Congresistas y DD.HH: del dicho al hecho - El Mostrador

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Congresistas y DD.HH: del dicho al hecho

por 7 febrero, 2012

No basta que los/as parlamentarios/as se declaren comprometidos con los derechos humanos y la democracia, pues la ciudadanía no los evalúa por sus dichos sino por sus acciones. Recuperar la confianza en las autoridades y revertir el desprestigio que afecta a la clase política exige de importantes esfuerzos por hacerse cargo de las demandas ciudadanas por mayores espacios de participación en la toma de decisiones públicas y que éstas se orienten a garantizar los derechos y libertades de todas las personas.

Las posiciones que sostienen los y las legisladoras al votar proyectos de ley relevantes para la protección de los derechos humanos y la profundización de la democracia, y su compromiso con estas materias constituyen dimensiones clave en el desempeño de sus cargos.

La ciudadanía requiere conocer estas posturas a fin de evaluar si las autoridades dan cumplimiento al mandato de representación de intereses que se le ha encomendado y si el trabajo legislativo de sus representantes es coherente con el compromiso declarado.

La Encuesta realizada por Corporación Humanas y el Observatorio Parlamentario a los/as senadores/as en 2011 sobre Reformas Legislativas en Derechos Humanos y Democracia, para conocer cómo votarían frente a un conjunto de proyectos de ley pendientes de debate en el Congreso Nacional, da cuenta del mayoritario apoyo a reformas políticas y proyectos sobre derechos humanos, pero pone en evidencia la enorme brecha que existe entre el compromiso declarado y lo que realmente ocurre en el Parlamento.

No basta que los/as parlamentarios/as se declaren comprometidos con los derechos humanos y la democracia, pues la ciudadanía no los evalúa por sus dichos sino por sus acciones. Recuperar la confianza en las autoridades y revertir el desprestigio que afecta a la clase política exige de importantes esfuerzos por hacerse cargo de las demandas ciudadanas por mayores espacios de participación en la toma de decisiones públicas y que éstas se orienten a garantizar los derechos y libertades de todas las personas.

Reformas legislativas que en gran medida integran la Agenda del Gobierno y en que existen numerosas recomendaciones de organismos internacionales son respaldadas por la gran mayoría de los/as senadores/as, pero a la hora de debatir y votar siguen quedando rezagadas, pues las prioridades reales son otras. Falta coherencia entre lo que los/as senadores/as dicen apoyar y lo que efectivamente debaten.

La Iniciativa Popular de Ley, mecanismo de democracia directa ampliamente difundido en los países de la región y en el mundo, no se ha consagrado en Chile, obstaculizando seriamente la participación de la ciudadanía en el debate legislativo. Pese al apoyo transversal del 93% de los/as senadores/as, nunca han debatido una propuesta en la materia. Ni siquiera la reforma presentada por el Presidente Piñera en septiembre de 2010 ha sido considerada.

El reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, respaldado por el 93% de los/as senadores/as y comprometido por el Presidente, lleva casi tres años estancado en una Comisión.

El apoyo del 77% a una ley que sancione la discriminación por orientación sexual e identidad de género permitió que en noviembre pasado el Senado aprobara el proyecto, pero luego éste no se ha debatido en la Cámara Baja completando casi siete años de tramitación.

En tanto, la necesidad de reformar el sistema electoral es compartida por el 73% de los/as senadores/as y preocupa al Gobierno, por lo que se espera la pronta presentación de una propuesta y un amplio debate.

Igualmente, el 73% apoya los plebiscitos nacionales para consultar a la ciudadanía en materias de interés público, pero ninguna de las propuestas presentadas se ha comenzado a analizar.

La incoherencia de los/as legisladores/as también afecta la participación política equilibrada entre hombres y mujeres. Aún cuando el 63% votaría a favor de una ley de paridad que garantice un mínimo de 40% de candidaturas de mujeres al Parlamento, ningún senador ni senadora ha presentado un proyecto para ello y en la Cámara Baja tampoco se debate.

Despenalizar el aborto terapéutico, por violación y en caso de malformaciones incompatibles con la vida es apoyado por el 53% de los/as senadores, pero los proyectos de ley llevan meses en la Tabla del Senado sin ser considerados.

No basta que los/as parlamentarios/as se declaren comprometidos con los derechos humanos y la democracia, pues la ciudadanía no los evalúa por sus dichos sino por sus acciones. Recuperar la confianza en las autoridades y revertir el desprestigio que afecta a la clase política exige de importantes esfuerzos por hacerse cargo de las demandas ciudadanas por mayores espacios de participación en la toma de decisiones públicas y que éstas se orienten a garantizar los derechos y libertades de todas las personas. Y ciertamente, coherencia frente a los compromisos asumidos.

Compromiso de los/as senadores/as en reformas sobre DD.HH y Democracia (Presentacion 26 01 12)

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