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El hedor de lo heredado: los profesores taxi y la desprofesionalización académica

por 8 noviembre 2011

Según los Índices 2011 del Consejo Nacional de Educación, un 62% de los docentes de las universidades chilenas no están amparados por las leyes laborales.

Uno de los epicentros más abstractos e indefinidos del movimiento estudiantil que remece al país está basado en la exigencia de calidad en la educación. Si bien esta idea se baraja entre muchas otras que se vinculan directamente con las diferencias económicas en el acceso a la educación, la calidad es una razón difícil de cuantificar, basándose en el hecho de que su propia definición implica un análisis cualitativo y no cuantitativo de un fenómeno que, en Chile, se ha asumido bajo parámetros estrictamente económicos.

Cuando hablamos de calidad en la educación, nos podemos referir a la infraestructura, la calidad de las construcciones, la solidez institucional o los servicios añadidos al hecho de vincularse a una institución educacional. Pero paralelamente, nos estamos refiriendo a un clima complejo en el cual se construyen los conocimientos específicos e integrales con los que un ciudadano se enfrenta al campo profesional. Tanto los insumos técnicos como la preparación específica, dependen de una serie de cadenas de relación en las que un alumno participa de una u otra manera, conociendo o desconociendo sus orígenes y mecanismos.

Según los Índices 2011 del Consejo Nacional de Educación, un 62% de los docentes de las universidades chilenas no están amparados por las leyes laborales.

Si bien se ha puesto mucha atención a la relación entre el alumno y la institución, sus métodos de pago y las garantías que el Estado pone a disposición de los estudiantes, se ha desconocido una realidad que afecta a quienes realizan el trabajo de campo entre la institución –por definición abstracta- y el alumno: me refiero al profesor, académico o docente.

En Chile, desde que se instauró el modelo económico neoliberal en la educación superior, se ha generado un clima que, paulatinamente, ha ido desprofesionalizando la carrera académica a niveles insospechados, gracias a una falta de regulación que progresivamente ha ido mermando el vínculo entre docente y universidad. Creado como mecanismo de excepción para poder incluir a destacados profesionales en el ámbito de la enseñanza con el objetivo de generar una inflexión entre el mundo académico y el mundo profesional, el profesor a honorarios se transformó en regla. Según señala Ciper: ¨Si era autónoma [la universidad] podía despedir a los profesores contratados y reemplazarlos por 'profesores taxis' que hacen clases por hora”.

Su paulatino aumento como sistema de contratación barato y sin compromiso, se fue naturalizando al amparo de universidades que priorizaban la baja de sus costos de operación por sobre la inversión en personal de planta, estable, generando una bola de nieve en torno a uno de los fundamentos de la educación de calidad. Según los Índices 2011 del Consejo Nacional de Educación (CNED), en éstos momentos el 62% de los profesores universitarios de Chile, aproximadamente 33 mil personas, se relacionan con sus instituciones mediante contratos civiles sin vínculo laboral, es decir, sin cobertura de salud ni previsión, sin considerar vacaciones ni instancias de investigación, es palabras sencillas, un 62% de los docentes de las universidades chilenas no están amparados por las leyes laborales. Al desglosar dicho porcentaje, vemos que en las universidades privadas los profesores taxi o a honorarios suman un 74%,  mientras que en las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores (CRUCH) suman un 46%, diferencia que nos permite visualizar el punto de vista de unas y otras en relación al tema. Esta desproporción y ausencia de regulación, no sólo atenta contra el desarrollo personal y laboral de quienes realizamos docencia en ésta modalidad, sino que atenta contra las mínimas garantías de calidad en el contexto de sala de clases, laboratorio o taller, ya que los estudiantes son educados por una amplia mayoría de académicos en una absoluta desprotección e inestabilidad laboral. El panorama actual no es nada menos que una reacción inmediata – con aroma a decisión de negocios tomada por burócratas en sus oficinas, rodeados de presentaciones powerpoint y planillas de cálculo – de instituciones educativas orientadas por el lucro en un sistema sin regulación, uno de los tantos reflejos de consecuencias nefastas para la calidad.

Si oficialmente se reconoce un aumento de alumnos en las universidades e institutos profesionales de Chile a partir del endeudamiento con la banca, este incremento no se ve reflejado en la asimilación de la carrera académica como sustrato del crecimiento en el alumnado. Más bien la solución es de tipo parche, aumentando la contratación de servicios de docencia a honorarios, llegando al punto de que un gran número de facultades no posean profesionales de planta que no sean directivos o que no ejerzan funciones administrativas. Desde este punto de vista la contraparte al endeudamiento del alumno en el ámbito de la docencia, es el aumento de la precarización laboral del Académico. Las universidades aumentan su capacidad de impartir carreras y clases a costa de docentes desprotegidos en el ámbito laboral quienes ni siquiera están regidos por las leyes laborales.

En las universidades privadas los profesores taxi o a honorarios suman un 74%,  mientras que en las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores (CRUCH) suman un 46%.

Resulta bastante evidente que un Académico sin protección laboral está sometido a una serie de abusos que atentan contra su dignidad como trabajador, así como contra la calidad de la educación, debido principalmente a la limitación para ejercer una profesión en el ámbito universitario, así como la limitación para desarrollar una carrera académica que implique investigación y extensión, actividades fundamentales para articular una red que vele por la calidad de los conocimientos impartidos en el aula, taller o laboratorio.

Por otra parte, para muchas de las carreras impartidas en nuestras universidades, el objetivo central de su desarrollo es lograr una acreditación. Acreditación que tiene como cara visible, certificar la calidad de la carrera que se imparte, pero que trae como beneficio inmediato a la universidad, la posibilidad de optar a beneficios estatales principalmente económicos, tanto para sus alumnos como para la institución. Uno de los puntos clave en la acreditación de una carrera es la cantidad de docentes con Doctorados y Magíster que imparten clases. Sin embargo, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) no vela por la situación contractual que tiene la institución con sus Académicos, produciéndose la paradoja de que una carrera se acredite con Doctores y Magísteres que se encuentran trabajando a honorarios en la institución acreditada o por acreditar. De cierto modo, la universidad, además de practicar un abuso laboral con el académico, utiliza sus estudios para obtener ganancias que no benefician al Doctor o Magíster en cuestión sino que sólo a la institución, esto debido principalmente a que la acreditación universitaria es más bien una regulación de procesos  no de calidad integral. Es posible preguntarse entonces ¿Cuál es la verdadera validez de la Comisión Nacional de Acreditación como aporte a la calidad de la educación superior? ¿Cuántas carreras universitarias están acreditadas sin tener relaciones contractuales con los docentes que en ella imparten clases?

Un estudio del CEPPE sobre las carreras acreditadas de pedagogía revela que, al menos en este ámbito – y todo indica que en cualquier carrera el resultado debiera ser el mismo – no hay relación concreta entre la calidad de enseñanza y la cantidad de años que la carrera está acreditada. Se puede preguntar entonces ¿qué es lo que se evalúa para acreditar una carrera? ¿Es rol de la CNA velar por la calidad además de los procesos y salud financiera de la institución? Siendo más agudos en relación a la desprofesionalización concertada del académico en la educación superior ¿Es posible seguir sosteniendo esta situación si lo que se busca realmente es mejorar la calidad de la educación?

La situación se complica más si consideramos la reforma previsional aprobada el año 2008 y que conmina a los trabajadores independientes a cotizar en una AFP. Si bien la aplicación de esta reforma es en principio permisiva, dando la opción de no cotizar, está diseñada para que en el 1 de enero del 2015 todas las personas que trabajen de forma independiente estén obligadas a cotizar en previsión, y que a partir del 1 de enero del 2018, las mismas estarán obligadas a cotizar el 7% en salud. En este contexto ¿Qué sucederá con los profesores universitarios y de institutos profesionales que trabajan a honorarios? ¿Quién se hará cargo de costear estas imposiciones? ¿La universidad donde imparte clases? ¿Se le descontará del honorario bruto? ¿Se mantendrá un 62% de Académicos impartiendo clases en Universidades e Institutos Profesionales que verán disminuir sus ingresos líquidos en vista de está nueva ley?

Es en el contexto actual de mejoras de la educación donde el gobierno, como representante del Estado, debe garantizar que los Académicos a Honorarios vuelvan a ser una medida excepcional, y de serlo, lo hagan con mayores garantías laborales y sociales. Porque es inaceptable que en estos momentos la educación superior esté dependiendo de personas que no tienen vínculos laborales con las instituciones donde imparten clases y que nuestras leyes permitan que las instituciones educacionales desprofesionalicen de forma sistemática la carrera académica.

Lo que está en jaque es el modelo organizacional de la enseñanza superior que se quiere definir para la sociedad chilena, además del sistema de regulación del Estado para garantizar que se cumpla dicho modelo. El gradual y exagerado crecimiento de la cantidad de profesores a honorarios, motivado únicamente por el ímpetu del lucro, implica el aniquilamiento progresivo de las actividades de investigación y desarrollo, así como la destrucción completa de una reflexión desvinculada de la lógica del mercado, por lo tanto autónoma, independiente y crítica, que aspire a formar un egresado integral tanto en lo profesional como en lo personal.

Formar un ciudadano activo políticamente y consciente de su rol, sus derechos y deberes en la sociedad, es una misión implícita en la definición de la misma palabra “Universidad”, además de ser clave para el desarrollo de un país en ámbitos tan estratégicos del capital humano como son el técnico, el científico y el vinculado a la generación de conocimientos. Capital humano, que no es otra cosa que un bien común, del cual todos somos beneficiados, y que canalizado en función de las necesidades que en éstos momentos nos atañen, nos permitirá avanzar hacia un desarrollo proporcionado a nuestros requerimientos, tanto en lo social, como en lo cultural y económico.

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