Este escenario se monta sobre un marco legal insuficiente y discriminatorio para las radios comunitarias. La ley que norma los servicios de radiofonía comunitaria y ciudadana, formulada y tramitada durante el gobierno Bachelet, contiene claras deficiencias en cuanto a acceso, financiamiento y cobertura. Su formulación, hecha según el molde empresarial de ARCHI (Asociación de radiodifusores de Chile), impone restricciones y endurece las penas para quienes transgreden su normativa.
El año 2011 cierra con un balance negativo para las radios comunitarias y para la libertad de expresión en el país. Desde hace 18 años rige una legislación que penaliza a estaciones radiales por emitir sin autorización, en ausencia de llamados a concursos para licitar frecuencias por parte de las comunidades interesadas. Chile es uno de los países que aplica ley penal a este tipo de emisiones, situación que ha sido calificada por las relatorías de la OEA y la ONU como atentatoria a la libertad de expresión.
Las radios afectadas han sufrido diversos impactos, desde incautación de equipos y allanamientos hasta condenas, que a pesar de aceptar la salida pactada que ofrece la fiscalía, han involucrado firma obligada, arraigo para comunicadores/as y prohibición de transmitir, restricción esta última que afecta el derecho de las comunidades a emitir y recibir información.
[cita]Este escenario se monta sobre un marco legal insuficiente y discriminatorio para las radios comunitarias. La ley que norma los servicios de radiofonía comunitaria y ciudadana, formulada y tramitada durante el gobierno Bachelet, contiene claras deficiencias en cuanto a acceso, financiamiento y cobertura. Su formulación, hecha según el molde empresarial de ARCHI (Asociación de radiodifusores de Chile), impone restricciones y endurece las penas para quienes transgreden su normativa.[/cita]
Un adelanto de lo que vendrá en cuanto a persecución a radios comunitarias es la revocación de licencia que ha sufrido en julio 2011 la estación radial de Lanco, por emitir publicidad, sobrepasar la potencia autorizada (1 watt) y la altura de la antena. Se trata de una emisora cuya concesión reside en la Agrupación de Radios Comunitarias de Lanco, entidad que reúne a las emisoras con proyectos comunicacionales de pueblos originarios con identidad mapuche.
Aquí hay una clara transgresión a convenios internacionales que obligan al estado de Chile a respetar los derechos de los pueblos originarios, incluidos aquellos relativos a fundar y mantener medios de comunicación que afirmen la identidad cultural y el derecho a comunicar de sus comunidades.
Este escenario se monta sobre un marco legal insuficiente y discriminatorio para las radios comunitarias. La ley que norma los servicios de radiofonía comunitaria y ciudadana, formulada y tramitada durante el gobierno Bachelet, contiene claras deficiencias en cuanto a acceso, financiamiento y cobertura. Su formulación, hecha según el molde empresarial de ARCHI (Asociación de radiodifusores de Chile), impone restricciones y endurece las penas para quienes transgreden su normativa.
Llamo la atención sobre los asuntos de fondo de la legislación para las radios comunitarias, ya que por sus evidentes deficiencias nos enfrentaremos a variadas iniciativas de modificación provenientes del parlamento. Un ejemplo es la moción presentada por el diputado por la región de Aysén, David Sandoval, que busca autorizar a las municipalidades para traspasar sus radios a nombre de organizaciones sociales que las acrediten como licenciatarias de acuerdo a la nueva ley.
Es clara la necesidad de medios públicos en Chile, concebidos de acuerdo a principios de transparencia, diversidad y pluralidad, que sobrepasen la noción de brazos propagandísticos de los gobiernos centrales, regionales o locales de turno.
Sin embargo, una modificación excepcional para determinadas regiones sólo constituye un mal parche para una legislación con profundas deficiencias, ya que disminuye aún más el restringido acceso del mundo social a las ondas radiales.
Lo que necesitamos es una discusión seria y de fondo que de como resultado una nueva ley servicios audiovisuales, que elimine toda forma de restricción directa o indirecta a la libertad de expresión, que considere el reconocimiento y promoción del sector social sin fines de lucro, y de un sector público en las comunicaciones, de modo que convivan en igualdad de condiciones con la radiofonía privada comercial.
