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La autoridad y el legado del "movimiento estudiantil"

por 8 diciembre 2011

Haber llegado a este estado de cosas no sólo es responsabilidad de quienes realizan desmanes de todo tipo o de quienes convocan a las marchas y no responden de sus efectos colaterales (pero siempre presentes). También tienen mucho que decir y de qué responder quienes ejercen cargos de autoridad.

Los santiaguinos – Santiago no es Chile – ya nos acostumbramos a que cada semana se desarrollen “marchas estudiantiles”. Estas, según nos informa la prensa, suelen terminar con “incidentes menores” y “unos pocos detenidos”. Como estas manifestaciones han decaído en su magnitud y cobertura, es muy difícil que la opinión pública conozca en qué consisten aquellos incidentes de “poca monta”.

“Afortunadamente”, puedo hablar del tema con propiedad. Vivo en un condominio de edificios ubicado en República esquina Blanco Encalada (pleno centro de Santiago); escenario escogido por estos “idealistas de la educación” en una de sus últimas performance. Nadie me cuenta que una horda sacó la reja del estacionamiento, porque veo éste a diario sin la protección. No fueron extraños quienes sufrieron a los “infiltrados de siempre”, porque, por ejemplo, la administradora que recibió una patada en la espalda es amiga de mi madre. Cuestiones insólitas, como dos manifestantes orinando (sí, ¡orinando!) a una vecina que intentaba detener a quienes buscaban ingresar violenta e ilícitamente a un edificio ajeno no me las narró un extraño, sino que mi abuelo. Y así podría seguir. Los “incidentes menores” de los que habla la prensa provocaron un caos nunca antes visto en un barrio residencial, aunque a muchos no les importe. Y no es ni la primera ni la segunda ni la décima vez que esto pasa en el año.

Haber llegado a este estado de cosas no sólo es responsabilidad de quienes realizan desmanes de todo tipo o de quienes convocan a las marchas y no responden de sus efectos colaterales (pero siempre presentes). También tienen mucho que decir y de qué responder quienes ejercen cargos de autoridad.

Tanto o más grave que los ilícitos descritos es la indiferencia social respecto de los mismos, es decir, que nos hayamos “acostumbrado”. Porque, paradojalmente, semana a semana se afecta gravemente a los mismos chilenos a los que supuestamente se busca ayudar con las mejoras en la enseñanza, y nada justifica tales niveles de desorden social. Ciertamente resulta indiscutible que en el diagnóstico que origina las demandas estudiantiles hay mucho de verdad. Entre muchos posibles ejemplos, es claro que a pesar del aumento en cobertura de educación superior experimentado las últimas décadas no existe equidad en el acceso a la educación terciaria; y llega a ser escandaloso que en el último informe del Consejo Nacional de Educación se muestre que el 85% de las carreras de Educación Superior no haya obtenido la acreditación. Problemas hay, y muchos.

Sin embargo, ellos no justifican los niveles de violencia y disturbios que se han visto durante el presente año, y no sólo porque ellos en modo alguno colaboren a solucionar los problemas denunciados. El conflicto dejará algunas consecuencias positivas y muchas otras negativas, pero sin duda el legado más grave que ha traído consigo, y que la sociedad debe enfrentar cuanto antes, es que se ha perdido prácticamente por completo el principio de autoridad. En la actualidad, rechazar actos como los narrados en el segundo acápite es sinónimo de “represión”. Esto debiera llamar la atención, porque hace dos décadas que hay movilizaciones estudiantiles, pero nunca se habían observado de manera tan masificada y constante el nivel de violencia, desorden e irrespeto a la autoridad que se ha dado este año en contra de carabineros, políticos y la comunidad en general. Basta revisar You Tube y colocar, por ejemplo, “carabineros, marchas, 2011”, para encontrar todo tipo de material audiovisual sorprendente y lamentable al respecto.

Alguien podría preguntar cuál es el problema. Otro quizás agregará que estas prácticas son propias las “sociedades avanzadas”. Y eventualmente un tercero añadirá algún lugar común adicional, propio de las elites que viven como si el resto no existiera. Pero lo cierto es que es imposible que una sociedad solucione sus problemas más complejos, como aquellos que se encuentran en la raíz de la efervescencia social experimentada este año, sin una autoridad que se haga cargo de ellos. Más aún, es imposible que una sociedad exista como tal sin una autoridad.

Para afirmar esto no se requiere ser ni liberal ni conservador ni adscribir a ideología alguna, sino que simplemente observar la realidad de las cosas. Porque tal como indicara John Finnis, las sociedades – del tipo que sean – no requieren autoridades sólo por la mala fe o incompetencia de algunos de sus miembros, ni tampoco por el solo hecho de que en ellos exista mayor o menor inconstancia en los propósitos, falta de lealtad, egoísmo o malicia. De hecho, en una comunidad libre de vicios existen problemas de coordinación –hacer esto o lo otro – mayores, los cuales necesitan una solución, y para la mayoría de los problemas existen dos o más soluciones alternativas.

¿Cómo elegir entre ellas? ¿Cómo tomar las decisiones? La unanimidad es imposible, especialmente si los asuntos son complejos y los miembros del grupo están interesados, porque ampliarán el abanico de posibles cursos de acción. Mientras más inteligencia y compromiso existe, hay una mayor necesidad de autoridad, la razón excluyente de la que habla Finnis. Por eso se requieren personas cuya principal responsabilidad sea el bien común de todos. Porque el bien común de la comunidad política es extremadamente complejo, y legítimamente las personas y los grupos particulares buscarán en primer orden cumplir con su fin específico, siendo imperiosa una coordinación de cara a consolidar un orden social que permita la plenitud de todas y cada una de las personas en la mayor medida posible. Si a ello se agrega que los problemas sociales jamás se “resuelven para siempre” – dado que la sociedad se va haciendo en el tiempo– la coordinación y dirección social por parte de la autoridad no es un obstáculo para avanzar en las soluciones y mejoras, sino que condición indispensable de las mismas.

Por ello es absurdo pretender solucionar los problemas de la educación al margen de la autoridad, y es más absurdo aún no detener a tiempo actuaciones abiertamente injustas como las vividas en el condominio donde vivo. Y por lo mismo, haber llegado a este estado de cosas no sólo es responsabilidad de quienes realizan desmanes de todo tipo o de quienes convocan a las marchas y no responden de sus efectos colaterales (pero siempre presentes). También tienen mucho que decir y de qué responder quienes ejercen cargos de autoridad. Si se hubiera actuado a tiempo en contra de los desórdenes, y si el 2011 hubiera sido verdaderamente “el año de la educación superior”, no sólo por un eslogan sino que en razón de un proyecto país que lo sustentara, claramente el resultado sería distinto. Por idénticas razones, lo que suceda de aquí en adelante también depende de todos. Es de esperar que como sociedad estemos a la altura. Partiendo, precisamente, por las autoridades.

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