Los ciudadanos no son sólo clientes de los servicios que ofrece el Estado, sino que debieran ser el eje sobre el que se construya un plan de acción. Lamentablemente, la historia nos indica que el silencio suele ser también una estrategia.
A simple vista, la agenda pareciera estar siempre marcada por la urgencia que las tecnologías le imprimen al desarrollo o a la modernización del aparato público. Como si se tratara de un tren al que debemos subirnos de cualquier forma, los esfuerzos desde el ejecutivo suelen ser abordajes desesperados, con más anhelos que pericia, para alcanzar -en lo posible en el corto plazo- niveles de desarrollo acordes a nuestro crecimiento.
Luego de la pretenciosa promesa de revolución digital hecha por el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, parecía que por fin los esfuerzos realizados por los equipos técnicos durante la última década darían los frutos esperados. Contra todo pronóstico, y luego de un par de bochornos inexcusables, el ahora Presidente decidió desmembrar la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital dependiente del Ministerio de Economía para dar paso a un equipo de Modernización y Gobierno Electrónico dependiente del MINSEGPRES. Dicho equipo se encargó de diseñar un plan estratégico 2011-2014 que debiera guiar las políticas públicas en esta materia. Básicamente este plan consiste en un gobierno centrado en el ciudadano, proveer herramientas para mejorar la eficiencia, y un gobierno abierto.
Resulta interesante darle una mirada no solo a lo que dicen las líneas de acción sino también a lo que silencian. En lo concreto, este plan estratégico hace una apuesta por profundizar el rol del Estado como un prestador de servicios hacia los ciudadanos. Como si se tratara de la única forma de vincular al aparato público con la ciudadanía, los esfuerzos parecen concentrarse en aceitar los procesos y servicios que se ofrecen respecto de trámites e información a obtener por parte de instituciones del Estado. Una relación, siempre vertical, donde es la apertura (todo lo ‘open‘) el gancho para edulcorar una estrategia que francamente carece de una visión que haga suya la participación y el fomento de los derechos como eje de una táctica de futuro.
Probablemente el mayor silencio que tiene este plan tiene que ver precisamente con el ejercicio de derechos. Es cierto que han sido las prácticas y no la normativa quienes han transformado a internet en un escenario ideal para el desarrollo de los derechos fundamentales. Han sido los protocolos abiertos, la colaboración y el carácter neutro de la red los que han provocado cambios radicales en la manera en que nos relacionamos social y políticamente en el siglo veintiuno y permiten soñar en un futuro más igualitario, justo y participativo. Pero la legislación se ha transformado en un brazo armado para la protección de ciertos intereses privados. Ha sido la legislación la que ha comenzado a moldear la tecnología, adaptar internet, para la satisfacción de inquietudes diferentes. Así, hoy internet también parece ser un campo fértil para la coacción, la persecución política, restricciones abiertas al acceso al conocimiento, violaciones a la intimidad y la restricción de la libertad de expresión particularmente de los discursos críticos.
Una estrategia, un plan de acción digital, que piense en el interés público debiera tratar y no silenciar la forma en la que como sociedad queremos que nuestros ciudadanos ejerzan sus derechos en el entorno en línea. Los ciudadanos no son sólo clientes de los servicios que ofrece el Estado, sino que debieran ser el eje sobre el que se construya un plan de acción. Lamentablemente, la historia nos indica que el silencio suele ser también una estrategia.
