Aunque opuesto en su esencia, Chile fue construyendo un modelo social que, desde la perspectiva de la concentración de poderes, –como lo revelan estudios de la OCDE o el FMI- converge en ese aspecto con aquellas sociedades ultraconcentradas, como la criticada Corea del Norte, las que con un sistema político de partido único, gobierna aliado a una fiel burocracia técnico-estatal administradora del aparato productivo y reúne monopólicamente el poder político y económico en elites que enajenan la voluntad ciudadana.
La fresca crítica pública de Camila Vallejo a la decisión de la dirigencia de su partido, el PC, de enviar una carta de condolencias al gobierno de Corea del Norte por la muerte de Kim Jong Il, no sólo la hizo empatizar con una gran mayoría de chilenos, sino también a su propio público estudiantil, que aunque por naturaleza igualitario y justiciero, es hoy menos adoctrinado, más libertario y consciente de los derechos de las personas, gracias a la democracia, mayor transparencia y acceso a la información que caracteriza al mundo hiper-conectado de los últimos 20 años.
También coincidió con la aprobación del proyecto de inscripción automática y voto voluntario que integrará al conjunto ciudadano a unos 4,5 millones de chilenos, buena parte de los cuales, son, como ella, menores de 30 años. Es decir, integrantes de una cohorte que nació prácticamente con la refundación de la democracia en Chile y que, por consiguiente, no vivieron -o lo hicieron como muy niños- los convulsionados años de “las lucha de las ideologías” entre 1964-1973 y 1973-1990. Se trata de ciudadanos cuya vida se ha desarrollado en una sociedad determinada por esos procesos históricos y en un lapso en el cual se reanudó una lenta y progresiva reorganización social, definida por una transición que, pactada entre 1988 y 1990, limitó -mediante diversos mecanismos- una expresión y participación ciudadana más extensa y profunda en función de la estabilidad política, por un lado, y, por otra, que terminó por consensuar una economía de libre mercado y abierta al mundo, acorde con la democracia en instalación.
Los nacidos en los 90, hoy mayores de edad, crecieron en un entorno de relaciones sociales definidas por dichas condiciones políticas y económicas, recibiendo sólo como un susurro el input de una generación de padres que no quería revivir viejos traumas y que prácticamente evitó transferirles su experiencia. Tal vez aquello explique el interés suscitado por la serie de TV “Los 80”. La propia transición pactada contribuyó a obviar el tema, generando un marco social que contribuyó a una “pax del bienestar”, caracterizada por la consecución febril de bienes y servicios que inundaban cada vez más vitrinas y escaparates. Como corolario, los jóvenes de los 90 no estaban políticamente “ni ahí” y los de los 80 -herederos prematuros del penúltimo acto político-social masivo, el plebiscito del 88- sólo alcanzaron a “patear piedras” con Los Prisioneros.
[cita]El 2012, nuestras elites políticas tienen una penúltima oportunidad para tomar posiciones que detengan el avance de los enemigos de la libertad, profundizando, sin más excusas, la participación ciudadana, ahora potencialmente incrementada por la inscripción automática y el sufragio voluntario para avanzar hacia la indispensable renovación de nuestra fatigada nomenclatura de la transición dentro de los actuales cauces institucionales.[/cita]
El acuerdo de transición, la “pax del bienestar”, la lucha diaria por la vida, terminaron por conformar núcleos estancos: de una parte, una clase política que se especializó, consolidó y reprodujo en su ecosistema y que se imbricó incestuosamente con una clase empresarial emergente y pujante que exigía y conseguía normas y desregulaciones para competir “sin las manos atadas” contra sus pares del mundo; y por otra, una sociedad civil desarticulada, luchando por su sobrevivencia, acceso al consumo y desarrollo personal y familiar.
Es decir, aunque opuesto en su esencia, Chile fue construyendo un modelo social que, desde la perspectiva de la concentración de poderes, –como lo revelan estudios de la OCDE o el FMI- converge en ese aspecto con aquellas sociedades ultraconcentradas, como la criticada Corea del Norte, las que con un sistema político de partido único, gobierna aliado a una fiel burocracia técnico-estatal administradora del aparato productivo y reúne monopólicamente el poder político y económico en elites que enajenan la voluntad ciudadana.
La crítica de Camila a la carta del PC tuvo evidentemente en cuenta la vocación libertaria, justiciera y participativa subsumida en un movimiento estudiantil cuyos protagonistas nacieron y crecieron en la naciente democracia y que, como otros indignados del mundo, reclaman, en rigor, contra aquellos factores que limitan su libertad y participación en el desarrollo, tales como la super-concentración del capital y la colusión política y económica protagonizada por menos de 2.000 dirigentes de siete partidos que toman todas las decisiones políticas relevantes y 4.500 familias que deciden el curso de asignación de más del 50% del PIB. Pero al mismo tiempo, rechazan cualquier tipo de dictadura, validan la democracia liberal y enarbolan derechos ciudadanos que consideran propios.
En tal marco, los otrora “nenes” de los ‘90 ingresaron abruptamente al escenario político el 2005-2006 con su “revolución pingüina”, no obstante todas las protecciones y contrafuertes construidos para no revivir los traumas del pasado y luego, en el 2011, volvieron a la carga. ¿Qué pasó? Siguiendo la comparación anterior, tal vez una pregunta parecida se hizo en los 80, Edward Gierek, secretario general del partido Obrero Unificado Polaco, cuando cerca de un millón de personas, sin la conducción de partido alguno, fueron a una huelga general y los astilleros de Gdansk se convirtieron en el centro de sus reivindicaciones bajo el liderazgo de un obrero, Lech Walesa. Todo el poder de un Estado totalitario no pudo contra una fuerza social que promovió libertades, descentralización, auto organización y gobernanza participativa, impulsando el igualitarismo junto a la responsabilidad individual y la emancipación de la “nomenclatura del partido”.
Aunque en el caso polaco el detonante de esa reacción fue una crisis económica de proporciones y que se expresó en el primer punto de los acuerdos del I Congreso de Solidaridad de octubre-septiembre de 1981 (“mejora del abastecimiento a través de la implantación de un control sobre la producción, la distribución y los precios, en colaboración con el sindicato Solidaridad de los agricultores individuales”), el resto de las exigencias fueron, en efecto, político-democráticas: “elecciones libres”; “igualdad de cada uno ante la ley”; “control social sobre los medios de comunicación”; “supresión de la mentira en la educación”; “protección del medio ambiente”. Es decir, la devolución del legado de dignidad, libertad y respeto por la persona que 36 años de dictadura de una elite político-económica exclusiva y excluyente les habían expropiado.
En Chile, las manifestaciones estudiantiles del 2006 y 2011 fueron detonadas por intereses inmediatos de sus protagonistas: educación gratuita y de calidad, atrayendo simpatías muy mayoritarias (71%, Adimark), no obstante el 5% militante que los expresó en las calles. Algunos optimistas podrían creer que se trató de otro simple movimiento “single issue”, como los llama A. Giddens y de los cuales ya hemos visto varios (Magallanes, HidroAysen, Punta Choros, Transantiago, etc). Pero las extensiones del estudiantil han ido largamente más allá. No entenderlo es arriesgar a no tener respuestas para cuando de movimiento “social” mute en uno “político” –como Solidaridad en 1989-, con el peligro que sea cooptado por los sectores menos convenientes para que el movimiento sea un verdadero aporte a una sociedad más libre.
Por eso, el 2012 es una oportunidad para quienes, como cientos de miles de estudiantes, creen en la libertad y la igualdad de oportunidades, para quienes creen en un Estado moderno, eficiente, subsidiario y en una democracia abierta, plural, progresista y tolerante. El 2012, nuestras elites políticas tienen una penúltima oportunidad para tomar posiciones que detengan el avance de los enemigos de la libertad, profundizando, sin más excusas, la participación ciudadana, ahora potencialmente incrementada por la inscripción automática y el sufragio voluntario para avanzar hacia la indispensable renovación de nuestra fatigada nomenclatura de la transición dentro de los actuales cauces institucionales.
Al mismo tiempo, 2012 es una oportunidad para que quienes ostentan poder económico -que les otorga esa plena libertad para asignar recursos generados socialmente- asuman el papel “político” que les compete en la defensa de su libertad y las otras, reduciendo las obvias insatisfacciones populares expresadas en los movimientos ciudadanos, consolidando una verdadera economía libre, competitiva, participativa, abierta al mundo y legitimada, a través de una más contundente participación de los trabajadores en el fruto de sus esfuerzos. De esa forma, Camila tendrá más y mejores razones para criticar a su partido y los indignados, para revalidar lo valorable de una herencia tan difícilmente construida por las anteriores generaciones.
