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Las Pymes y Chilecompra

por 12 diciembre 2011

Desde que comenzó a operar Chilecompra (julio de 2003), las adquisiciones estatales han venido enfrentando tanto una importante fuga de oferentes como una considerable disminución de “proveedores distintos”. El año 2010 hubo una fuga de 10 mil proveedores (de 74 mil el año 2009 a 64 mil proveedores el año 2010). Estas cifras evidencian al menos una realidad objetiva, esta es; las empresas que se adjudican licitaciones, en un porcentaje mayor al 70%, son las mismas.

Falta de liquidez para enterar garantías y capital de trabajo son la principal barrera de entrada de las PyMEs al mercado público nacional, Chilecompra.

Con la masificación de los servicios de las Sociedades Anónimas de Garantía Recíprocas (SGR),  se debiera incentivar la participación de nuevos oferentes, fundamentalmente de aquellos que, teniendo la suficiente capacidad técnica, no disponen de recursos económicos para ofertar.

Se estima que cada año las empresas inmovilizan alrededor de 600 millones de dólares en documentos para garantizar tanto seriedad de las ofertas como fiel cumplimiento y otras garantías especiales de oferentes que anualmente se adjudican unos 6 mil quinientos millones de dólares en Chilecompra.

Desde que comenzó a operar Chilecompra (julio de 2003), las adquisiciones estatales han venido enfrentando tanto una importante fuga de oferentes como una considerable disminución de “proveedores distintos”.  El año 2010 hubo una fuga de 10 mil proveedores (de 74 mil el año 2009 a 64 mil proveedores el año 2010). Estas cifras evidencian al menos una realidad objetiva, esta es; las empresas que se adjudican licitaciones, en un porcentaje mayor al 70%, son las mismas.

Hasta antes de la creación de las SGR en nuestro país en junio de 2007 (la experiencia de las SGR tienen una data de más de 30 años en el mundo), cada empresa interesada en participar en cualquier licitación pública, en general superior a 1000 UTM, estaba obligado a constituir garantías económicas para asegurarle al Estado que efectivamente se ejecutaría de manera correcta cualquier trabajo, obra o servicio adjudicado. Con la promulgación de la Ley Nº 20.179 que crea y reglamenta las SGR, se incorpora al mercado un nuevo ente financiero que pareciera darle un nuevo impulso a la micro, pequeña y mediana empresa.

Efectivamente, si hasta antes de la creación de las SGR la MiPyME estaba obligada a inmovilizar capital o bien a endeudarse para adquirir una determinada garantía ante cualquier Banco de la plaza, hoy día basta cumplir una serie de requisitos, mucho más flexibles que los exigidos por los Bancos,  para acceder a un Certificado de Fianza, el producto estrella de las SGRs, y de esta manera enterar garantias ante cualquier repartición pública.

Si en el mundo las SGRs tienen como objetivo principal facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas. Particularmente, en Chile el cumplimiento de este objetivo y su estándar va a estar fuertemente influenciado por las licitaciones tranzadas en el mercado público nacional. De acuerdo a datos obtenidos del portal Analiza.cl cada año (periodo 2007 al 2010) Chilecompra publica en promedio 433 mil licitaciones las cuales reciben una media de 2,3 millones de ofertas que se expresan en un monto promedio anual de 5 mil 500 millones de dólares (dicha estadística no considera los montos tranzados vía Convenio Marco).

Las MiPYMEs se adjudican la misma cantidad de millones de dólares que la grandes empresas (las cuales representan un 4% del total de razones sociales inscritas en Mercadopublico.cl), por lo mismo es fácil imaginar la cantidad de certificados de fianza que anualmente podrían emitirse por concepto de seriedad de la oferta, fiel cumplimiento y otras garantías adicionales.

Con una comisión de UF 3  por cada certificado de fianza emitido (tanto por seriedad como por fiel cumplimiento por separado) más una comisión, variable por SGR –entre un 0,5 y 1% mensual-, por la cantidad de tiempo que se retiene este certificado, el negocio de las SGRs resulta atractivo y millonario.

Cada año en Chilecompra se publican en promedio 50 mil licitaciones por montos superiores a las 100 UTM (40.000 LE y 10.000 LP) las cuales reciben un promedio de 5 ofertas cada una.  Vale decir, sin considerar las ofertas que presentan las grandes empresas, lo que se pone sobre la mesa es un mercado UF 720 mil, equivalentes a unos 31 millones de dólares, sólo por concepto de comisión, que se disputará esta industria cada año.

Sin embargo, lo que pareciera ser un atractivo negocio tiene sus debilidades.  Estas se fundan en el diseño de nuestro actual y criollo modelo de compras públicas.  Desde que comenzó a operar Chilecompra (julio de 2003), las adquisiciones estatales han venido enfrentando tanto una importante fuga de oferentes como una considerable disminución de “proveedores distintos”.  El año 2010 hubo una fuga de 10 mil proveedores (de 74 mil el año 2009 a 64 mil proveedores el año 2010). Estas cifras evidencian al menos una realidad objetiva, esta es; las empresas que se adjudican licitaciones, en un porcentaje mayor al 70%, son las mismas. Vale decir, la cantidad de actores nuevos que ingresa al sistema es significativamente menor cada año con la nefasta consecuencia de verse disminuida la competencia, factor esencial y clave en el mercado de las licitaciones públicas.

El optimismo comercial de las SGRs se explica, entre otras razones, por una muy simple; el porcentaje de ejecución de boletas por parte de los organismos públicos es bajísima –se estima en una tasa inferior al 2%-.  En efecto, ningún proveedor va a hacer mal la pega y enfrentarse al riesgo de no volver a ser contratado. De igual manera, ninguna institución pública querría enfrentar el engorroso trámite y cuestionamiento administrativo de ejecutar una boleta de garantía por un defectuoso control de los trabajos o servicios que ejecutó un privado.

Si muchos privados se fugan de Chilecompra por observar malas prácticas en procesos de licitación y la institucionalidad que opera y administra el sistema no ha podido enfrentar de manera eficiente esta falencia. Sin ser una obligación de las SGR el corregir esta situación, sí pueden enfrentar con una mirada de responsabilidad social el incentivar, asesorar, capacitar y guiar a muchas pequeñas empresas que, contando con toda la capacidad técnica para preparar ofertas atractivas para el mundo público, hoy día quedan fuera del sistema por no tener la liquidez suficiente para subvencionar instrumentos que garanticen sus trabajos.

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