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Reforma Tributaria y lucha por el margen

por 12 diciembre 2011

En un país cuya distribución del ingreso lo ubica como el más desigual de la OCDE, pero que al mismo tiempo posee más de un millón de estudiantes terciarios, una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y una infraestructura tecnológica que le da pleno acceso a la información, la degradación sistemática de las instituciones republicanas que sostienen dicha desigualdad es altamente previsible.

Wittgenstein no dice que hay cosas de las que no se puede hablar sin correr el riesgo de concluir en paradojas, porque se trata de conceptos que, en rigor, no pertenecen al orden de "lo que es". Conceptos como “vida eterna” serían de ese tipo de cosas, porque son abstracciones elaboradas a partir del lenguaje. En otro ámbito de generalizaciones, la de “reforma tributaria”, si bien podemos pretender comprender de qué se trata,  también puede llevarnos a paradojas insolubles si no tenemos en cuenta qué es lo que “realmente” queremos decir cuando nos referimos a aquella.

En efecto, intentando llevar el concepto a sus raíces materiales, cuando hablamos de “reforma tributaria” implicamos la conjunción de dos ideas: la primera, un cambio “que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”. (Real Academia de la Lengua Española) y la segunda, “tributos” o esas “prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por una administración pública”.

En un país cuya distribución del ingreso lo ubica como el más desigual de la OCDE, pero que al mismo tiempo posee más de un millón de estudiantes terciarios, una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y una infraestructura tecnológica que le da pleno acceso a la información, la degradación sistemática de las instituciones republicanas que sostienen dicha desigualdad es altamente previsible.

Es decir, una “reforma tributaria” sería un cambio, innovación o mejora del modo en que se materializan esas prestaciones pecuniarias obligatoria “impuestas” unilateralmente por un Estado. De allí que una reforma tributaria podría ser una que redujera dichas obligaciones a todos los contribuyentes, una que las aumentara, u otra que simplemente las reestructurara, cargando con ella más a unos ciudadanos que a otros. Esta última acepción es la que nos enseña la posibilidad de utilizar tal reforma como un medio de “redistribución” del peso impositivo, que es, al parecer, la interpretación mayoritaria de las propuestas circulantes.

Pero el término “redistribuir” tampoco nos ofrece muchas certezas, en la medida que el concepto raíz solo nos dice que “distribuir” es “dividir o repartir una cosa entre varias personas, señalando lo que le corresponde a cada una”. (Diccionario Manual de la Lengua Española, Larousse), mientras que “ingreso” son “fondos que entran en la cuenta de uno” o “aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro que incremente su propio patrimonio”.

Es decir, en los hechos, “redistribuir el ingreso” sería algo como “cambiar la forma de repartir los recursos que obtienen los individuos, según corresponda a cada cual”. De nuevo, el “según corresponda”, trae incertidumbre, pues deberemos definir con cierta exactitud dicha correlación, evitando así efectos no deseados en el proceso de cambio. Pero, para efectos de continuar avanzando, supongamos que llegamos a acordar qué es lo que corresponde a cada cual, lo que ya sería un enorme éxito.

En ciencia económica se entiende que el objetivo primordial de los tributos o impuestos es obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, es decir, si un Estado gasta X, debe recaudar al menos X, para evitar endeudarse por la diferencia. Como a contar del Estado moderno hemos agregado a este propósito básico la posibilidad de vincular los tributos a otros fines -entre ellos “redistribuir el ingreso” para disminuir las desigualdades propias de economías libres y competitivas- los Estados han añadido otras fuentes de ingresos para hacer frente al complejo  equilibrio, tales como derechos (ej. Royalties), productos (p.ej. minería estatal), aprovechamientos (uso de un determinado recurso o bien), financiamientos internos y externos (préstamos) o la venta de bienes y servicios (privatizaciones).

Dado que el Estado sería algo así como “la nación organizada”, se supone que aquel representa el interés del conjunto de los ciudadanos que habitan en un territorio dado y, por consiguiente, mientras el Estado cumple con el objetivo de conseguir ingresos suficientes para sostener su gasto público –que permite a los ciudadanos tener los servicios de orden jurídico, defensa, soberanía, policía y demases que le son propios-, en una democracia sería la ciudadanía, a través de sus instituciones (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) la que debería definir el modo en que la carga tributaria pesa sobre cada cual, buscando el bien de una mayor justicia distributiva, no obstante que ésta tampoco esté nunca muy bien definida.

En resumen, cuando hablamos de apoyar una reforma tributaria, como medio de redistribución del ingreso, lo que estaríamos diciendo es que los ciudadanos estamos de acuerdo con cambiar la forma y/o monto de impuestos que cada uno debe aportar obligatoriamente para sostener el gasto público, de manera que el Estado los recaude y luego reparta compulsivamente de otro modo. Como suposición adicional, creemos que dicha acción estatal reequilibrará las desigualdades que ocasiona la anterior forma de recaudar dichos tributos.

Pero hay escuelas de pensamiento económico que suponen lo contrario y que estiman que cambios en la recaudación y distribución de impuestos no mejoran el ingreso de las personas de manera permanente, sino que, al revés, tienden a disminuirlos, pues la exacción del Estado reduce el monto de recursos en manos de particulares, haciendo caer el capital disponible para invertir en proyectos que crean más riqueza, empleo y crecimiento y los aumenta en otros de carácter social cuya rentabilidad de corto y mediano plazo suele ser inferior a la que genera la asignación de aquellos por parte de los privados.

Sin ánimo de polémica sobre la verdad o falsedad de ambas propuestas, lo que una “reforma tributaria” implica es, en los hechos, una “lucha por el margen porteriana” entre quienes generan patrimonio con su capital o trabajo (empresarios y trabajadores) y los administradores del Estado (clase política y administración fiscal) que recaudan y operan con esos ingresos. Los primeros buscarán naturalmente que la exacción impositiva sea la menor posible, de manera de mantener y/o mejorar su capacidad de generación de riqueza y consumo, mientras los segundos intentarán subirla, para tener los recursos que les permitan su propio consumo y cumplir con los deberes estaduales, las promesas y programas que respondan a su capital político.

Como efecto de esta tensión, colisionan valores político-sociales cuya jerarquía será menester consensuar para tener éxito en este proceso ya iniciado y que no se ve, vaya a detenerse: un crecimiento económico rápido, mayor competitividad internacional y más empleo y/o estabilidad política, paz social e instituciones republicanas revalidadas. Aunque ambos pueden ser conseguidos, como lo muestran experiencias de países exitosos, su equilibrio es altamente precario, pues se trata de objetivos de suma cero.

En efecto, reducido ad absurdum, si las empresas no pagaran impuestos y sus utilidades se reinvirtieran en su totalidad, el crecimiento económico sería obviamente más rápido. Contrario sensu, si sus utilidades fueran confiscadas por el Estado, éstas no crecerían. Por el otro lado, en un país cuya distribución del ingreso lo ubica como el más desigual de la OCDE, pero que al mismo tiempo posee más de un millón de estudiantes terciarios, una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y una infraestructura tecnológica que le da pleno acceso a la información, la degradación sistemática de las instituciones republicanas que sostienen dicha desigualdad es altamente previsible.

Así, los poderes políticos, económicos y sociales enfrentan un duro dilema: si tienen confianza en que pueden sostener el actual orden de cosas, crecer rápido es un bien que se podría conseguir en menos de una década. Pero si los cálculos en tiempos y fuerza están mal hechos y la lucha por el margen se dirime desequilibradamente, el resultado puede ser que no tengamos ni crecimiento más rápido, ni paz social.

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