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Editorial

Las instituciones y el bloqueo político

por 27 octubre 2011

Las instituciones y el bloqueo político
Si después de seis meses un conflicto en vez de resolverse se encarniza, crece y amenaza a otros sectores e instituciones, como ocurre con el conflicto estudiantil, hay que pensar que el sistema está bloqueado o al menos va camino de estarlo. Y ahí, el test de la competencia de la elite responsable de encontrar una solución verdaderamente institucional cobra vigencia. El fracaso le puede provocar un daño irreparable al país.

El debate político nacional de los últimos días se centró en el conflicto estudiantil y la toma del Senado con el ministro de Educación Felipe Bulnes adentro, el que fue interpelado de manera violenta  por los manifestantes por la Ley de Presupuesto.

Ello, a todas luces anómalo y repudiable en relación a las formas democráticas,  ha derivado una tensión política entre gobierno y oposición, que gira solo en torno a la conducta y declaraciones del Presidente del Senado, Guido Girardi, quien podría  terminar censurado, destituido o renunciado a su cargo.

Poco se ha hablado de instituciones y eficiencia del Estado. Tal vez solo como un desliz doctrinario en medio de  grandilocuentes declaraciones de lado y lado. Prácticamente  nada sobre el valor real de los bienes políticos y simbólicos que se ven lesionados y su impacto sobre la solidez de las instituciones de la República y la calidad de la vida democrática del país.

La imagen de fuerzas especiales de Carabineros rodeando el Congreso, ampliamente difundidas por medios internacionales, le hacen tanto o más daño que no haberla hecho, y llevan la impronta de una crisis de gobernabilidad que no existe en la realidad, pero que pareciera existir por la estridencia con que actúan los actores políticos.

En la forma, nadie se explica la incompetencia –del Senado y del gobierno- de insistir en la rutina de la Comisión sabiendo que había manifestantes dentro del  edificio. Chile es un país de desconfianzas y de política instrumental por lo que cunde la sospecha que ambas partes –Gobierno y Presidencia del Senado- evaluaron como positivo el riesgo de un escenario violento.

Luego han venido las explicaciones e interpretaciones oficiales.

El presidente del Senado enfático declaró que no aceptó ni aceptará jamás el ingreso de fuerzas especiales de Carabineros para desalojar ciudadanos, aunque anteriormente sí lo hizo. El gobierno dijo que se ha ultrajado a un representante del gobierno y faltado a los deberes constitucionales pero pidió fuerzas especiales para hacer un desalojo. Es decir, máximo daño de imagen. Todo ello con intervención y presión del ministro del Interior y no de Cristian Larroulet que lleva las relaciones con el Parlamento. El gobierno insiste en la gravedad institucional de los hechos y el ministro Bulnes, funcionario administrativo de confianza presidencial califica al senador Girardi de “no estar a la altura de su cargo” y dice que la institucionalidad está amenazada, pese a que este último es elegido democráticamente, representa a otro poder del Estado y es el segundo rango de la República. Declaraciones demasiado fuertes y extemporáneas en un escenario de responsabilidades públicas, que se supone fueron dichas con anuencia de la Presidencia.

Los aliados del senador Girardi le condicionan su apoyo. Dos carabineros, de motu proprio aunque pertenecen a una fuerza militarizada y normada con mando jerárquico, demandaron a dos parlamentarios porque en el desalojo de la Cámara de Diputados habrían sido maltratados de palabra y obra por ellos.

Resulta difícil imaginar un escenario más  truculento que este,  pues en su desarrollo ha rozado incluso la justicia militar y resulta muy difícil creer que los actores están defendiendo exclusivamente instituciones y no en un juego de la política que busca auditorios favorables.

La percepción de respeto de la institucionalidad que tienen gobierno y oposición parece ser diametralmente opuesta. Como parece serlo también el sentido común acerca de cómo funcionan y se relacionan los poderes del Estado en una sociedad democrática moderna. A juzgar por la liviandad con que se someten los problemas políticos al escrutinio judicial o la aplicación de la fuerza policial antimotines, la majestad de las instituciones es apenas un juego de lenguaje para todos.

La ambigua declaración de voluntad, hecha por el presidente del Senado sobre las garantías debidas a los invitados al Congreso, es tan lamentable como la declaración oficial del ministro del Interior sobre el uso de la fuerza policial o los dichos del ministro Bulnes para referirse a otro poder del Estado. Queda la impresión que para el gobierno, si se hubiera autorizado el desalojo tal como lo pedía, se habría salvado la integridad de la República.

La imagen de fuerzas especiales de Carabineros rodeando el Congreso, ampliamente difundidas por medios internacionales, le hacen tanto o más daño que no haberla hecho, y llevan la impronta de una crisis de gobernabilidad que no existe en la realidad, pero que pareciera existir por la estridencia con que actúan los actores políticos.

Tal clima de destemplanza y excitación política, efectivamente produce un deterioro de las instituciones porque deconstruirlas cuesta muy poco, y a veces  resulta un daño colateral de ambientes densos y propensos a la agresión verbal y la violencia.  Más aún si los adversarios se plantean como enemigos, sin ningún tipo de autocontrol, y reponen en la política nacional una doctrina sobre el uso de la fuerza en la vida cotidiana, gritos o policías, que muchos ciudadanos pensaban desterrada de las prácticas políticas del país.

En un ambiente  de esa naturaleza, pueden pasar desapercibidos para la opinión pública hechos tan relevantes como la decisión gubernamental de someter a los jueces de garantía al escrutinio de una unidad administrativa del Ministerio del Interior, como ha anunciado en estos días el gobierno. Tal hecho, duramente cuestionado por el Poder Judicial, alude inevitablemente al fracaso gubernamental del llamado “caso bombas” y a la contratación de un ex fiscal del caso como asesor de ese ministerio. Generar la hipótesis de que este mismo funcionario pudiera encabezar acciones de análisis e inteligencia sobre los tribunales ante los que fracasó, suena extremadamente fuerte.

De ahí la necesidad de volver al diálogo y a poner de manera efectiva el énfasis en las instituciones.

Si después de seis meses un conflicto en vez de resolverse se encarniza, crece y amenaza a otros sectores e instituciones, como ocurre con el conflicto estudiantil, hay que pensar que el sistema está bloqueado o al menos va camino de estarlo. Y ahí, el test de la competencia de la elite responsable de encontrar una solución verdaderamente institucional cobra vigencia. El fracaso le puede provocar un daño irreparable al país.

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