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‘Poderes fácticos’ contra la Ley Antidiscriminación

por 19 enero, 2012

Las objeciones existentes, como lo demuestra la editorial de El Mercurio, son políticas y epistémicas; emanan de una concepción de la desigualdad social que encuentra algún valor en ellas, y que en consecuencia recela y sospecha de los esfuerzos orientados a combatir dichas desigualdades.
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La noción de ‘poderes fácticos’, como es sabido, proviene del debate de la Transición española y fue importada a nuestro léxico principalmente por Andrés Allamand en una de sus anteriores vidas. Allamand empleó esta expresión en diálogo con periodistas de El Mercurio fuera de la entrevista (‘off the récord’, según el mentado anglicismo) para referirse a la influencia sobre el proceso político de los empresarios, los militares, y el propio Mercurio. El comentario dejó al dirigente de derecha en una incómoda posición en su sector.

Los tiempos, qué duda cabe, han cambiado. Los militares han vuelto a sus impenetrables cuarteles (piénsese en Antuco y Juan Fernández), y los empresarios han diversificado su cartera de ‘inversiones’ en política. El Mercurio, por su parte, ha cambiado también sus estrategias, intentando transformarse en un referente positivo que promueve y reconoce los liderazgos de jóvenes emprendedores, mujeres líderes e histriones de todo tipo a través de sus revistas de papel cuché.

Las objeciones existentes, como lo demuestra la editorial de El Mercurio, son políticas y epistémicas; emanan de una concepción de la desigualdad social que encuentra algún valor en ellas, y que en consecuencia recela y sospecha de los esfuerzos orientados a combatir dichas desigualdades.

Así y todo, el estilo mercurial para intervenir en las discusiones públicas sigue siendo el mismo: velado, indirecto, ladino. El Mercurio no dice directamente las cosas, sino insinúa que, de seguir el curso pretendido por la deliberación pública y democrática, las penas del infierno caerán sobre nosotros. Quizás lo hace porque, en efecto, ya en una ocasión ocurrió así, evento en el cual el ubicuo ‘Dunny’ Edwards jugó un importante rol.

El estilo mercurial hizo su aparición una vez más este sábado 14 de enero, ahora desencadenando su sibilina retórica contra la Ley Antidiscriminación. En efecto, en su columna editorial de la fecha en cuestión, expresa el ‘Decano’ respecto del Proyecto que Establece Medidas contra la Discriminación que “no se trata de un proyecto sobre igualdad de trato, sino sobre discriminación positiva”, a raíz de lo cual plantea que “es importante que el legislador tome en cuenta y pondere con cuidado los efectos que en la práctica puede tener un proyecto como éste”. El tono sombrío de estas palabras pareciera indicar que los redactores de opinión del ‘Decano’ desconocen que estamos frente a un proyecto que lleva varios años en tramitación: fue ingresado el 2005, ha pasado por las dos Cámaras, y ha sido informado favorablemente por todas sus comisiones legislativas, espacios a los cuales han concurrido una amplísima gama de actores sociales, políticos e intelectuales a expresar su opinión. Que seis años de tramitación, decenas de parlamentarios, un par de centenares de ciudadanos, y varios miles de páginas de informes no satisfagan el “cuidado” que El Mercurio exige del proceso político parece sugerir que nada lo hará.

El Mercurio profiere sus poco auspiciosos comentarios a raíz del requerimiento presentado por una minoría parlamentaria contra el Proyecto de Ley Antidiscriminación. Cabe destacar que la reflexividad con que ha marchado la tramitación de este proyecto de ley contrasta con la premura, improvisación y descuido con que dicha minoría acudiera al Tribunal Constitucional para intentar detener este proceso. Amén de las deficiencias formales de tal presentación, que llevara al Tribunal a rechazar su admisión a tramitación, tal requerimiento sorprende por su defectuosa argumentación, algo que el Tribunal también hace ver en su resolución. Las argumentaciones aportadas por los Ministros Carlos Carmona y Gonzalo García en su voto concurrente reflejan además algo que socava toda la pretensión de los requirentes: que, en estricto rigor, durante la tramitación de este proyecto de ley nunca se planteó seriamente que se tratara de una reforma o una interpretación de los contenidos de la Constitución.

En realidad, las objeciones contra este proyecto ley no son técnicas; a la luz de la lógica del sistema de fuentes característico de nuestro ordenamiento jurídico y de los pronunciamientos existentes del Tribunal Constitucional en la materia, el proyecto de ley en cuestión no es ni una reforma ni una interpretación de la Constitución. Las objeciones existentes, como lo demuestra la editorial de El Mercurio, son políticas y epistémicas; emanan de una concepción de la desigualdad social que encuentra algún valor en ellas, y que en consecuencia recela y sospecha de los esfuerzos orientados a combatir dichas desigualdades.

Tal forma de pensar, con todo lo respetable que puede ser, no puede pretender imponerse por medios distintos de la persuasión y en última instancia la resolución democrática. El proceso legislativo es el espacio donde deben desplegarse dichos recursos; y en este caso han conducido a ratificar una concepción que desea involucrar activamente a las instituciones sociales en la lucha contra la discriminación. Ni una minoría parlamentaria ni un medio de comunicación pueden pretender desconocer tal resultado.

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