Nuevamente las cuotas de pesca industriales se concentraran en algunos pocos actores, los mismos que siempre han estado presentes en este mercado, que esta vez dispondrán de derechos indefinidos, cuyas transferencias son de poca probabilidad, de manera que será posible replicar el mismo problema que tenemos en la actualidad; asignar los derechos de pesca sólo a algunos (altísimo beneficio privado) a un costo social significativo.
Recientemente el Ministro de Economía ha anunciado las ideas centrales sobre las cuales descansará el proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca y resuelve la discusión sobre las cuotas de pesca una vez que venza la Ley sobre Límites Máximos de Captura por Armador.
Según lo informado por el Ministro, este es un proyecto que corresponde a ideas consensuadas en la denominada “mesa de pesca”, que constituyó una de sus primeras iniciativas tras su nombramiento en el cargo. Aunque ya han abundado las críticas sobre esta forma de legislar, pues deja subordinado el interés público a la pretensión de los grupos de interés directamente afectados, me quiero detener en las ideas centrales sobre las cuales descansa la propuesta del Ministerio.
El objetivo declarado del Gobierno es la compatibilidad de los denominados “derechos históricos” -concepto de por sí jurídicamente discutible- de los actuales titulares de cuota de pesca, con la explotación sustentable de los recursos pesqueros. Sin embargo, vale la pena recordar que esa pretensión es precisamente lo que se ha buscado desde inicio de los años 90’ en este sector. A principio de esa década, el ex Presidente Aylwin envió un proyecto con idénticas pretensiones; sin embargo un grupo de parlamentarios, incluido el actual Presidente Piñera, impugnaron ese proyecto ante el Tribunal Constitucional. Impugnación que finalmente fue acogida, aunque por razones formales, obligando a ese Gobierno a proceder a un nuevo marco de negociaciones, nuevamente con todos los actores del sistema.
[cita]Nuevamente las cuotas de pesca industriales se concentraran en algunos pocos actores, los mismos que siempre han estado presentes en este mercado, que esta vez dispondrán de derechos indefinidos, cuyas transferencias son de poca probabilidad, de manera que será posible replicar el mismo problema que tenemos en la actualidad; asignar los derechos de pesca sólo a algunos (altísimo beneficio privado) a un costo social significativo.[/cita]
En la regulación pesquera han sido los propios incumbentes quienes han actuado en contra del interés público, impidiendo la adopción de acuerdos favorables a la apertura del mercado, afectando de paso el acceso al recurso por terceros y la sustentabilidad de su explotación.
El Ministro Longueira ha tratado de buscar una solución de supuesto equilibrio. Ella consiste en reconocer los “derechos” de los actuales titulares, a cambio del pago de patentes y un royalty, cuyo contenido y extensión desconocemos por ahora. Al parecer, deja las licitaciones sólo para aquellas hipótesis en donde no se superen los puntos críticos de cada pesquería –se ha hablado de licitación de excedentes-, lo que entonces da cuenta de licitaciones de poca probabilidad de ocurrencia al menos en el mediano plazo y para las pesquerías más relevantes de nuestro país.
Al proceder de ese modo, nuevamente las cuotas de pesca industriales se concentraran en algunos pocos actores, los mismos que siempre han estado presentes en este mercado, que esta vez dispondrán de derechos indefinidos, cuyas transferencias son de poca probabilidad, de manera que será posible replicar el mismo problema que tenemos en la actualidad; asignar los derechos de pesca sólo a algunos (altísimo beneficio privado) a un costo social significativo. Por el contrario, hay poderosas razones, y así se han hecho ver ante la opinión pública por destacados académicos, para sostener que la licitación permite competencia, distribuye mejor los recursos, permite una adecuada recaudación fiscal y limita la sobrexplotación.
El proyecto que el Ejecutivo ingresará al Congreso con los propósitos de política pública señalados no será pacífico. La experiencia indica que proyectos con finalidades semejantes fueron objetados durante su tramitación, se reclamó una cuestionable protección constitucional por parte de quienes se benefician con el statu quo y obligó al Ejecutivo a negociar normas de claro beneficio de los interesados directos en la regulación, sacrificando de paso al interés público.
Ese es un riesgo conocido en este sector y que se debe evitar en esta oportunidad.
