Es necesario establecer un mecanismo de control ciudadano previo a la designación de los ministros, que permita escrutar las capacidades de los candidatos y conocer sus posturas frente a las disyuntivas jurídicas y políticas que presenta el Derecho Constitucional en general y la Constitución en particular.
El Mercurio de Valparaíso ha publicado sendas columnas de los profesores Salas (4 de noviembre) y Ríos (del mismo mes) referentes al Tribunal Constitucional y su posición en el entramado institucional y político, dando muestra no sólo de la importancia del tema, sino de la fuerza y riqueza de la comunidad académica que sostiene a esta Escuela de Derecho. Respecto a lo primero, quisiera hacer algunos comentarios.
Como siempre, las personas nos movemos en una permanente zona de grises, llena de matices y alejada de las pasiones irreflexivas que se aprecia con frecuencia en la actividad política; las opiniones sobre el Tribunal Constitucional, como no podía ser de otra manera, se encuentran en esta zona de lo opinable, donde no nos asiste la verdad, sino sólo diferentes opciones.
[cita]Es necesario establecer un mecanismo de control ciudadano previo a la designación de los ministros, que permita escrutar las capacidades de los candidatos y conocer sus posturas frente a las disyuntivas jurídicas y políticas que presenta el Derecho Constitucional en general y la Constitución en particular.[/cita]
Al respecto, efectivamente comparto que el actual sistema de designación de los ministros del Tribunal debe ser mejorado. El punto a discutir es cómo. Cómo evitar el cuoteo político que se puede dar en los cuatro ministros designados por el Congreso Nacional, pero también cómo evitar el oscurantismo presente en las designaciones que realizan el Presidente de la República y la Corte Suprema. Al menos respecto del Congreso sabemos qué criterios utilizará en la designación de los ministros que le toca (aunque no lo compartamos), pero es casi imposible tener certeza respecto de los criterios que evalúan tanto el jefe del Ejecutivo como la Corte Suprema en su espacio de decisión. Estos nombramientos pueden encontrar sus motivaciones en una serie de factores, que van desde el mayor ‘altruismo constitucional’ hasta el pago de deudas y favores de diversa índole. Asimismo, el actual sistema condena a la sociedad a cierto nivel de ignorancia respecto de los candidatos el que, salvo los círculos más especializados, sólo se supera cuando ya puede ser demasiado tarde: a través de sus sentencias.
Creo que es necesario establecer un mecanismo de control ciudadano previo a la designación de los ministros, que permita escrutar las capacidades de los candidatos y conocer sus posturas frente a las disyuntivas jurídicas y políticas que presenta el Derecho Constitucional en general y la Constitución en particular. Estoy pensando, concretamente, en un sistema de audiencias públicas en el Congreso Nacional donde los candidatos propuestos por los tres poderes del Estado den cuenta de los antecedentes personales (académicos, profesionales y políticos) que lo hacen merecedor de tamaña investidura y se sometan al cuestionamiento más amplio posible por parte de la propia ciudadanía.
Recordemos que el Tribunal Constitucional cumple un papel fundamental en el sistema institucional, pero también en las relaciones políticas entre los poderes del Estado y entre los órganos de representación política. Y así como tiene sentencias a las cuales la sociedad chilena le debe mucho, tiene otras tantas en las que la protección de los derechos fundamentales y de la propia democracia ha salido debilitada (v. gr., métodos de anticoncepción, penalización de la sodomía), donde la igualdad ante la ley ha sido puesta en entredicho a través de argumentos basados en visiones particulares de la moral y del bien.
Dadas las competencias que actualmente tiene el Tribunal Constitucional, su injerencia en la vida privada y en el ejercicio de los derechos fundamentales será cada vez mayor. Como consecuencia de ello, serán cada vez más los ámbitos de la vida diaria de las personas los que serán resueltos previo pronunciamiento de este organismo, determinando el curso político y cultural de la sociedad en su conjunto. En ese escenario, el control preventivo de la ciudadanía sobre quienes podrían ser nombrados en el TC es clave para que luego no nos llevemos sorpresas, por ejemplo, con la designación de ministros que no crean en la democracia constitucional o en el igual ejercicio de los derechos fundamentales.
