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Los especuladores vuelven a la carga

por 14 febrero, 2012

A este especulativo negocio, ingeniado en el gobierno de Bachelet, se le asignó el nombre técnico de PRMS-100 y por razones obvias ha sido compartido por la administración de Piñera, siempre atenta a apoyar a los privados que compran barato buscando plusvalías patrimoniales a través de informaciones privilegiadas y de sus buenos contactos con aquellos que deciden dentro del poder ejecutivo.
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Recientemente un diario de circulación nacional publicó una llamativa crónica titulada “Discrepancias mantienen retraso de cambio a plan regulador de Santiago”, informando a sus lectores que este proyecto está paralizado desde septiembre de 2011 por objeción de la Contraloría General de la República.

Estamos hablando de una iniciativa mercantil que significaría cambiar el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas a urbanas en 8 comunas de la región metropolitana de Santiago y para tal propósito se crean administrativamente  unas denominadas Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC), figura inexistente en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Quienes apoyan esta política argumentan que ya no tenemos suelos para seguir construyendo, lo que ha sido desmentido con abundante acopio de cifras por el economista y académico Pablo Trivelli, editor del “Boletín del Mercado del Suelo en Santiago”, publicación periódica siempre consultada por todos aquellos que se desenvuelven en la actividad de la construcción.

A este especulativo negocio, ingeniado en el gobierno de Bachelet, se le asignó el nombre técnico de PRMS-100 y por razones obvias ha sido compartido por la administración de Piñera, siempre atenta a apoyar a los privados que compran barato buscando plusvalías patrimoniales a través de informaciones privilegiadas y de sus buenos contactos con aquellos que deciden dentro del poder ejecutivo.

A este especulativo negocio, ingeniado en el gobierno de Bachelet, se le asignó el nombre técnico de PRMS-100 y por razones obvias ha sido compartido por la administración de Piñera, siempre atenta a apoyar a los privados que compran barato buscando plusvalías patrimoniales a través de informaciones privilegiadas y de sus buenos contactos con aquellos que deciden dentro del poder ejecutivo. Recordemos que el Congreso Nacional está ausente en este asunto, a pesar de la importancia que debieran tener las políticas territoriales.

Ahora bien, la Contraloría rechazó este plan por innumerables razones de forma y fondo, con lo cual ha quedado una vez más en evidencia la falta de capacidad de aquellos servicios públicos que los aprueban sin conocer sus implicancias. El ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), su promotor, no lo sometió a un Estudio de Impacto Ambiental que considera la participación ciudadana, sino que se conformó con una breve e insulsa “declaración” que impide el ejercicio democrático que tienen los ciudadanos para formular críticas u objeciones, por las razones que sean, al proceso en evaluación.

Este proyecto en el 2010 ya había sido rechazado en el Consejo Regional (CORE), pero a instancias del ex intendente Fernando Echeverría, ex presidente de la Cámara de la Construcción, se votó nuevamente el 30 de marzo de 2011  con un resultado favorable debido a un cambio de posturas de cinco consejeros (tres PPD y dos DC) quienes cándidamente le dieron crédito a las seguridades planteadas por Echeverría, en orden a que ya se había firmado un Protocolo de Acuerdo con el Ministro de Hacienda para obtener 80 millones de dólares, que saldrían de la caja fiscal, para mantener las áreas verdes de los privados que se verían beneficiados con la expansión urbana.

La directiva nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, en dos ocasiones, se dirigió por escrito al intendente Echeverría proponiéndole que se postergara la votación por una serie de razones, pero el funcionario destinatario, aunque educadamente respondió, no los escuchó. En paralelo, cuarenta y cinco organizaciones de la sociedad civil se dirigieron también por escrito al presidente Piñera, haciéndole notar variadas irregularidades contenidas en la propuesta del Minvu. El primer mandatario, a diferencia de su representante en la región metropolitana, no respondió ni acusó recibo de la respetuosa presentación formulada.

Esta fundación, Ciper Chile y el diputado Enrique Accorsi, han solicitado conocer los nombres de las personas jurídicas y naturales que son propietarias de los  terrenos que modificarían sus usos de suelo, pero ello no ha sido posible porque el Minvu dice que la información la tiene el Servicio de Impuestos Internos (SII) y éste se declara incompetente para conocer los planos reguladores, aparte de otras explicaciones que justifican su desconocimiento de esos nombres.

Ante tal falta de respuesta por parte de la institucionalidad, el caso llegó al Consejo para la Transparencia, instancia que se esforzó para que salieran a la luz pública los nombres de los beneficiados, llegando a la banal conclusión de que la ciudadanía no se podrá informar porque el Minvu y el SII “utilizan escalas diferentes en su planos” (sic).  Para superar el impasse dicho Consejo, hace 8 meses atrás, recomendó a ambos servicios públicos que coordinaran sus sistemas de información geográfica para que así pudiera operar en plenitud la ley de acceso a la información.

Hemos sabido que el Minvu, siguiendo las directrices de sus socios fácticos en las sombras, insistirá en este proyecto en los términos concebidos y para no “molestar” a los integrantes del CORE con una nueva votación, intentará pedirle a la Contraloría que tome razón del nuevo texto, a pesar de que no ha sido sometido a la hoy vigente Evaluación Estratégica Ambiental.

Como nos extrañaba que el ministro de Hacienda hubiera firmado, con el ex intendente, el mentado Protocolo de Acuerdo antes aludido, por el traspaso de los 80 millones de dólares públicos a utilizarse en mantenciones de áreas verdes privadas, indagamos y la propia actual intendenta Cecilia Pérez nos confirmó que ese documento, aunque está redactado, no está registrado oficialmente por no existir las firmas de los anteriores.

Así se evidenció que el astuto Echeverría, con tal de que los consejeros regionales aprobaran la expansión urbana, llegó al extremo de proceder con mendacidades, sin que nadie a la fecha haya cuestionado su forma de actuar. El ex intendente, después de un efímero paso como titular del Ministerio de Energía, hoy en día se desenvuelve con singular éxito en sus actividades como socio principal de la constructora Echeverría Izquierdo.

Los grupos ciudadanos le enviaremos una nueva carta al presidente Piñera, la que recibirá tan pronto termine sus entretenidas vacaciones en Bahía Coique, explicándole por qué es necesario revisar a fondo dicho arbitrario PRMS-100.  Le recordaremos que el autoritarismo no tiene cabida en nuestro país, motivo por el cual, con urgencia se debe abrir a la discusión entre todos dicho proyecto.

Como el Minvu, aparte de no escuchar a la sociedad civil, tampoco escucha al Colegio de Arquitectos, orden profesional que debiera ejercer un rol determinante en esta materia, esperamos que en el transcurso de los próximos días se publicite una Declaración Oficial de esos profesionales para que así la opinión pública tenga un conocimiento acabado del tema que hemos abordado.

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Envíada por Rodrigo Reyes S | 16 octubre, 2018

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