¿Es necesario regular los precios de las clínicas? ¿quién lo hace? ¿el mercado? ¿quién regula la incorporación de tecnología en el sector salud en Chile? Y, por qué no decirlo ¿quién regula la frecuencia de uso de servicios inducida por la propia oferta, fenómeno latamente descrito por grandes economistas de la salud?
La Tercera editorializa el martes 27 de diciembre acerca de los beneficios del nuevo Plan Garantizado de Salud (PGS) que el gobierno ha propuesto en proyecto de ley recientemente enviado a rápida tramitación. La editorial transmite en gran medida el espíritu de lo que la Comisión ad-hoc consideró al momento de estudiar el tema y realizar una recomendación, a solicitud del gobierno. Apunta, a mi juicio, al hecho relevante y central: se inicia la era de la solidaridad por riesgos entre afiliados al sistema.
El proyecto enviado tiene, en cuanto al PGS, detalles que no necesariamente compartimos, pero ese no es el problema principal. El problema principal es que el proyecto no sustituye completamente la iniciativa antes en trámite denominada “ley corta”, preservando todo el capítulo del IPC de la salud, tema que la Comisión no abordó, salvo puntual y superficialmente en sus conversaciones, pues no formaba parte de su mandato.
[cita]¿Es necesario regular los precios de las clínicas? ¿quién lo hace? ¿el mercado? ¿quién regula la incorporación de tecnología en el sector salud en Chile? Y, por qué no decirlo ¿quién regula la frecuencia de uso de servicios inducida por la propia oferta, fenómeno latamente descrito por grandes economistas de la salud?[/cita]
Y aquel sí que es un problema, a mi modo de ver. En efecto, la idea de vincular el alza general de los precios de los planes de las Isapres a un guarismo que resulta del cálculo del denominado IPC de la salud, tiene virtudes y defectos. La virtud es que, expertos mediante, las Isapres en el futuro no podrían incrementar los precios de sus planes libremente, como lo hacían hasta ahora, sino que deberán hacerlo en función de la “banda” que se construya. Y entonces, se espera que de ello derive una descongestión de los tribunales donde los ciudadanos han interpuesto sistemáticamente recursos para impedir estas alzas, recursos que hasta ahora siempre vinieron ganando. Y que alivie también a las Isapres, que ya no se verán obligadas a salir a dar grandes explicaciones, como han tenido que hacerlo por estos días a propósito de sus utilidades. Un gran alivio para todos.
El problema es que la base de cálculo de tal IPC refiere ni más ni menos que a los precios de las prestaciones que las clínicas y la industria farmacéutica han venido cobrando e incrementando crecientemente. Solo el cambio tecnológico indiscriminado –que no refiere puramente a precios pero que preocupa al Ministro de Salud, que así lo hizo ver a la Asociación de Clínicas- representa cifras que en la práctica están fuera de control. En efecto ¿es necesario regular los precios de las clínicas? ¿quién lo hace? ¿el mercado? ¿quién regula la incorporación de tecnología en el sector salud en Chile? Y, por qué no decirlo ¿quién regula la frecuencia de uso de servicios inducida por la propia oferta, fenómeno latamente descrito por grandes economistas de la salud?
Ustedes comprenderán que lo descrito sí que es un problema, pues la referencia que usaremos para institucionalizar el alza de los planes de las Isapres y dar tranquilidad a nuestros jueces proviene precisamente de incrementos de precios y de frecuencia que hoy día no tienen ningún control. De veras me pregunto, si no hay modo de controlar el incremento de costos en el origen ¿es mejor el remedio que la enfermedad?
