Los jueces de izquierda (que son la mayoría) han reaccionado críticamente ante la observación del Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en el sentido de que el Ejecutivo tendrá en cuenta su forma de aplicar las leyes para resolver sobre los ascensos judiciales.
Pues ese predicamento gubernativo está consagrado por los precedentes institucionales chilenos como de exclusivo uso de la izquierda.
¿Cómo creen ustedes que se ha consagrado el predominio de la actual justicia de izquierda en el país? Justamente porque los gobiernos de la Concertación se preocuparon sistemáticamente de presionar y vedar los ascensos a jueces que no fueran de su línea.
Pregúntenles ustedes a las personas interiorizadas en el Poder Judicial por qué la ministra Raquel Campsano no accedió a la Corte Suprema. Tenía méritos sobrados para ello. Estaba incluida en las quinas. Era mujer, cosa que la propia Concertación consideraba un atributo sobresaliente. Pero aplicaba las leyes con rigor, y eso nunca ha sido del agrado de los DC, socialistas y comunistas. Estos exigen que la ley se aplique de una manera que favorezca a la izquierda.
Los gobernantes pueden presionar todo lo que quieran a los jueces, siempre que aquéllos sean de izquierda.
El caso del Presidente Aylwin, citado en carta de hoy a «El Mercurio» por el abogado Rodrigo Cooper, lo puso en evidencia: mandó una carta inconstitucional, en 1991, a la Corte Suprema, presionándola e instruyéndola acerca de cómo se debía aplicar la Ley de Amnistía (entre paréntesis, en la misma carta reconoció la «plena vigencia» de esa ley). Aylwin sostenía que no se debía sobreseer inmediatamente los juicios, como lo ordena el código, sino que debía amnistiarse en la sentencia. Claro, después los jueces de izquierda simplemente «se subieron por el chorro» de la presión de Aylwin y dejaron del todo de aplicar la amnistía.
Si en Chile hubiera existido un real Estado de Derecho, ese Presidente debería haber sido acusado constitucionalmente por dicha intromisión, que le está vedada por el artículo 73 de la Constitución, la cual, entonces, «infringió abiertamente» (causal de acusación constitucional). Pero la derecha estaba agónica (lo sigue estando) y él gobernaba con la izquierda. Luego, podía presionar a los jueces y pasar por sobre la Constitución impunemente.
Posteriormente la izquierda y la DC fueron más allá y discurrieron acusar constitucionalmente a un ministro de la Corte Suprema, y lo destituyeron, sin otra razón real que la de éste haber aplicado la misma ya citada Ley de Amnistía. Por favor, no me pregunten qué senadores de RN de ese tiempo se aliaron con la izquierda para destituir a Hernán Cereceda. En serio, prefiero que no me lo pregunten.
El hecho es que pasar por sobre la Constitución y presionar a los jueces es, en Chile, una prerrogativa exclusiva de la izquierda, establecida por la costumbre. ¿Cómo se le puede ocurrir a un gobierno de otro signo hacer lo mismo?
En este momento, por lo demás, ya la izquierda no tiene siquiera necesidad de hacer uso de esa prerrogativa, porque la mayoría de los jueces se ha alineado con ella. He citado al Director de la Asociación Nacional de Magistrados, Patricio Souza, quien ha explicado por qué no dejan detenido a casi ninguno de los mil 700 arrestados por la policía por desórdenes, destrozos y atentados incendiarios y terroristas: «El derecho penal no está para solucionar los problemas de índole social».
Es decir, usted puede cometer cualquier delito si alega tener un problema «de índole social». Obviamente, sólo son tales los planteados por la izquierda.
Si alguien creía que la revolución comunista, violenta y prolongada, que está teniendo lugar entre nosotros, iba a encontrar atajo en la legalidad; y que sólo faltaba que el Gobierno hiciera real uso de sus atribuciones para restablecer el orden, estaba equivocado: la justicia de izquierda ampara la revolución y, además, acusa de presión indebida a cualquier esfuerzo del Gobierno que pretenda inducirla a hacer respetar la ley.
