia casi absoluta de estudios y cifras regulares sobre el libro chileno. En nuestro país malamente sabemos cuántos títulos se editan al año; no tenemos idea de cuántos se importan y exportan ni cuál es el volumen de negocio de la industria. Incluso los datos sobre compras públicas de libros están en un terreno más bien opaco. La segunda premisa es que las cifras son justamente un insumo básico para el diseño de políticas públicas.
El estudio persigue un objetivo fundamental: analizar el impacto que tendría una rebaja o eliminación del IVA en el consumo de libros. Pero también se trata de lograr objetivos específicos que son relevantes, como estudiar los modelos de fijación de precios, el papel del precio en la elasticidad de la demanda (el quid del asunto), analizar los efectos de las políticas tributarias que han implementado otros países y adelantar el debate de la aplicación del IVA a los libros electrónicos. Tan importante como lograr esos objetivos será también el volumen de información que se recoja y que debiera quedar disponible para quien quiera consultarla.
Si la licitación no se declara desierta, tendremos resultados en unos cinco o seis meses. Con los datos sobre la mesa, el CNCA debiera tomar una posición sobre la materia. Y ahí podría comenzar otra historia. O no.
