Hay una feroz oposición a las políticas para disminuir las desigualdades por parte de grupos de presión empresarial, los grandes empresarios, los capitanes de la industria y de dirigentes de partidos de la derecha, que declaran que la reforma tributaria “pone en peligro” el crecimiento. Su gobierno tiene responsabilidad en el fortalecimiento del poder empresarial que hoy veta las reformas para combatir las desigualdades.
El ex presidente Ricardo Lagos ha dado entrevistas a El Mercurio, publicada el 31 de diciembre de 2011, y a Cosas, en las cuales, entre otros temas, explica las movilizaciones del 2011, hace una autocrítica de su gestión y da algunas recomendaciones para fortalecer la Concertación.
Respecto a las movilizaciones estudiantiles, recoge la interpretación formulada por otros políticos de la Concertación, que las ven como resultado de factores económicos: una consecuencia del crecimiento, al alcanzar un ingreso per cápita de U$ 15.000. Estaríamos ante “el fin de un ciclo”, sin evaluar su contenido, si tiene cosas positivas o negativas.
Ahora sería necesario preocuparse de la distribución del ingreso. Antes no se habría podido enfrentar este problema, porque había que reducir la pobreza. Justifica esa opción dando un argumento de autoridad, que es muy discutible: “Había que hacer lo que se hizo”.
Este argumento lleva a un tema de fondo: los fundamentos que le llevaron a formular una estrategia de crecimiento económico por etapas y las prioridades y rasgos de la primera, definiendo a los grandes empresarios como sus principales protagonistas. Dio múltiples señales en esa dirección, con algunas políticas formuladas conjuntamente con la Sofofa, “la agenda pro crecimiento”.
[cita]El gobierno del ex presidente Lagos se concentró en el crecimiento a secas, sin priorizar la disminución de las desigualdades. Ahora propone la segunda etapa, que encararía esa tarea pendiente. Sin embargo, los factores de poder consolidados desde antes son demasiados poderosos, que hacen muy difícil avanzar en ello.[/cita]
Esta opción remite a una visión del desarrollo económico de los años 50 y 60 que rechazó la simultaneidad de las políticas para alcanzarlo y argumentó la necesidad de actuar “por etapas”. Primero, habría que fortalecer el mercado interno, promoviendo la industrialización y, en una segunda fase, se buscaría la modernización de la agricultura. Esta estrategia olvida los países que no pudieron pasar a la segunda etapa, porque la economía se quedó “pegada”, atascada, como advirtió Albert Hirschman.
No es posible pasar a la otra fase, agrega Hirschman, pues el establecimiento de ciertos valores y factores de poder lo hacen inviable. Da el ejemplo de EE.UU: el fortalecimiento del individualismo ha hecho imposible pasar a una nueva etapa, en la cual se requiere la solidaridad y la cooperación. Eso explicaría por qué Estados Unidos no ha podido establecer un estado de bienestar, a diferencia de Europa, que sí lo construyó al mismo tiempo que se industrializaba. Alemania es el ejemplo clásico, con un estado benefactor construido por el canciller Bismarck, es decir, un gobierno de derecha.
No se puede pasar a la segunda fase, además, porque hay oposición de actores que logran enorme poder en la primera y usan el argumento del riesgo para desacreditar el cambio: las reformas de la segunda etapa pondrían en peligro la continuidad de los logros de la primera.
La Concertación en 1990 no compartió la tesis de las etapas para superar el subdesarrollo, sino de la simultaneidad de las políticas. La estrategia del presidente Aylwin fue “crecimiento con equidad” y se avanzó en las dos direcciones, con crecimiento, disminuyendo la pobreza y enfrentando las desigualdades.
El gobierno del presidente Lagos se concentró en el crecimiento a secas, sin priorizar la disminución de las desigualdades. Ahora propone la segunda etapa, que encararía esa tarea pendiente. Sin embargo, los factores de poder consolidados desde antes son demasiados poderosos, que hacen muy difícil avanzar en ello. Hay una feroz oposición a las políticas para disminuir las desigualdades por parte de grupos de presión empresarial, los grandes empresarios, los capitanes de la industria y de dirigentes de partidos de la derecha, que declaran que la reforma tributaria “pone en peligro” el crecimiento. Su gobierno tiene responsabilidad en el fortalecimiento del poder empresarial que hoy veta las reformas para combatir las desigualdades.
Optar por un camino al desarrollo por etapas y por el crecimiento a secas no es sólo responsabilidad del presidente Lagos. Esa orientación fue continuada por su sucesora, Michelle Bachelet. Además, los partidos de la Concertación no tuvieron voluntad de enfatizar la necesidad de avanzar simultáneamente en crecimiento y equidad y tampoco vieron que era indispensable cuidar el desarrollo político.
El ex mandatario, en otra parte de las entrevistas, hace una doble autocrítica de su presidencia. En primer lugar, arremete con fuerza contra el binominal y ahora lo califica como “un cáncer”. Si hubiera empleado ese adjetivo cuando era presidente, habría perdido credibilidad y hoy se estaría más cerca de su reemplazo por uno proporcional.
En segundo lugar, se declara partidario del voto obligatorio. Sin embargo, él envió al congreso el primer proyecto de ley para introducir el voto voluntario, continuado por Michelle Bachelet, siendo aprobado durante el gobierno de ésta. No debió haber mandado ese proyecto.
Justifica el no haber podido hacer todo lo que quiso por el veto de la derecha a través de los senadores designados y el binominal. Eso es sólo parte de la historia. El tomó decisiones que nada tenían que ver con estos factores, como fueron las poderosas señales que dio a los grandes empresarios, que ellos eran los grandes protagonistas del salto al desarrollo. No tuvo similares gestos hacia los medianos y pequeños empresarios y hacia los trabajadores.
Gobiernos de centro-izquierda impulsando políticas de centro-derecha provocaron una enorme frustración en sus votantes, que explica en buena medida que el 2009 apoyaran a dos candidatos presidenciales que estaban contra la continuidad de la Concertación. El descrédito de la política y de los partidos en la juventud, especialmente de la Concertación, no tiene que ver con “el fin del ciclo”, porque ello empezó hace años.
El ex presidente Lagos hace interesante aportes en el plano de las ideas, necesarias y útiles para definir una alternativa programática de gobierno para el 2013, pero en la oposición la prioridad pasa por fortalecer los partidos, que se encuentra muy debilitados e incapaces de atraer profesionales destacados para ser candidatos a alcaldes o parlamentarios. El PPD, fundado por él en 1988, pone de relieve como ningún otro partido de la Concertación esta debilidad, con el agravamiento de la tensión entre una directiva legitimada en elecciones y un poder real en el senador Guido Girardi, que no cree en la alianza entre la izquierda y el centro y privilegia relaciones con colectividades que están en contra de la Concertación. Cumple en su partido y en el conglomerado un rol funcionalmente equivalente al que tuvo Adolfo Zaldívar del PDC el 2008, quien terminó fuera del partido.
Dramática paradoja del presidencialismo: presidentes todopoderosos que se mostraron débiles ante las exigencias de sus parlamentarios y fueron observadores de su crisis y debilitamiento. Es la oposición al sistema de desigualdades existente en el país, afirmadas por la política de crecimiento a secas, y el deterioro de la calidad de la política y los partidos los factores que han llevado al “fin del ciclo”. No es por haber alcanzado a los U$15.000 per cápita.
