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Las universidades (y carreras) que lo estafan a usted

Fernando Muñoz
Por : Fernando Muñoz Doctor en Derecho, Universidad de Yale. Profesor de la Universidad Austral. Editor de http://www.redseca.cl
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Lo más grave de todo es que una gran cantidad de nuestras universidades y carreras, no contentas con no cumplir su parte del pacto social y, en consecuencia, abusar de la sociedad toda, abusan también de sus propios profesores. Contratados a honorarios, obligados a enseñar la cantidad y tipo de cursos que se les ofrezcan sin posibilidad de influir en dicha decisión, privados de la posibilidad de profundizar sus propios conocimientos y de innovar en la enseñanza, los profesores ‘taxi’ sufren.


Asumo que la inmensa mayoría de quienes leerán este artículo no forman parte actualmente de una institución universitaria; es decir, que en este momento ni cursan ni imparten estudios universitarios (dejaré de lado la cuestión más compleja de quienes trabajan como funcionarios en dichas organizaciones). A todos quienes se encuentren en esa situación les digo: existen universidades y carreras universitarias que en este momento lo estafan a usted, en cuanto integrante de la comunidad nacional. Eso, al margen de si lucren o no y de la calidad de la educación que entreguen (aspectos que, sin embargo, están desde luego íntimamente ligados con la estafa de que son culpables). ¿En qué consiste esta gravísima estafa en que incurren carreras y universidades completas? Simple: en no cumplir su parte del contrato social; esto es, en no cultivar el conocimiento.

Vamos por partes. Lo primero es dejar establecido qué importancia tiene este ‘contrato social’ al cual me refiero. Después explicaré qué rol le corresponde dentro de dicho contrato social a las universidades. Ello dejará en claro que aquellas universidades que no cuentan con el plantel académico necesario para cultivar el conocimiento están incumpliendo su parte del contrato y, por lo tanto, se están aprovechando de usted, que sí cumple su parte. Finalmente, me referiré a la situación de explotación en que trabajan muchos de los docentes de las universidades y carreras que nos estafan a usted y a mí.

[cita]Lo más grave de todo es que una gran cantidad de nuestras universidades y carreras, no contentas con no cumplir su parte del pacto social y, en consecuencia, abusar de la sociedad toda, abusan también de sus propios profesores. Contratados a honorarios, obligados a enseñar la cantidad y tipo de cursos que se les ofrezcan sin posibilidad de influir en dicha decisión, privados de la posibilidad de profundizar sus propios conocimientos y de innovar en la enseñanza, los profesores ‘taxi’ sufren.[/cita]

¿Qué es el contrato social? Ya Hobbes lo dejó en claro: es la fuente de todos los derechos existentes en un Estado de Derecho o, como él dice, en una sociedad civil. Allí donde no hay Estado de Derecho (es decir en una situación de guerra civil o, como le llama Hobbes, en un estado de naturaleza) todos tienen derecho a todo y, en consecuencia, nadie tiene derecho a nada. Allí, “la vida del hombre es solitaria, miserable, sucia, horrible y breve”. En una sociedad civil, en cambio, los derechos están establecidos de manera convencional, a través de actos legislativos del soberano; es decir, de leyes, sean éstas llamadas tratados internacionales, constituciones, o simplemente leyes. Ahora bien, ¿qué derechos han de reconocerse o, dicho de forma más clara aún, conviene reconocer en una sociedad civil? La respuesta la dan pensadores que trabajan en la senda de Hobbes. Adam Smith observa que la colaboración entre personas ubicadas en distintas posiciones en la sociedad civil genera bienestar; y Jeremy Bentham afirma que las instituciones sociales deben perseguir el mayor bienestar (él habla de la mayor felicidad) del mayor número posible de integrantes de tal sociedad. Sinteticemos sus planteamientos: en toda sociedad hay una división social del trabajo, la cual entrega distintos beneficios o derechos a cada quien dependiendo del papel que cada quien desempeñe en dicha estructura, beneficios o derechos que tienen por objeto incrementar el bienestar de los demás integrantes de la sociedad. El lector familiarizado con la teoría política contemporánea reconocerá en el pensamiento de John Rawls un reflejo de esta síntesis. Quien conozca nuestras disposiciones constitucionales y legales verá aquí el fundamento filosófico de las diversas limitaciones a derechos constitucionales, tales como la función social de la propiedad.

¿Qué significa esto en materia de las universidades? Las universidades, recordémoslo, no son objetos asimilables al agua o a la fuerza de gravedad. Las universidades son personas jurídicas: son creación de la voluntad del soberano, que en una república democrática, como lo es Chile, somos usted, yo, y todos y cada uno de quienes integramos la comunidad nacional. Y los derechos de que gozan, expresados en su estatuto jurídico particular contenido en el DFL No. 2 de 2010 que refunde la LOCE y la LGE, no les son entregados como una generosa dádiva: les son entregados para que contribuyan desde su particular posición al bienestar social. ¿Y cómo puede contribuir una universidad al bienestar social? La respuesta hunde sus raíces en el origen mismo de la universidad durante la Edad Media: mediante el cultivo del saber. El consenso existente en torno a los fines de la universidad gira en torno al saber: mediante la investigación la universidad crea nuevos conocimientos; mediante la docencia los transmite a las nuevas generaciones; y mediante la difusión los comparte con la comunidad local, nacional, y mundial.

Ahora, ¿qué pasa con una universidad que, por ejemplo, no cuenta con los recursos necesarios para crear conocimiento? Muy simple: que está aprovechándose de la buena fe del soberano, que le ha concedido una figura jurídica con un fin muy específico y el cual no desempeña. Y si recordamos, una vez más, que en una república democrática el soberano somos todos, entonces llegamos a la conclusión de que aquellas universidades y carreras que no cuenten con los recursos necesarios para crear conocimiento se están aprovechando de usted y de mí. Así, cuando hoy se habla de ‘universidades complejas’ para referirse a aquellas universidades que no sólo imparten docencia sino que también hacen investigación y difusión se esconde, mediante un hábil uso del lenguaje, que aquellas que no hacen investigación ni extensión no son universidades: son una estafa.

Desde luego, para poder producir y difundir el saber, una universidad y cada una de sus carreras deben contar con el personal académico adecuado: esto es, con una planta de doctores de jornada completa y dedicación exclusiva. Doctor se le llamaba en la Edad Media, precisamente, a quien contaba con la licencia para enseñar en una universidad. Doctor es, según nuestra legislación, quien “tiene capacidad y conocimientos necesarios para efectuar investigaciones originales”. Sin una masa crítica de doctores, la cual desde luego puede ser complementada con profesionales que posean atributos complementarios como experiencia práctica o un conocimiento acabado del medio profesional, una universidad o carrera no puede afirmar seriamente que esté cumpliendo con su parte del contrato social. Por supuesto, no basta con eso: también es necesario que dicho personal académico cuente con un régimen laboral que le permita desempeñar dichas labores. Eso significa, a lo menos, un régimen de jornada completa, que combine la transmisión de conocimiento a otros mediante la docencia de pre y posgrado y mediante la extensión o vinculación con el medio, con el cultivo del conocimiento mediante la realización de “investigaciones originales”; y un régimen de estabilidad en el empleo que le permita efectuar sus labores académicas en libertad, esto es sin tener que subyugar su actividad al cálculo estratégico de cómo mantener su trabajo. Los dos modelos académicos fundamentales de la modernidad, el alemán y el norteamericano, contemplan estos elementos. En el primero el académico es asimilado a un funcionario público, principalmente debido a que históricamente todas las universidades alemanas han sido estatales; en el segundo, el académico goza de tenure, asimilándosele al funcionario estatal norteamericano de mayor independencia: el juez.

Es aquí donde la pregunta sobre la calidad de la educación superior y el afán de lucro que caracteriza a algunas ‘universidades’ se entrelaza con el cumplimiento (o incumplimiento) de los fines propiamente universitarios. Porque, ¿qué pasa con aquellas universidades o carreras que no cuentan con una masa crítica de doctores de dedicación exclusiva y jornada completa, confiando en lugar de ello en la contratación a honorarios de profesores ‘taxi’? Desde luego, ocurre que no entregan una educación de calidad, pues estos profesores ‘taxi’ no tienen el tiempo y a menudo las calificaciones académicas para producir conocimiento, limitándose a reproducir aquel que se encuentre en la producción académica de otros. Por otro lado, ocurre que en lugar de invertir sus ingresos en oficinas, laboratorios, bibliotecas, y salarios de académicos, los dueños de estas universidades de profesores ‘taxi’ se guardan la plata en el bolsillo.

Lo más grave de todo es que una gran cantidad de nuestras universidades y carreras, no contentas con no cumplir su parte del pacto social y, en consecuencia, abusar de la sociedad toda, abusan también de sus propios profesores. Contratados a honorarios, obligados a enseñar la cantidad y tipo de cursos que se les ofrezcan sin posibilidad de influir en dicha decisión, privados de la posibilidad de profundizar sus propios conocimientos y de innovar en la enseñanza, los profesores ‘taxi’ sufren. Sufren la explotación del hombre por el hombre, y no comparten las ganancias que la universidad o carrera ‘taxi’ obtiene (las cuales, por lo demás, han sido obtenidas dolosamente al no cumplir su parte del contrato social).

Ahora bien, puede ser que usted tenga algo que decir respecto a lo que he dicho. Puede ser que usted esté pensando que los abusos que las universidades hacen de los derechos que reciben como parte del pacto social, y la explotación que sufren los profesores ‘taxi’, no ocurre solamente en las instituciones de educación superior. Quizás usted mismo trabaje en una empresa que tampoco hace su parte, y quizás esa misma empresa lo explote a usted. Si es así, entonces sepa que no es el único, y que no está sólo en su descontento. En esto, como en todo, la unión hace la fuerza.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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