Los casos de violencia intrafamiliar registrados en el último trimestre crecieron tanto como los de robo con fuerza y se inscriben en el tercer lugar de los delitos de mayor ocurrencia.
La reciente presentación de las estadísticas de delitos de mayor connotación social y violencia intrafamiliar correspondientes al tercer trimestre de 2011, proporcionadas por el Ministerio del Interior, ha abierto un debate público sobre la efectividad de las estrategias desarrolladas por el actual Gobierno en uno de sus principales ejes de campaña: la seguridad pública.
El aumento en las denuncias y de los casos policiales han sido objeto de diversos análisis y crónicas periodísticas, con una salvedad: el alza en la violencia de género, particularmente en lo referido a la violencia intrafamiliar (VIF).
El silencio incluye la falta de pronunciamiento del Sernam y su hoy encumbrada ministra, contrastando con el notable efectismo mediático de su costosa campaña al respecto.
La VIF, tema emblemático de la agenda feminista y con amplio respaldo en el movimiento de mujeres, ha sido desde la creación del Servicio uno de sus ejes centrales de acción, siendo el Programa Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar (1992) seguido por la tramitación de la ley N° 19.325, publicada en 1994, hitos emblemáticos en la legitimación y consolidación de la entonces naciente institucionalidad democrática.
[cita] Los casos de violencia intrafamiliar registrados en el último trimestre crecieron tanto como los de robo con fuerza y se inscriben en el tercer lugar de los delitos de mayor ocurrencia.[/cita]
Aún reconociendo las limitaciones en la formulación y alcances de ambas iniciativas, muchas veces señaladas por las organizaciones de mujeres que trabajaron directamente el tema durante los años 80, éstas aparecieron como transgresoras para el sector más tradicional de la población, que recién hacia fines de los 90 se acopló a la comprensión del fenómeno no como un hecho privado a ser resuelto en el seno de las relaciones familiares, sino como un delito merecedor de la atención y la sanción pública.
La primera década del siglo XXI en nuestro país fue testigo de nuevos avances en el tratamiento de la violencia contra la mujer, identificándola no sólo como el quebrantamiento de la ley por parte de un individuo aislado, sino como expresión de la discriminación de género y un descarnado ejercicio de poder de hombres sobre mujeres que presumen como propias o como objetos subordinables a su interés y voluntad.
Esta mirada integradora de la violencia de género, no ya como fenómeno privado y aislable, sino como síntoma de una perturbadora desigualdad, hizo que perdiera legitimidad cultural y fuera incluso considerada por la sociedad chilena como un obstáculo para el desarrollo (Informe de Desarrollo Humano en Chile, PNUD 2009).
La tipificación del delito de femicidio, concretada el primer año de la actual administración fue un hito en esta tendencia.
El cambio de gobierno introdujo, sin embargo, un giro en el abordaje del tema evidenciado en las campañas masivas de Sernam. En ellas el foco vuelve a estar en la relación de pareja, marcando un retroceso en la comprensión del fenómeno al presentarlo como susceptible de ser resuelto en el dominio privado. La apuesta va más allá: la solución podría ser unilateral, estando en manos del propio agresor, dado que el delito se asimila a un “desorden” en su masculinidad (“Maricón es el que le pega a una mujer”), que puede ser superado por la voluntad y decisión de “rehabilitarse”.
La factura de la campaña es impecable. La recordación, fundamental en cualquier estrategia publicitaria, muy alta. El problema son los resultados concretos: los casos de VIF registrados en el último trimestre crecieron tanto como los de robo con fuerza y se inscriben en el tercer lugar de los delitos de mayor ocurrencia.
Convendría entonces evaluar y ajustar la actual estrategia, no marearse con las alturas de las encuestas y retomar de una vez la abandonada agenda de género, dando sustancia y coherencia a la acción del Estado en esta materia para frenar la actual tendencia.
Resulta evidente que un campo abonado por la violencia intrafamiliar es fértil para los femicidios. Lamentablemente, la sola persecución del caso individual y la indignación mediática de la autoridad son claramente insuficientes para frenar su aumento.
