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Pobladores de La Reina y la Universidad de Chile

por 17 diciembre 2011

Apelamos al buen juicio de todos los involucrados para que adopten las medidas legales con las cuales dicha universidad recibirá el justo precio por su terreno y el Serviu Metropolitano, mediante licitación pública, asigne la construcción de las viviendas sociales que los allegados requieren para vivir con dignidad.

Hemos tomado conocimiento del conflicto que se vive en un sector de la comuna de La Reina ya que el denominado Comité de Allegados Futura Esperanza desea que sus miembros tengan sus viviendas en el predio en donde funciona el Centro Nacional de Medio Ambiente (Cenma), cuyo propietario es la Universidad de Chile.

Según publicaciones de prensa, a fines de los años sesenta del siglo pasado, un grupo de pobladores le cedió a la principal universidad del país unos terrenos para que allí se instalara el liceo fiscal Internado Nacional Barros Arana, lo que no se concretó por diversos motivos.

Ahora los hijos de aquellos, que viven como allegados, piden recuperar los terrenos para resolver sus problemas habitacionales. Así las cosas, consideramos legítima la demanda de los pobladores porque sus ascendientes eran los dueños de las tierras y además, porque en Chile todas las familias deben tener sus casas por modestas que sean.

En días recientes esos allegados, apoyados por estudiantes y trabajadores de la Universidad de Chile, pretendieron tomarse dicho terreno lo que fue impedido por las fuerzas de seguridad de carabineros y como el problema hasta ahora se mantiene, hemos estimado necesario informar que, con la legislación actual, inteligentemente aplicada, se solucionará en breve plazo el conflicto de marras.

Ahora bien, debemos puntualizar que las normas de edificación de este terreno contenidas en el Plan Regulador Comunal fueron modificadas el año pasado.

En efecto, ese predio está localizado en una zona ZEE (Zona de Equipamiento Especial).

Los predios situados en esa zona deben tener al menos 1 hectárea de superficie y los usos de suelo sólo son equipamiento deportivo, educación, cultural y áreas verdes.

Las condiciones de edificación son 0,4 ocupación suelo; 2.0 coeficiente de contractibilidad y altura 9 metros o la existente con recepción final.

Es decir, hoy en día, no se permiten las construcciones de ningún tipo de viviendas.

Pero debemos recordar que en la parte sur de este terreno, en el mandato del alcalde Fernando Castillo Velasco, se construyó un conjunto de viviendas sociales llamados “torreones” y se mantuvieron conversaciones por un tiempo con los representantes de la Universidad de Chile para proseguir este programa.

Aparentemente el nuevo alcalde, Luis Montt, no continuó las tratativas con esa universidad estatal para solucionar el problema de los pobladores y por ello se ha llegado a este nivel de conflicto.

Sabemos que las políticas de vivienda en esa municipalidad las lleva una denominada Unidad de Vivienda, inserta en la Dirección de Desarrollo Social y no en la Dirección de Obras.

Afortunadamente existe el artículo 50º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que dice: “En casos especiales de Proyectos de los Servicios Regionales o Metropolitano de Vivienda y Urbanización éstos podrán proponer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la respectiva Secretaría Regional, las modificaciones a los Planes Reguladores que estimen necesario. El Ministerio aprobará dichas modificaciones previo informe de la Municipalidad respectiva, la que deberá evacuarlo en el plazo de 30 días. Vencido este plazo, el Ministerio podrá resolver, aunque no se haya emitido dicho informe”.

Por lo anterior, queda en evidencia que el problema está solucionado en la medida de que las autoridades máximas del Serviu Metropolitano y del Minvu adopten la sana decisión de aplicar este artículo.

Si proceden en consecuencia ese terreno tendrá uso de suelo residencial, con la densidad habitacional necesaria para construir allí las viviendas sociales que demandan los pobladores.

En este escenario, el rector de la Universidad de Chile, estará en condiciones de venderle al Serviu Metropolitano el terreno de la discordia en el precio máximo considerado para estos fines específicos.

En tal sentido, apelamos al buen juicio de todos los involucrados para que adopten las medidas legales con las cuales dicha universidad recibirá el justo precio por su terreno y el Serviu Metropolitano, mediante licitación pública, asigne la construcción de las viviendas sociales que los allegados requieren para vivir con dignidad. Estamos seguros que el presidente Piñera apoyará esta justa proposición porque así se irá reduciendo paulatinamente la tensión social.

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