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domingo, 22 de abril de 2018 Actualizado a las 20:14

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La UDI, el PC cubano y las reformas políticas

por 6 febrero, 2012

La UDI, el PC cubano y las reformas políticas
Aunque es cierto que el sistema binominal ha dado estabilidad al país en los últimos 20 años, las más de 2.500 manifestaciones del 2011 muestran que parece haberle llegado su hora. Por eso, la pretensión de la UDI de postergar estos avances políticos, que se pueden realizar en paralelo a los sociales y económicos, podría, más que cautelar lo conseguido hasta ahora, frenar las modernizaciones que lleva a cabo el Gobierno.

Marx y Lenin, por un lado, y Von Hayek y Friedman, por otro, han coincidido en que la economía, es decir, el qué, cómo, cuánto y para quién producir, es el “determinante de última instancia” de las conductas sociales y, por consiguiente, el sine qua non de las estructuras de poder.

Esto significa que cuando hay cambios en la estructura económica, debido a nuevos conocimientos científicos y/o técnicos, estos terminan inevitablemente impactando en las orgánicas de poder y de allí, en las costumbres y modos tradicionales de hacer las cosas. Y si bien, por lo general, las instituciones que han expresado ese orden muestran un período de resistencia al cambio —dadas sus naturales inercias hacia la mantención del anterior estado de cosas— más temprano que tarde, la organización política que sustentó dicho escenario se debe ajustar al nuevo contexto derivado del imparable avance de las fuerzas económicas.

Un ejemplo de este proceso es el reciente cónclave del Partido Comunista de Cuba (PCC) convocado para adecuar las orgánicas político-administrativas de la isla, vigentes por medio siglo, a las nuevas condiciones surgidas de los tímidos avances hacia una mayor presencia privada en su economía y la necesaria reducción del cuantioso gasto fiscal, impulsadas por el nuevo secretario general del PCC, Raúl Castro. Como resultado de dicho encuentro no sólo se propuso terminar con la discriminación para participar del Gobierno, del PCC y el Ejército a las minorías homosexuales, sino además, se acordó limitar a 10 años el mandato en cargos públicos, políticos o estatales para promover el surgimiento de cuadros más jóvenes en la avejentada estructura de poder revolucionaria. Sin embargo, estas decisiones, advirtió Castro, se aplicarán, “sin hacer la más mínima concesión al enemigo” con su sistema “monopartidista”, lo que según el líder, sería “legalizar partidos del imperialismo”.

Las decisiones de la dirigencia cubana buscan, por un lado, consolidar el poder de su cúpula y, por otro, descomprimir la cada vez más obvia discordancia entre la forma en que esa sociedad se ha organizado para producir, con la que muestra para dirigirse políticamente. Castro parece seguir así, el modelo chino: liberalización económica, con férreo control político, aunque paulatina y obligada democratización frente a los cambios de calidad de los ciudadanos, quienes, al menos en sus costas, ya pueden optar por el libre consumo, aunque no por un cambio de la estructura de poder, sólidamente controlada por el PCCh.

No importando el grado de poder y fuerza que se imprima sobre las personas, llega el momento en que el desajuste entre grados de libertad económica y libertad política, se rompe, generando un choque de placas tectónicas que será mayor o menor dependiendo de la acumulación de energía.

En Chile, los avances ligados a su libertad económica han ido a mayor velocidad desde hace décadas, de los que se observan en el área política, generando una desarticulación cuyas consecuencias se han expresado en incrementos del malestar social y masivas manifestaciones. De allí el error de diagnóstico de la UDI respecto de la urgencia o no de las modernizaciones de la actividad político-administrativa y, en especial, de nuestro sistema electoral. En efecto, la actual situación no es, como han hipotetizado sus dirigentes, un simple problema de “comunicaciones”, es decir, de saber comunicar mejor lo que el actual Gobierno ha hecho —y que es mucho en dos años: casi pleno empleo y alto crecimiento de la demanda— , sino una necesidad cada vez más obvia de adecuar la actividad política al modelo económico de libertades, cuyo enorme dinamismo ha transferido altas cuotas de poder a las personas en su calidad de consumidores.

Como señalan Hayek y Friedman, las libertades económicas tienden a reproducirse en todos los demás ámbitos de la actividad humana, como reflejo que busca trasladar a otros espacios las virtudes de elegir, negociar, premiar y castigar, que las personas, como consumidores, viven cotidianamente en una economía como la nuestra. Esa “praxis” genera un cambio cualitativo en el modo en que la gente se relaciona con su entorno, tanto en su papel como demandantes de bienes y servicios, como en el de oferentes de lo que cada cual presenta al libre juego del intercambio económico. Surge así un tipo de consumidor más exigente, informado, consciente de sus derechos y, en consecuencia, más conocedor y educado, con todos los efectos que tal condición tiene en dignidad, auto-respeto, individuación y reconocimiento de los propios intereses y, por consiguiente, en sus reflexiones de lo que en política se juega respecto de sus necesidades.

Es cierto que estas condiciones de desarrollo personal se han dado desequilibradamente en nuestro país, pues la calidad de consumidor y ciudadano depende muy directamente del mayor o menor acceso de las personas a los bienes materiales y espirituales que emanan de ambas categorías. Pero es evidente que no puede haber una sociedad de consumidores cada vez más libres para elegir todo lo relevante para su vida material, sin que esa práctica se exprese, en algún momento, en su actuación en cuestiones sociales, culturales y políticas.

Prueba empírica de este fenómeno —que está en la base del problema político actual— es que los protagonistas de las manifestaciones de los últimos meses y sus simpatizantes corresponden básicamente a personas que provienen de las cada vez más amplias capas medias surgidas en los últimos 30 años. Son sectores emergentes que han accedido a niveles superiores de consumo de bienes y servicios y que, tras los esfuerzos realizados, temen que esos avances sean amenazados por crisis internacionales, malas prácticas y abusos empresariales o acuerdos políticos de elites partidarias que no interpretan sus necesidades y que, por diversas razones, han limitado su dignidad, restándoles mayor participación.

No se trata, pues, de una cuestión meramente comunicacional. Quienes han sido beneficiados por las medidas de Gobierno están conscientes de ellas y no son los que se multiplican en las manifestaciones de repudio. Y quienes opinan en las encuestas suelen no ser consistentes en su rechazo al Ejecutivo. De otra forma no se explica como la mayoría de los ministros superan un 55% de apoyo, mientras el Gobierno en conjunto no logra traspasar la barrera del 40%. Se trata más bien, de una insatisfacción profunda, subyacente, respecto de instituciones y poderes de toda naturaleza, cuyas debilidades morales han sido desnudadas gracias a las fuerzas económicas y mayor transparencia desatada por las tecnologías de la información y comunicaciones, a las que, por lo demás, tiene hoy acceso millones de jóvenes que comparan, miden, se informan y razonan pluralmente, sobre el lado claro y obscuro de la administración del poder y, desde luego, respecto de sus propias perspectivas en el actual estado de cosas. No por casualidad, los líderes estudiantiles han afirmado que su movimiento no es sólo social, sino “político”.

Por eso, aunque es positivo que la UDI exija al Presidente un acento en aquellos aspectos de la gestión gubernamental que importan a la gente y que, desde luego, corresponden a la resolución de sus múltiples problemas materiales, no cabe duda que a esta altura de los avances en cantidad, hay un cambio cualitativo en la consciencia de buena parte de los chilenos, el que implica revisar esa añeja idea de que los electores son personas que, una vez resueltos sus problemas económicos, vuelven a sus trabajos, universidades, colegios y hogares y como “idiotas griegos” olvidan su rol ciudadano en una democracia representativa, cuya representatividad es —precisamente— la que han puesto en entredicho.

De allí que la primera lección cubana —sin olvidar la de Chile de los 80— es que, no importando el grado de poder y fuerza que se imprima sobre las personas, llega el momento en que el desajuste entre grados de libertad económica y libertad política, se rompe, generando un choque de placas tectónicas que será mayor o menor dependiendo de la acumulación de energía. La segunda, es que, con mayor sabiduría política, la vieja guardia del PCC ha preferido realizar ajustes paulatinos a esa perturbación, para evitar terremotos como los de Siria, Egipto o Libia y asegurar así su permanencia en el poder.

Y aunque es cierto que el sistema binominal ha dado estabilidad al país en los últimos 20 años, las más de 2.500 manifestaciones del 2011 muestran que parece haberle llegado su hora. Por eso, la pretensión de la UDI de postergar estos avances políticos, que se pueden realizar en paralelo a los sociales y económicos, podría, más que cautelar lo conseguido hasta ahora, frenar las modernizaciones que lleva a cabo el Gobierno y cuya consolidación depende “también” de recuperar la legitimidad de la política y su representatividad, lo que —es verdad— no se consigue “sólo” con un cambio del sistema electoral, pero tampoco petrificándolo.

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