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La elite en su laberinto: ni táctica ni estrategia

por 12 diciembre 2011

La elite en su laberinto: ni táctica ni estrategia
¿Quién está haciendo la pega estratégica hoy día? ¿Procurando un acuerdo sobre proyecto país, o un sentido común en el manejo de sus instituciones y problemas? Prácticamente nadie. La oposición está arrellanada esperando la estrella del norte, en cientos de pequeñas batallas tácticas sobre las distancias cortas, y el gobierno haciendo una gerencia de casos y cosas como en un gran bazar de la política.

Reforma política, crecimiento con igualdad e integración social, ciudadanía con derechos garantizados. Parecen conceptos típicos de una campaña electoral, pero en realidad son el resumen de las principales demandas que emergen en el fin de ciclo político que vive Chile. Formularlos no es difícil, están en la boca de todo el mundo.  Lo difícil es enfocar su solución, dado el anémico liderazgo político que exhibe el país. La sensación ambiente es que pese a la claridad del diagnóstico, el país va a la deriva, y que el problema de la educación fue, apenas, la punta del iceberg.

De tanto invocarlo, el cambio finalmente llegó. Pero no como promesa sino  como malestar ciudadano. Un malestar que inquieta a las elites con demandas de cambio de modelo, justo cuando se completaba el círculo del funcionamiento del sistema binominal, con la derecha en el gobierno y el PC en el Parlamento. Es que los tiempos políticos se aceleraron de improviso, dejando estupefacta  a toda la elite, la que solo atina a juegos tácticos e instrumentales para controlar los procesos, quizás sacarles partido si se puede, pero que no tiene respuestas estratégicas.

Hacía muchos años que la política no se enfrentaba a disyuntivas contradictorias sobre el país para elegir. La última vez fue en el plebiscito de 1988 y los pactos de transición a la democracia. A diferencia de entonces, hoy la sociedad no tiene una intermediación política que la represente frente al poder. La oposición, que sería lo natural, tiene una baja valoración en la ciudadanía, y no parece entenderla a cabalidad, confundiendo sus propias aspiraciones burocráticas con lo que la gente quiere realmente.

El despiste  estratégico del oficialismo no es menor. Desde el gobierno estiran los plazos en las negociaciones  de los problemas cotidianos,  hacen pirotecnia  electoral y de popularidad con temas tan complejos y delicados como la Defensa Nacional o la seguridad ciudadana, y se enfrascan, como en los tiempos de La Quintrala, en la lucha fraticida por el poder entre facciones. Todo, naturalmente, con los valores de Dios y del mercado por delante.

En tal escenario no es raro que la notoria falta de empatía de la clase política con parte sustancial de la sociedad y sus movimientos sociales se transforme en una visión negativa de estos sobre ellos, mirándolos como partes de un mismo problema.

Reforma política con descentralización, sincronía de instituciones y estabilidad para veinte años o más; reforma tributaria y redistribución para procesar demandas ciudadanas sobre derechos constitucionalmente garantizados; normas de regulación y competencia que garanticen mercados transparentes y sin abusos institucionalizados, parecen temas demasiados grandes para la política doméstica.

Para graficarlo, algunos ejemplos. La derrota de Camila Vallejo en las elecciones de la FECH, es en realidad la derrota del PC, una vieja iglesia, para la cual todo lo social es instrumental a su utopía burocrática, incluida la democracia y sus líderes jóvenes. Noam Titelman, el reemplazante de Giorgio Jackson en la FEUC le dijo a Francisco Vidal que “no se subiera al carro de la victoria” cuando este calificó su triunfo como el anticipo de la Concertación 2013. Gabriel Boric, el  flamante nuevo presidente de la FECH, declaró que “no serían el comando juvenil de Michelle Bachelet”, en una clara referencia a que los problemas de la educación son resultado también de la administración del modelo que hizo la Concertación. El gobierno es nuestro adversario, sentenció Boric, expresando un pensamiento mayoritario entre los jóvenes universitarios hoy día.

Representación, legitimidad y participación

La primera lección de lo que está ocurriendo es que además de un problema de representación en el sistema político, ha aparecido potente también el problema de la legitimidad democrática. Por más que las soluciones a los problemas se den en las instituciones diseñadas para los debates políticos, ellas requieren hoy de sistemas amplios de consulta y validación democrática que por supuesto no existen, pero que la ciudadanía exige. Ese extraño método de asambleas y voceros de los movimientos juveniles, que aparecen lentos y anárquicos, son en realidad una contracorriente doctrinaria de confianza democrática frente a las pautas de representación que prevalecen en el medio político.

No se trata entonces solo del binominal y su estrechez y monopolio de cargos, se trata de la legitimidad de un sistema que demanda ser abierto por llaves de participación que den confianza a los ciudadanos. ¿Es posible la consulta permanente? Para los jóvenes no solo parece posible sino necesaria, siendo totalmente factible desde el punto de vista tecnológico. Si hoy la velocidad lo es todo, la velocidad en política viene con más representación, más legitimidad y más participación y mecanismos de consulta.

El resultado inmediato, al menos desde el punto de vista político es que a mayor velocidad, mayor necesidad de descentralización, mayor transparencia y responsabilidad en lo público y mayor capacidad de enfocarse a una democracia 2.0, sociedad incluida.

Nada de la actual elite política la sitúa en esa perspectiva. Por el contrario, gobierno y oposición ocupan la misma trinchera especulativa sobre la cual compiten, entre ellos, por el poder.  Por lo mismo, la actual clase política no da el ancho para enfrentar con programas propios, alianzas, competencias y acuerdos, una renovación efectiva de la política nacional en el sentido estratégico que la sociedad está demandando: reforma política, sociedad de derechos y garantías de distribución económica más igual. Con el agregado de una renovación generacional de los liderazgos. Por eso tanto grupo nuevo, esta vez por fuera del estrecho marco del consociativismo político y económico de la Constitución de 1980 que, toda parchada, aún nos rige.

El campo minado de la igualdad social

Si los movimientos sociales perciben al oficialismo y a la Concertación como parte de un mismo problema es porque el modelo que articuló la transición, negociado entre ambos sectores, generó, junto a grandes avances, también vastos campos minados en educación, estabilidad laboral, trabajo decente, salud y previsión social. La normalidad democrática y los 15 mil dólares per cápita no desactivarán de manera espontánea esas minas. Se requiere, por lo menos en lo grueso, de una nueva ingeniería política e institucional para hacerlo. Así lo entiende la ciudadanía, pues de otra manera no podría entenderse la capacidad de resistencia y convocatoria del movimiento por la educación y sus demandas.

Esa ingeniería política debiera comprender nuevos acuerdos sobre pilares estructurales de las reglas del juego económico. Las principales son la reforma tributaria para redistribuir ingresos, y la garantía de la libre y leal competencia y el término de los abusos de mercado. Este es casi un problema de los actuales conductores del Estado, que son propietarios y no administradores como lo fue principalmente la Concertación.

El modelo que generó la transición para  administrar y procesar los desacuerdos finalmente se agotó o es obsoleto para las actuales circunstancias. Sería imposible reeditar un acuerdo político global  que, por ejemplo, negocie ajustes tributarios a cambio de concesiones políticas, y que de ello resulte estabilidad sistémica por 20 años más. El último  intento de esa naturaleza se dio en el marco de las reformas constitucionales del año 2005 que, al día siguiente, terminó por asentar la idea de que se requiere una Nueva Constitución. Más todavía se agotó el relato del crecimiento con equidad, principalmente por el abuso indiscriminado de las corporaciones económicas en el mercado, ahora de ciudadanos de 15 mil dólares per cápita.

Es inevitable – ya lo anuncian los analistas económicos- que a las demandas sobre educación, se agreguen salud y previsión dentro de poco. Y si bien la coyuntura internacional obliga a la cautela y la austeridad, el cabreamiento de la gente con su modelo económico o sus dirigentes no sincroniza con los buenos momentos sino más bien madura abruptamente en medio de problemas y crisis.

La advertencia tecnocrática recalca que lo esencial para la igualdad es el empleo y no la distribución. Pero se omite agregar que es el empleo decente y no cualquier empleo. También se omite el hecho de que para que efectivamente este se produzca, una sociedad  tan poco igualitaria como la chilena requiere de dos o tres puntos de su producto para sostener, con facilidades estatales, los incentivos y la regulación que permite que florezca el empleo decente. Y para  hacerlo, se requiere una reforma tributaria que entregue los recursos. La redistribución no es necesariamente entregar más dinero directo a las personas, sino también se hace gastando en producir bienes públicos que sustentan calidad de vida.

Los abusos de mercado, como la eventual colusión de los productores avícolas, la de las farmacias, la de los pasajes interurbanos y tantas otras lesiones a los consumidores, se producen de manera masiva en el país afectando principalmente a los sectores de menores ingresos. Evitarlos con buenos controles regulatorios sería una manera de redistribuir, como también lo sería instalando educación de calidad y gratuita al alcance de los sectores más modestos.

¿Quién está haciendo la pega estratégica hoy día? ¿Procurando un acuerdo sobre proyecto país, o un sentido común en el manejo de sus instituciones y problemas? Prácticamente nadie. La oposición está arrellanada esperando la estrella del norte, en cientos de pequeñas batallas tácticas sobre las distancias cortas, y el gobierno haciendo una gerencia de casos y cosas como en un gran bazar de la política.

Reforma política con descentralización, sincronía de instituciones y estabilidad para veinte años o más; reforma tributaria y redistribución para procesar demandas ciudadanas sobre derechos constitucionalmente garantizados; normas de regulación y competencia que garanticen mercados transparentes y sin abusos institucionalizados, parecen temas demasiados grandes para la política doméstica.  En cuanto a los partidos políticos… perdón ¿existen los partidos políticos?

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