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Copiapó y la no política de aguas

por 29 enero, 2012

El cambio de Gobierno significó dar varios pasos atrás, tanto en el problema político de fondo, como en el caso de Copiapó. La posición del Gobierno del Presidente Piñera fue volver a los mismo argumentos que la dictadura militar esgrimió para fundamentar la nueva ley de aguas de 1981: los derechos de agua son la mejor forma de acceder a las fuentes.
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El agua subterránea del acuífero de Copiapó se utiliza para el consumo de la población de Copiapó, Chañaral y Caldera. Además, abastece a campesinos agricultores, a importantes yacimientos mineros, y a la mejor agricultura industrial de la región. También alimenta el humedal de la desembocadura del río Copiapó —ecosistema de alto valor ambiental—, e interactúa con el cauce del río llenándolo en algunas zonas, y secándolo en otras. Y todo esto sólo en algunos kilómetros, en un valle pequeño, y al lado una de las ciudades más importantes del norte.

Por eso, cuando explotó el problema del desbalance entre consumo y disponibilidad de agua en el acuífero; o cuando se constató la tendencia marcada a su degradación sostenida; o cuando el río dejo de correr en aquellos lugares que de vez en cuando se insinuaba; o cuando los pozos que producían el agua potable dejaron de rendir, el problema llegó hasta el poder central y de manera inédita ocupó todos los espacios vacíos que existen en nuestra política de agua.

Esto sucedió en el inicio del Gobierno de la Presidenta Bachelet. La primera reacción fue asumir las responsabilidades institucionales y la enorme falla del regulador en el otorgamiento de tantos derechos de agua. Efectivamente, la DGA fue otorgando derechos de agua ajustando criterios para responder a exigencias locales. Su actuar durante la década de los 80 y los 90 revelan una incapacidad brutal para evaluar los impactos de sus criterios en el largo plazo. A raíz de esto, se modificaron procedimientos, y se usaron instrumentos muy específicos y limitados de acuerdo a las facultades públicas.

El cambio de Gobierno significó dar varios pasos atrás, tanto en el problema político de fondo, como en el caso de Copiapó. La posición del Gobierno del Presidente Piñera fue volver a los mismos argumentos que la dictadura militar esgrimió para fundamentar la nueva ley de aguas de 1981: los derechos de agua son la mejor forma de acceder a las fuentes.

Le segunda reacción fue política y generó un revuelo significativo, porque cuestionó que los problemas que se estaban generando en Copiapó y que podrían extenderse a otros lugares, pudieran resolverse con la regulación actual. O sea: derechos de agua privados de libre transferencia, sin instrumentos de gestión pública, sin prioridad del agua potable, y con juntas de vigilancia o comunidad de agua de connotación privada para la administración de las fuentes, tal cual lo establece la ley.

La complejidad se debe a que en Chile la administración del Estado se restó de sus atribuciones aquellas que son fundamentales para realizar una política de agua sustentable en el largo plazo. Tanto así, que la única función pública de relevancia es determinar la disponibilidad y realizar la asignación inicial de derechos de agua. O sea, dimensionar el tamaño de la torta y trozarla. Para quién sea o para satisfacer qué necesidad, es algo que no tiene relevancia para el regulador, pues en último caso el mercado asignará al uso óptimo económico. Este diseño se lo debemos a los libremercadistas que armaron el modelo de desarrollo chileno desde fines de los 70. Y como tantas otras cosa, una modificación requiere de quórums inalcanzables.

El mismo cuestionamiento se realizó para otro tipo de problemas, como por ejemplo la explotación sustentable del Altiplano o de las pampas del norte, o la inequidad en el acceso al agua que generaba HidroAysén. Fue así como el Gobierno de la Presidente Bachelet terminó con respuestas políticas nítidas, e incluso una propuesta de reforma constitucional al régimen de las aguas que aunque moderada y pragmática, recibió oposiciones severas de diversos sectores. Aunque nada había cambiado en Copiapó, se estaba recorriendo un camino que era totalmente necesario.

El cambio de Gobierno significó dar varios pasos atrás, tanto en el problema político de fondo, como en el caso de Copiapó. La posición del Gobierno del Presidente Piñera fue volver a los mismo argumentos que la dictadura militar esgrimió para fundamentar la nueva ley de aguas de 1981: los derechos de agua son la mejor forma de acceder a las fuentes; no existe un problema político pues la ley de aguas cuenta con todas las herramientas para resolver lo de Copiapó y cualquier otro problema; y basta con que los usuarios se organicen y se pongan de acuerdo, y por lo tanto la administración del Estado debe fortalecer la creación de organizaciones de usuarios tal como lo define la ley.

Esta posición nos plantea una pregunta muy compleja que nunca se ha resuelto satisfactoriamente: ¿cómo gestionar una fuente de agua a partir de derechos de agua privados sin regulación pública ni exigencias, y sin que esto signifique o debilitar el derecho de agua, o utilizar mal las fuentes? Este dilema se ha traducido frecuentemente en un manejo deficiente de las fuentes de agua, a cambio de una certeza jurídica para los derechos de agua plenamente asegurada.

Aunque la certeza jurídica sea deseable y necesaria, esta no puede sustituir en ningún caso la certeza física y el buen uso de las fuentes de agua. Y nuestro país está lleno de fuentes que se usan mal: algunas se usan demasiado, como el acuífero de Copiapó, y otras muy poco, como el de Aconcagua. La política de agua debe proveer un ordenamiento de las aguas que sea consistente con la realidad.

Entonces, suponiendo que el Código de Aguas de 1981 conseguía este propósito en esa época —un supuesto muy cuestionable—, ahora definitivamente no lo está consiguiendo. Con el criterio del Gobierno se está entonces diciendo que el modelo político permite resolver los problemas en Copiapó, y que lo que falta es utilizar las herramientas que existen. De esta forma, los problemas en Copiapó —y todos los otros— se arreglarían dejando que actúen los mismos instrumentos que los han provocado. O sea, según el Gobierno el problema de Copiapó es un no-problema, y la mejor política de aguas es la no-política.

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