Caso tsunami o el uso indiscriminado del derecho penal - El Mostrador

lunes, 23 de abril de 2018 Actualizado a las 10:22

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Caso tsunami o el uso indiscriminado del derecho penal

por 14 febrero, 2012

¿Pueden ser responsables de las muertes causadas por el maremoto personas que carecían de los conocimientos técnicos necesarios para evaluar el riego de tal fenómeno (caso del subsecretario del Interior y de la directora y demás funcionarios de la Onemi) y que, por lo mismo, dependían absolutamente de las informaciones que les proporcionaba el organismo competente, esto es, el SHOA?

De todas las ramas del Derecho, el derecho penal es sin duda la más compleja. Ello, porque se trata precisamente de la rama del Derecho donde el poder coercitivo del Estado se manifiesta en todo su rigor, no sólo por el tipo de sanciones que le son propias, sino también porque el procedimiento mismo a través del cual se aplica puede, en algunos casos, afectar derechos fundamentales. Tal complejidad no deriva únicamente de la ley, sino sobre todo del enorme esfuerzo interpretativo surgido en torno a él y que se ha ido plasmando a través de los siglos en un conjunto de principios y teorías que constituyen la ciencia o dogmática penal, cuyo objeto no es otro que alcanzar la mayor racionalidad y justicia posibles en su aplicación.

Uno de esos principios es el que limita el campo de acción del derecho penal a lo estrictamente necesario para alcanzar los fines que persigue, a saber, la protección de bienes jurídicos fundamentales para la preservación de la paz social, contra ataques particularmente intolerables. Es lo que se conoce como el principio de ultima ratio, más allá del cual el Derecho penal carece de legitimidad.

Otro principio fundamental del Derecho penal es aquel conforme al cual la responsabilidad penal es estrictamente personal, es decir, que cada cual sólo responde por sus propias acciones, entendiendo por tales aquellas que en sí mismas son aptas para ocasionar el resultado lesivo que la ley quiere evitar. En derecho penal no existe, por ende, la responsabilidad por hechos ajenos cometidos por una persona natural, salvo situaciones especiales como el crimen por encargo o la utilización de otro como mero instrumento para llevar a cabo los propios designios delictivos.

¿Pueden ser responsables de las muertes causadas por el maremoto personas que carecían de los conocimientos técnicos necesarios para evaluar el riego de tal fenómeno (caso del subsecretario del Interior y de la directora y demás funcionarios de la Onemi) y que, por lo mismo, dependían absolutamente de las informaciones que les proporcionaba el organismo competente, esto es, el SHOA?

Un tercer principio que no podemos dejar de mencionar en el contexto de lo que aquí interesa, es el principio de culpabilidad, piedra angular del derecho penal moderno, en virtud del cual la responsabilidad penal supone necesariamente haber realizado la conducta punible intencionalmente (delito doloso) o, a lo menos, con una grave desaprensión por bienes jurídicos ajenos (delito culposo o “cuasidelito”, en la anacrónica nomenclatura legal). En nuestro ordenamiento jurídico, los delitos dolosos –que representan la forma más grave de criminalidad– constituyen la regla general, en tanto que los delitos culposos –menos graves– se castigan sólo excepcionalmente. Interesa destacar que el principio de culpabilidad excluye la posibilidad de que pueda responderse por resultados dañosos no atribuibles a una conducta humana, como acontece paradigmáticamente con los provocados por fenómenos naturales.

Descartada la causación dolosa de un resultado lesivo, para que el mismo pueda ser atribuido a culpa en cualquiera de sus variantes (imprudencia, negligencia, impericia o ignorancia e infracción de reglamentos) se requiere la concurrencia de una serie de condiciones, que habitualmente se resumen en la infracción de un deber objetivo de cuidado, supuesto que el peligro haya podido ser conocido por aquel sobre quien pesaba tal deber, a fin de tomar los resguardos necesarios para evitar que se verificara el resultado, y siempre y cuando dicho resultado fuese efectivamente evitable. A tal deber objetivo de cuidado se superpone, según el conocido penalista alemán Hans-Heinrich Jescheck, un deber subjetivo de cuidado, conforme al cual se ha de tomar en consideración la situación concreta en que se encontraba el sujeto en cuestión al momento de actuar, a fin de determinar el conjunto de factores que puedan haber afectado su capacidad de reacción, tales como quebrantos físicos, cansancio, insuficiencia de conocimientos o de experiencia, excepcionalidad de la situación, entre otros. En consecuencia, la sola verificación del resultado lesivo no autoriza sin más para afirmar la existencia de responsabilidad penal por culpa.

Por todo lo dicho, no deja de sorprender la decisión adoptada por el Ministerio Público, de formular cargos por homicidio culposo a ocho funcionarios públicos —con competencias y funciones muy diversas—, en relación con los luctuosos hechos acaecidos la madrugada del 27 de febrero de 2010, a consecuencias del terremoto y posterior maremoto que asolaron gran parte de la zona central de nuestro país. Menos sorprendente resulta, en cambio, la verdadera fruición con que algunos han recibido esta noticia, comprensible, quizás, en los deudos de las víctimas, que tratan de hallar consuelo a su dolor pensando que “se está haciendo justicia”, y esperable también de parte de aquellos que, por razones de otra índole, ven con ello favorecidos sus intereses.

En un intento por comprender el paso dado por el Ministerio Público, conviene tener presentes algunos hechos que han marcado la vida del mencionado organismo. Así, cabe hacer notar que desde sus inicios el órgano persecutor ha privilegiado los aspectos procesales por sobre las cuestiones de fondo, debido a que quienes lo han dirigido hasta ahora han sido procesalistas y no expertos en derecho penal. Si bien ello pudiera parecer comprensible en una primera etapa, atendido que la creación del Ministerio Público fue coetánea a la entrada en vigencia de la reforma del proceso penal, la persistencia de esa orientación después de doce años de existencia resulta menos justificable y sugiere un cierto grado de confusión acerca de su cometido.  Así, creemos percibir una cierta tendencia a tratar de encontrar responsables a toda costa, como ocurrió en el “caso bombas”. A ello hay que añadir la incorporación en el nuevo código procesal, de elementos de justicia compositiva, ajenos a nuestra tradición jurídica, que redunda en que más del 90% de las causas se ventilen en juicios sumarios y sean resueltas en única instancia por un juez unipersonal, lo que ciertamente no favorece la discusión del fondo de la cuestión debatida.

Sobre la base de los elementos de juicio ya indicados y la forma en que, según las informaciones de prensa, se habrían desarrollado los hechos, cabe plantearse las siguientes interrogantes: ¿Pueden ser responsables de las muertes causadas por el maremoto personas que carecían de los conocimientos técnicos necesarios para evaluar el riesgo de tal fenómeno (caso del subsecretario del Interior y de la directora y demás funcionarios de la Onemi) y que, por lo mismo, dependían absolutamente de las informaciones que les proporcionaba el organismo competente, esto es, el SHOA? ¿Puede responsabilizarse a los propios funcionarios por su falta de capacitación para hacer frente a emergencias coma la vivida ese día? ¿Contaba la Onemi con los medios necesarios para llevar a cabo esa capacitación? Al momento de los hechos, ¿contaba el SHOA con personal capacitado y con la experiencia necesaria para interpretar adecuadamente las informaciones recibidas del Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, de Estados Unidos? ¿Los instrumentos en base a los cuales el SHOA descartó hasta el final la ocurrencia de un tsunami, son técnicamente los más idóneos para tal fin; hasta qué punto el terremoto pudo haber afectado su confiabilidad? Al respecto, llama profundamente la atención que una estación especializada en la detección de tsunamis situada en Hawai, haya podido anunciar con un alto grado de precisión un fenómeno que afectaba a las costas chilenas, a miles de kilómetros de distancia, y en cambio los equipos chilenos no hayan podido hacerlo. ¿Cuál era la dotación presupuestaria de la Onemi y del SHOA para recursos materiales y humanos que permitieran hacer frente a posibles maremotos, teniendo en cuenta que el último fenómeno de este tipo había ocurrido en 1960? Por otra parte, habida consideración del caos, destrucción de viviendas, falta de energía eléctrica e interrupción de las comunicaciones, provocados por el terremoto que antecedió al tsunami, ¿qué posibilidad real había de que la población se enterase de la alerta, aunque ésta se hubiese dado oportunamente? Porque la situación en que se encontraba la gente en las zonas afectadas no era precisamente la de estar mirando televisión con toda tranquilidad en el living de su casa.

Éstas y muchas preguntas más son las que la justicia habrá de hacerse para decidir el ulterior destino del proceso tras la solicitud de formalización presentada por el Ministerio Público, de manera que aún queda mucho paño por contar en este asunto.

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