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Educación gratuita: hágalo usted mismo

por 1 febrero, 2012

Educación gratuita: hágalo usted mismo
El 80% de los chilenos cree en las demandas estudiantiles de 2011 y fundamentalmente creen que la educación sí es un derecho que no se está consagrando con la mercantilización de la educación. Si un porcentaje de esa cifra dejase de pagar su educación, si transparentemente muestran sus caras y dicen claramente que no aceptarán más injusticia, nadie podrá satanizar el uso de la violencia, nadie podrá decir que son unos irresponsables. Sólo se podrá decir que, dado que hemos vivido en la injusticia, tuvimos que ser desobedientes para poder ser ciudadanos.

Cuando una institución que debe resguardar un derecho de la ciudadanía lo vulnera o no lo protege, la teoría política señala que al ciudadano le concurre el derecho de violar la norma y proveerse a sí mismo su derecho. Se conoce esta violación como ‘desobediencia civil’, es decir, se reconoce como el acto, aparentemente contradictorio, de vulnerar las normas impuestas por la sociedad y a la vez ser, en rigor precisamente por ello, más ciudadano que comportándose según ellas.

El derecho a la educación pública y gratuita, garantizado por convenios internacionales además, ha sido violado por la institucionalidad educativa chilena desde hace más de 30 años. Ya se instaló la conciencia, en 2011, sobre este derecho. El error ha sido esperar que las autoridades hagan una modificación que no harán. Ni la Concertación ni el Gobierno pueden asumir la transformación de la educación en Chile sin suicidarse en el acto, ya que es una obra o de sus principios (derecha), o de sus acciones (Concertación) y de sus gobiernos (ambos). Es así como las dos coaliciones han defendido, con o sin ambivalencias, el modelo educacional chileno. Pero eso no importa. Lo único que importa es que, siendo injusta la institucionalidad, los ciudadanos tenemos el derecho a desobedecer la norma y hacer de facto la educación gratuita. Por supuesto, la desobediencia civil tiene como criterio básico la responsabilidad. Es decir, el mero hecho de no pagar no constituye desobediencia civil. Sin embargo, si acontece que organizadamente una masa de estudiantes y sus padres se comprometen a no pagar, asumiendo las consecuencias como grupo; si por ejemplo organizan su documentación de no pago y se hace llegar a las autoridades con todos los casos identificados, entonces estaremos en presencia de la desobediencia civil.

El derecho a la educación pública y gratuita, garantizado por convenios internacionales además, ha sido violado por la institucionalidad educativa chilena desde hace más de 30 años. Ya se instaló la conciencia, en 2011, sobre este derecho. El error ha sido esperar que las autoridades hagan una modificación que no harán. Ni la Concertación ni el Gobierno pueden asumir la transformación de la educación en Chile sin suicidarse en el acto.

Muchos piensan que es el momento de los grandes acuerdos. Sin embargo, no se puede llegar a acuerdos cuando hay diferencias sustanciales de intereses que son contradictorios. Otros creen que es el momento de la revolución. Aunque, para hacer la revolución se necesita fuerza, proyecto y control. No está claro que las tres cosas concurran en quienes fomentan los aires revolucionarios y sería un error creer que la consistencia y el amor a la causa se consuman en tomarse establecimientos. La mayoría por supuesto cree en el reformismo, pero eso supone que no es necesario un cambio de paradigma. Y aquí el problema es mayúsculo, se exige un cambio de paradigma. En este marco de caminos sin salida, una de las rutas es construir socialmente el derecho que se tiene conceptual y jurídicamente, el derecho a la gratuidad de la educación. Dado el escenario, esa ruta es la desobediencia civil.

Es así como, si un volumen importante de estudiantes chilenos, de todas las universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica; se organizan y construyen un gran gesto de desobediencia civil, dejando de pagar sus aranceles luego de matricularse, habría una necesidad sistémica de dar solución real. El 80% de los chilenos cree en las demandas estudiantiles de 2011 y fundamentalmente creen que la educación sí es un derecho que no se está consagrando con la mercantilización de la educación. Si un porcentaje de esa cifra dejase de pagar su educación, si transparentemente muestran sus caras y dicen claramente que no aceptarán más injusticia, nadie podrá satanizar el uso de la violencia, nadie podrá decir que son unos irresponsables. Sólo se podrá decir que, dado que hemos vivido en la injusticia, tuvimos que ser desobedientes para poder ser ciudadanos.

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