La decisión a favor de la creación de una nueva Subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia, se fundó en la necesidad de contar con un espacio de decisión específico dentro de la administración, que cuente con el nivel adecuado de especialidad en este ámbito y que pueda asumir la complejidad y naturaleza que presenta el cúmulo de acciones del Estado y sus responsabilidades en este tema.
Al cerrar el año 2011, nos parece pertinente reflexionar acerca de una de las iniciativas que se han gestado en nuestra cartera durante este período y que esperamos ver convertida en una realidad en el curso de 2012.
Nos encontramos afinando los últimos detalles de la futura Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente de este Ministerio, cuyo proyecto de ley será ingresado a tramitación al parlamento en los próximos meses.
Esta nueva Subsecretaría se inserta en el progresivo proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro país en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos.
En la actualidad existe una dispersión en el tratamiento institucional que se le da a esta importante temática, siendo abordada desde un punto de vista parcial y específico por diversos programas u organizaciones gubernamentales. Se echa de menos una política unitaria de Derechos Humanos, razón por la cual sostenemos la necesidad de contar, desde el Estado, con una mirada que concentre la función de proponer y coordinar políticas públicas, pero sin eliminar la pluralidad de puntos de vista de los diversos organismos públicos con competencias sectoriales en la materia.
[cita]La decisión a favor de la creación de una nueva Subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia, se fundó en la necesidad de contar con un espacio de decisión específico dentro de la administración, que cuente con el nivel adecuado de especialidad en este ámbito y que pueda asumir la complejidad y naturaleza que presenta el cúmulo de acciones del Estado y sus responsabilidades en este tema.[/cita]
La decisión a favor de la creación de una nueva Subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia, se fundó en la necesidad de contar con un espacio de decisión específico dentro de la administración, que cuente con el nivel adecuado de especialidad en este ámbito y que pueda asumir la complejidad y naturaleza que presenta el cúmulo de acciones del Estado y sus responsabilidades en este tema.
Adicionalmente, dicha instancia debiera ser capaz de dotar a las decisiones que adopte la administración en materia de Derechos Humanos, de un importante nivel de consistencia y sistematicidad a la hora de desplegar acciones, definir políticas públicas y preparar proyectos; propiciando una permanente coordinación que evite desencuentros institucionales.
En vista de esto, la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos es la alternativa que mejor se condice con el objetivo de promover y proteger estos derechos, siendo el Ministerio de Justicia la cartera adecuada para asumir estas funciones, por ser éstas más cercanas a las labores que actualmente desarrolla.
Tal como se lo he manifestado a la directora del INDH, Lorena Fries, en las diversas instancias en que nos hemos reunido, así como también en la entrega del informe de este año –a cuya presentación asistí, pero que no pude presenciar completamente porque debía concurrir al Congreso Nacional- consideramos un verdadero aporte el trabajo realizado por esta entidad, y creemos que los desafíos que se plantean en esta materia deben ser abordados por el Estado y la sociedad civil en su conjunto, de manera colaborativa y decidida. Estamos ciertos que la nueva Subsecretaría va a constituirse en un valioso instrumento de fomento y cuidado de la cultura de derechos humanos que debe caracterizarnos y distinguirnos como país.
Una de las funciones más relevantes de la Subsecretaría será su participación en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual contemplará los principales hitos en la materia asociados a un cronograma de corto, mediano y largo plazo, de manera de planificar de forma sistemática los avances encaminados al cumplimiento de las obligaciones internacionales que hemos asumido como Estado y a la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico interno al derecho internacional de los Derechos Humanos.
