Sábado, 10 de diciembre de 2016Actualizado a las 03:20

Editorial

Editorial: El orden público y la seguridad en Chile

por 5 diciembre 2011

Editorial: El orden público y la seguridad en Chile
La recurrencia de delitos complejos, sobre todo de carácter económico, hecho que en su oportunidad fue señalada por el Fiscal Nacional requiriendo más recursos, evidencia la necesidad de cooperar y crear sentidos comunes para construir capacidades que el país aún no tiene.

Cada vez que se debate sobre seguridad y orden público en el país la imagen que domina los contenidos es la delincuencia común. Una mirada instrumental y cortoplacista de los actores políticos, especialmente de los responsables de las políticas públicas, hace que la discusión derive de manera sesgada hacia la mayor rigurosidad del sistema penal, la ineficiencia de las policías o la puerta giratoria que un extremo ideologismo garantista del poder judicial generarían.

En las últimas semanas el país ha podido advertir la falta de una visión compartida sobre la seguridad en el conjunto del sistema político. La ácida discusión de los ministros de Justicia y del Interior con el Poder Judicial y el ministerio Público por el tratamiento a los delitos, el homenaje a un ex militar condenado por delitos de lesa humanidad que involucró directamente al oficialismo, hasta la colusión de productores avícolas denunciada a fines de la semana pasada por la Fiscalía Nacional Económica,  todos hechos aparentemente muy distantes entre sí, se refieren a un mismo espacio: el del orden público y la seguridad en el país. Por supuesto, no han tenido el mismo tratamiento.

Es tan preocupante para los ciudadanos que un delincuente que le ha atacado quede libre por cualquier circunstancia que sea debiendo no quedar impune (orden público penal), como que los dirigentes del país expresen opiniones ambiguas sobre un violador de derechos humanos (principio constitucional del orden público nacional), o algunas empresas se dediquen de manera sistemática a lesionar los derechos del consumidor (orden público económico).

En todos esos casos, y muchos otros, lo que finalmente se ve afectado es la noción y la práctica de la seguridad como bien público perfecto, cuya eventual lesión en cualquier ámbito o nivel, lo que hace es crear incertidumbre en la población acerca de su efectiva concreción. Si la población se convence que la justicia no funciona, que el respeto de los Derechos Humanos es una cuestión de oportunidad, o que el lucro ilícito es solo una anomalía de mercado, todo se vuelve instrumental, impactando negativamente la cohesión social y la confianza.

Resulta comprensible que otros actores, que pueden aportar mucho a los procesos investigativos, como el Servicio de Impuestos Internos o la Asociación de Bancos, se muestren renuentes a “criminalizar” sus operaciones colaborando con autoridades que se pelean por los medios de prensa. En ausencia de estrategia global, los criminales de todo nivel ganan en impunidad.

De ahí la necesidad de que entre los principales actores del sistema político, en cualquiera de sus ámbitos, se generen y refuercen los sentidos comunes acerca de  qué es la  seguridad en el país, no como homogeneidad de pensamiento sobre lo criminal, sino como valores compartidos que orientan la responsabilidad de cada cual dentro de sus competencias.

En este orden de cosas, ha sido poco feliz para el orden público nacional la disputa abierta que ha sostenido el ministerio del Interior con la Fiscalía Nacional a propósito de la supuesta ineficiencia de este organismo en materia de persecución criminal.

Es posible que ella esté alentada por una íntima convicción de justicia del ministro y su creencia de que es lícito exigir a través de los medios y con la presión de la opinión pública, una mayor mano dura de jueces y fiscales.

Sin embargo, lamentablemente  no parece muy prudente e implica, en cierto sentido, abandonar el papel de actor central que tiene para generar y liderar los sentidos comunes dentro del sistema, para acoplar y consolidar el desarrollo y la madurez de las instituciones del sector.

El nuevo sistema penal tiene menos de una década aplicándose, por lo que resulta fundamental seguir contribuyendo a su mejora y no a su desestabilización. Pero, además, muchos de los elementos vitales para el éxito de la persecución penal provienen del ámbito de competencia y gestión del propio ministro del Interior.

La eficiencia en la investigación criminal depende en gran medida de la aptitud investigadora de las policías, de la infraestructura y medios técnicos con que cuentan  para su trabajo y, fundamentalmente, de la formación primaria que sus miembros reciben en sus escuelas matrices y su real sometimiento a los fiscales.

Justo es decir que, al igual que el procedimiento penal es nuevo, hasta hace muy poco las policías seguían en la doble dependencia del Ministerio del Interior y de Defensa. En el caso de Carabineros, dada la amplitud de sus funciones y el carácter semi militar de su organización le ha generado  muchas dificultades de adaptación al trabajo con los fiscales.

El gobierno, cuyo sector político hizo en el pasado plataforma programática de la seguridad ciudadana, debiera tomar nota que Carabineros aún exhibe un notorio atraso de modernización en materia de organización y de formación de sus oficiales.

Por otro lado, la recurrencia de delitos complejos, sobre todo de carácter económico, hecho que en su oportunidad fue señalada por el Fiscal Nacional requiriendo más recursos, evidencia la necesidad de cooperar y crear  sentidos comunes para construir capacidades que el país aún no tiene.

Tales recursos no son necesariamente más policías, sino mayor capacidad de inteligencia e investigación, cosa que por cierto impacta también positivamente a las policías tanto para delitos simples como complejos, pero que es más amplia y debe estar puesta en red  y a disposición de las autoridades, especialmente aquellas que deben resolver judicial o administrativamente el funcionamiento de la seguridad.

En un ambiente ejemplificado por lo hechos más arriba anotados, sobre todo por la disputa entre el ministro del Interior y la Fiscalía Nacional, poco o nada se puede hacer de política estructural. Más aún,  resulta comprensible que otros actores, que pueden aportar mucho a los procesos investigativos, como el Servicio de Impuestos Internos o la Asociación de Bancos, se muestren renuentes a “criminalizar” sus operaciones colaborando con autoridades que se pelean por los medios de prensa. En ausencia de estrategia global, los criminales de todo nivel ganan en impunidad.

Más información sobre El Mostrador

Videos

Más Noticias

Blogs y Opinión

Encuesta

Mercados

TV

Cultura + Ciudad

Deportes