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Bombazos y ciudadanos de segunda clase

por 4 noviembre 2011

Bombazos y ciudadanos de segunda clase
Ese día de mayo se dio el aviso de bomba en la oficina de Registro Civil. Díaz Vargas personalmente desalojó el recinto. En esos momentos, Jessica Tobar, que venía a pedir hora para casarse, inadvertida de la situación ingresa por otra puerta, lo que hace que este reingrese al edificio para advertirle lo que ocurría. En ese instante la bomba explotó. Jessica Tobar perdió la vida y Díaz quedó gravemente herido e inválido, tras su recuperación.

El 14 de mayo de 1985 una bomba explotó en el edificio del Registro Civil de la Municipalidad de Conchalí provocando la muerte de dos personas y dejando a una tercera gravemente herida. Investigaciones posteriores demostraron  que el hecho fue provocado por agentes de la Central Nacional de Informaciones CNI. Es posiblemente el único atentado terrorista con víctimas, algunas de las cuales nunca fueron indemnizadas por el Estado, demostrando que para la política chilena las bombas son un argumento ideológico y no un impacto real sobre las personas.

Al menos la historia de Emilio Bernardo Díaz Vargas, un modesto funcionario del Registro Civil que quedó inválido en ese atentado, así parece demostrarlo. Luego de más de 20 años de un penoso deambular  por oficinas públicas, cuatro en dictadura y el resto en plena democracia, se siente un ciudadano de segunda clase.

Las autoridades de la época ofrecieron medidas reparatorias que nunca se concretaron. Las autoridades concertacionistas  evadieron el hecho con supuestas imposibilidades administrativas. La famosa vivienda del Registro Civil resultó una de tipo social básica de 24 metros cuadrados y sin terminaciones en la población Angelmó de San Bernardo, entregada como subsidio habitacional, y que lo ancló de por vida a una vivienda miserable.

Para todos los efectos legales, él nunca fue una víctima de la violencia política y jamás lo asimilaron a las reparaciones que las diversas comisiones acordaron para las víctimas de la dictadura. En estricto rigor, las autoridades concertacionistas consideraron que no aplicaba a los criterios de reparación.

Nunca fue militante de un partido político de oposición a la dictadura, ni tampoco buscó un amparo fraudulento de algún parlamentario, que le hubiese podido servir, dado todo lo que hoy se investiga y el país conoce. Simplemente era un empleado de un servicio civil del Estado, victima de una bomba puesta en su lugar de trabajo. Casi como un mueble dañado.

Tampoco entró en la categoría de las víctimas del marxismo, porque su daño fue provocado por agentes del propio Estado, camuflados de extremistas. Menos aún fue indemnizado por ese Estado, pese a que es el responsable directo y final del acto criminal de sus agentes.

A nadie le ha importado la calidad fraudulenta y dolosa de estos para crear caos y  provocar daños para luego atribuirlos a los opositores de la dictadura o a la subversión armada.  Tampoco la calidad moral del Estado frente a sus súbditos, calificable en virtud de lo actuado por sus funcionarios en contra de ciudadanos indeterminados. Los vectores éticos de Chile parecen haberse agotado con el criterio de “en la medida de lo posible”, en vez de persistir en lo “justo, legal y legítimo”.

Ese día de mayo se dio el aviso de bomba en la oficina de Registro Civil. Díaz Vargas personalmente desalojó el recinto. En esos momentos, Jessica Tobar, que venía a pedir hora para casarse, inadvertida de la situación ingresa por otra puerta, lo que hace que  este reingrese al edificio para advertirle lo que ocurría. En ese instante la bomba explotó. Jessica Tobar perdió la vida y Díaz quedó gravemente herido e inválido, tras su recuperación.

Sin embargo el fraude estatal contra él es total, y no termina solo en el atentado.  Dada la gravedad de sus heridas le ingresan a la UCI del Hospital José Joaquín Aguirre en calidad de indigente y sin profesión, pese a conocer su identidad.  Se entera del por qué a los 15 días, cuando aún con todas sus heridas abiertas el hospital trata de darle de alta  pues necesitaban la cama. Se comunica con el Registro Civil de Conchalí el que envía a la visitadora social del servicio quien le explica que lo habían ingresado así para que el Servicio no pagara. A cambio, le dijo, “te regalaremos una casa como indemnización”, pues se daba la circunstancia de que también era damnificado del terremoto de marzo de ese mismo año.

Pese a una serie de intervenciones quirúrgicas que incluyeron hasta un injerto al estómago, finalmente fue prácticamente desalojado del hospital. Después  de 20 años su cuerpo todavía expulsa esquirlas de la bomba.

Con 40 años de edad  y 17 de carrera como funcionario del Registro Civil, donde  al momento de ocurrir el atentado se desempeñaba como oficial civil adjunto de la Oficina de Conchalí, quedó prácticamente en la calle.

Jubilado por incapacidad física recibió una magra pensión y aparecieron las penurias económicas y la difícil supervivencia de la familia.  Su ingreso como indigente al hospital implicó mala atención, escasez de medicamentos, procedimientos sin anestesia y, finalmente, vejaciones y humillaciones. Es que nadie pagaba y no es económicamente sustentable dar buena atención de salud a un indigente.

El daño fue total. Las autoridades de la época ofrecieron medidas reparatorias que nunca se concretaron. Las autoridades concertacionistas  evadieron el hecho con supuestas imposibilidades administrativas. La famosa vivienda del Registro Civil resultó una de tipo social básica de 24 metros cuadrados y sin terminaciones en la población Angelmó de San Bernardo, entregada como subsidio habitacional, y que lo ancló de por vida a una vivienda miserable.

Hoy, mientras Emilio Díaz Vargas, empleado jubilado, clase media, dos hijos hoy ya grandes, con la educación que a duras penas lograron alcanzar, sigue esperando justicia e igualdad ciudadana para su caso, nuevamente las autoridades y la oposición política se dan un festín con la necesidad de orden público, la eficiencia policial y la mano dura.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter,  declaró que va a enfrentar a “quienes ponen bombas pese al bullying de la izquierda”. Y agregó que se trata de “hechos criminales” producto de “un movimiento suficientemente violento y de izquierda, dispuesto a que se mueran chilenos”. Y denunció el doble estándar que dominaría el espectro político opositor  al que llamó “los típicos fácticos de la izquierda del mundo del periodismo, de las leyes, del mundo político, que ponen el grito en el cielo cuando se inicia una investigación judicial porque se coloca una bomba, pero ponen los ojos en el suelo porque miran para abajo cuando se afectan los derechos humanos de millones de otros compatriotas que pueden ser dañados o heridos”.

Las fuertes palabras del ministro del Interior vis a vis la historia de Emilio Díaz Vargas demuestran el carácter instrumental que un asunto tan grave tiene en la preocupación de los políticos chilenos. De izquierdas y derechas, solo discursos. Cero aprendizaje, cero reparación.

La historia inmediata de Chile es un buen ejemplo de cómo las cosas se olvidan y se hacen discursos ideológicos, sin gente y fuera de los hechos reales, pese a que la sociedad entera está auscultando con severidad y desconfianza el accionar de los políticos.

En estos temas no solo hay que prevenir el actuar de extremistas izquierdistas, sino también no olvidar que el Estado se hizo criminal en Chile y atentó contra sus propios ciudadanos. Como dice el ministro Hinzpeter, hay que llamar las cosas por su nombre.

El ciudadano de a pie, aquel que por casualidad pasaba por el lugar donde explotó una bomba, el que trabajaba allí, el que tiene un pariente, un hijo, un padre, que unos locos o desquiciados transforman en víctimas eventuales, o sea, la inmensa mayoría de los chilenos, merecen respeto y protección real, no discursos. En lo posible con memoria y sin ideologías, que es la fuente que está alimentando la actual desconfianza de los ciudadanos en la política.

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