Tal cual está formulado el proyecto no fomenta la transparencia (ni de los padrones ni del gasto electoral). Tampoco promueve la igualdad en las condiciones de competencia producto de los problemas con el gasto electoral y publicidad. Finalmente, tampoco ayudará a fortalecer los partidos, al no tocar los mecanismos de democracia al interior de las tiendas políticas.
Muy pocos podrían dudar que el establecimiento de un mecanismo de selección de candidaturas transparente ayuda a la democracia. El gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de primarias para su discusión de suma urgencia. Pero, tal cual está formulado, podría generar efectos muy negativos para la representación, igualdad de competencia y transparencia de los procesos electorales. El Congreso deberá introducir importantes cambios a ese proyecto dado que, de otro modo, no hará otra cosa que debilitar todavía más nuestras ya cuestionadas instituciones representativas.
La idea del gobierno es la siguiente: se propone establecer un mecanismo de primarias simultáneas, vinculantes y voluntarias. Ellas podrán aplicarse en la selección de candidaturas a presidente, legisladores y alcaldes. El Servicio Electoral sería el encargado de organizar el procedimiento y se realizarían 4 meses antes de las elecciones generales, dejando un espacio temporal previo de 70 días de campaña.
[cita]Tal cual está formulado el proyecto no fomenta la transparencia (ni de los padrones ni del gasto electoral). Tampoco promueve la igualdad en las condiciones de competencia producto de los problemas con el gasto electoral y publicidad. Finalmente, tampoco ayudará a fortalecer los partidos, al no tocar los mecanismos de democracia al interior de las tiendas políticas.[/cita]
¿Cuál es el problema? El primero tiene que ver con su carácter voluntario. La racionalidad de la propuesta es que sea el “mercado” de los votantes el que en definitiva valore en las urnas a los partidos que realicen procesos eleccionarios internos para seleccionar sus candidatos. Por ello el carácter de “voluntarias”. El problema es que en un contexto de fuerte desconfianza hacia los partidos y donde muy pocos quieren identificarse con ellos, el incentivo para realizar primarias se reducirá significativamente. Florecerán “independientes” que bajo un discurso “anti-partidos” intentarán ganar el favor de los electores. Como una democracia consolidada no puede sobrevivir sin partidos, lo que requiere la ley es reforzar el rol de ellos en el proceso democrático, por lo que debiesen ser obligatorias.
El segundo dice relación con quiénes votarán en las primarias. De acuerdo a la propuesta, le corresponderá a los partidos decidir si realizarán primarias abiertas (con toda la ciudadanía) o cerradas (sólo con militantes). La dificultad con la segunda alternativa es que sabemos acerca de la manipulación de los padrones de militantes por parte de las tiendas políticas. Si se dejará en manos de los partidos la decisión de definir el padrón, entonces hay que reformar la ley de partidos políticos de modo de establecer un proceso de inscripción de militantes verdaderamente transparente.
El tercer problema se asocia con el gasto electoral de las primarias. En el proyecto del gobierno se aplica la regulación actual de financiamiento electoral (Ley 19.884) con un tope del 25% de los máximos establecidos en dicha norma. Es decir, se reafirmará la total falta de transparencia en los aportes de privados al existir gastos anónimos y reservados. Pero además, en la actual norma son las empresas—y no las personas naturales—las que tienen los mejores incentivos para realizar donaciones por cuanto se les favorece con rebaja de impuestos.
El cuarto problema es la publicidad de las primarias. En el proyecto del Ejecutivo se excluye explícitamente la posibilidad que las candidaturas o partidos tengan acceso a franja electoral gratuita en televisión. Tampoco se reglamenta el avisaje en otros medios de comunicación como la radio y la prensa escrita. Puesto de otro modo, la visibilidad de los candidatos dependerá casi exclusivamente de la cantidad de recursos que cada candidato/partido tenga para hacer llegar sus mensajes a la ciudadanía en la calle, aumentando la desigualdad.
Tal cual está formulado el proyecto no fomenta la transparencia (ni de los padrones ni del gasto electoral). Tampoco promueve la igualdad en las condiciones de competencia producto de los problemas con el gasto electoral y publicidad. Finalmente, tampoco ayudará a fortalecer los partidos, al no tocar los mecanismos de democracia al interior de las tiendas políticas. Es en definitiva una buena idea que podría terminar en otro desastre.
