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Incendios e informaciones públicas

por 2 febrero, 2012

En la madrugada del 26 de enero de 2012 súbitamente se incendió dicha dirección de obras, quemándose toda la documentación allí guardada, es decir, los permisos de edificación solicitados por nuestra fundación y reiterados por el Consejo para la Transparencia han desaparecido por la acción del fuego. Según la prensa, se baraja la hipótesis de que el incendio sería intencional y en tal sentido Bomberos, con sus peritajes oficiales, tendrá la última palabra.

El sábado 28 de enero pasado el presidente Sebastián Piñera le dio el vamos a la Ley de Bomberos en la cual se establecen las reglas claras para entregarles recursos a estos abnegados servidores públicos, creándose un registro nacional de voluntarios. Según publicaciones de prensa esta admirada y necesaria institución cuenta con casi 40 mil miembros en todo el país y nos alegramos porque así estos compatriotas ejercerán con mayores seguridades y eficiencia sus embates en contra del fuego.

En muchas ocasiones estos sacrificados bomberos tienen que apagar incendios concientemente provocados por delincuentes para obtener el dinero de los seguros, para destruir inmuebles de conservación histórica o monumentos nacionales, con lo cual sus dueños venden los sitios libres para negocios inmobiliarios. Nos recordamos que años atrás se incendió la dirección de obras de la municipalidad de Pudahuel con el propósito de no dejar rastros de cierta documentación acusatoria de prácticas indebidas cometidas por funcionarios municipales.

Ahora bien, todos sabemos que por un antojo del ex presidente Ricardo Lagos y del ex ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), primero, y de Defensa, después, Jaime Ravinet, se clausuró el aeropuerto Los Cerrillos para dar paso a un polémico megaproyecto inmobiliario -Portal Bicentenario- en las 254 hectáreas que ocupaba esa base aérea.

Para tal propósito y dadas las características del terreno de esa infraestructura aeroportuaria era necesario que el titular de esta iniciativa, el Minvu, sometiera el cambio de uso de suelo a habitacional mixto a un acabado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con lo cual se modificaba el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

En la madrugada del 26 de enero de 2012 súbitamente se incendió dicha dirección de obras, quemándose toda la documentación allí guardada, es decir, los permisos de edificación solicitados por nuestra fundación y reiterados por el Consejo para la Transparencia han desaparecido por la acción del fuego. Según la prensa, se baraja la hipótesis de que el incendio sería intencional y en tal sentido Bomberos, con sus peritajes oficiales, tendrá la última palabra.

Pero ese ministerio, para que las cosas fueran más fáciles, indolentemente lo ingresó al Sistema como una simplista Declaración de Impacto Ambiental (DIA), trámite muy rápido pero que no sirve de nada. Los dóciles miembros de la Corema aprobaron esa DIA en forma expedita porque la orden que veía de arriba era procedan con urgencia porque el Palacio de La Moneda necesitaba contar con ese acto administrativo.

Debemos señalar que el artículo 8.4.1.3. del PRMS se refiere a los aeropuertos, aeródromos y radio ayudas, en donde se establecen los conos de protección que corresponden a las áreas colindantes de los anteriores las cuales, por razones más que obvias, tienen restringidas sus intensidades de ocupación de suelo.

Inmediatamente al sur del aeropuerto Los Cerrillos hay una extensa área llamada zona de aproximación que corresponde a sus cabezales que están identificados como áreas de mayor riesgo. Se dice en ese artículo que allí se permiten las instalaciones mínimas complementarias a las actividades al aire libre y que no impliquen permanencia prolongada de poblaciones y en una cierta área de máximo riesgo no se permiten las subdivisiones prediales ni edificaciones.

Volviendo a la decisión de la Corema, como la actuación del Minvu fue muy burda, los tribunales de justicia, en primera y segunda instancia, anularon esa DIA y el pomposo proyecto inmobiliario está paralizado desde hace un prolongado período de tiempo, ya que al no existir una calificación ambiental favorable enmarcada en la ley, no hay un cambio del uso de suelo para las aludidas 254 hectáreas, las que continúan siendo de infraestructura aeroportuaria en el PRMS.

El 6 de diciembre de 2011 se publicó en el diario La Tercera el reportaje “El nuevo barrio que se levanta al sur del Parque Cerrillos” en el cual se aseguraba que a partir del 11 de febrero de ese año se permitía la construcción de viviendas en las cercanías del ex aeropuerto y que uno de los terrenos más cotizados era un predio de 50 hectáreas catalogado en el PRMS como perímetro de seguridad.

El periodista que escribió la crónica, reproduciendo la opinión del asesor urbanista de la Municipalidad de Cerrillos, afirmó que allí se estaban otorgando permisos de edificación por la aplicación del artículo 59º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). En ese diario se decía que ya se había concedido un permiso a la Inmobiliaria Aconcagua y que ya estaban registradas solicitudes por 17 proyectos. Recordemos que aquella inmobiliaria fue organizada por Piñera, asociado con el empresario Andrés Navarro y los hermanos Montero, uno de ellos ministro de Vivienda en el régimen militar de Pinochet.

En razón a que nos causó desconcierto esa información, porque el artículo 59º de la LGUC se refiere al vencimiento del plazo para renovar la vigencia de las declaratorias de utilidad pública, contenidas en los planes reguladores comunales, destinadas a ensanches o aperturas de calles, —lo cual no venía al caso para autorizar permisos, conforme a la Ley de Transparencia, el 13 de diciembre de 2011—, le solicitamos al director de obras de Cerrillos copia de los permisos cursados, ya que no podíamos entender cómo se habían aprobado.

La ley de acceso a la información pública dice que los funcionarios deben responder en el plazo de 20 días hábiles y como ello no se produjo, el 12 de enero de 2012 tuvimos que recurrir de amparo ante el Consejo para la Transparencia a objeto de que este organismo obligara a esa municipalidad a ceñirse a dicha ley. Entendemos que dicho Consejo trasladó oportunamente los antecedentes al Alcalde de Cerrillos, para que éste, en su calidad de jefe máximo y representante legal de la municipalidad, forzara a su dependiente director de obras en orden a que nos entregara tales cuestionados permisos.

Ante nuestra incredulidad por lo que estaba aconteciendo en ese municipio, nos contactamos con el Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de Chile, orden gremial que, por razones obvias, conoce muy bien las normas aplicables en la especie, haciéndole notar el contenido del reportaje de La Tercera y la existencia de esos curiosos permisos. La directiva del Comité invitó a su sede al titular de la dirección de obras y al asesor urbanista de la municipalidad de Cerrillos con el propósito de intercambiar opiniones sobre el origen de tales permisos. Estos 2 funcionarios, sin mayores explicaciones, no aceptaron la invitación de sus colegas.

Pero en la madrugada del 26 de enero de 2012 súbitamente se incendió dicha dirección de obras, quemándose toda la documentación allí guardada, es decir, los permisos de edificación solicitados por nuestra fundación y reiterados por el Consejo para la Transparencia han desaparecido por la acción del fuego. Según la prensa, se baraja la hipótesis de que el incendio sería intencional y en tal sentido Bomberos, con sus peritajes oficiales, tendrá la última palabra.

No sabemos el camino que, en el corto plazo, tomará el Consejo para la Transparencia ante este impasse, pero lamentando la desgracia ocurrida, si hubiese sido espontánea o accidental, esperaríamos que las empresas constructoras que han obtenido permisos en ese cono de aproximación los pondrán a disposición de la dirección de obras para que ésta, sin mayor dilación,  cumpla con el mandato de la ley 20.285 que garantiza a la ciudadanía conocer los actos de la administración del Estado.

Si se llegara a proceder en consecuencia, examinaremos los papeles y se los enviaremos al Colegio de Arquitectos. Si hay mérito para objetarlos, le pediremos a la Contraloría General de la República que los invalide aplicando rigurosamente la ley 19.880 del procedimiento administrativo.

En todo caso sería sensato que el alcalde Almendares explique públicamente porqué esa vital información no se entregó cuando correspondía a quien la solicitaba.

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