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Ley de pesca, mucho más que unos pescados

por 15 febrero, 2012

La ley ha causado mucha controversia, y parte con la creación de una mesa pesquera por parte del ministro Longueira. En esta mesa, el ministro sienta a las principales empresas pesqueras, las más grandes, detrás de las cuales se encuentran 7 familias, que con 4 empresas controlan sobre el 90% de los principales recursos pelágicos del país.
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El Ministro de Economía ingresó el 14 de diciembre a la cámara de Diputados, el proyecto de Ley que deberá reemplazar a la actual Ley 19.713, o de límites máximos de captura por armador. En palabras simples, la nueva ley deberá definir la manera en la cual los recursos pesqueros son asignados a privados para su explotación, y la recaudación que de esta explotación recibiremos todos los chilenos.

La ley ha causado mucha controversia, y parte con la creación de una mesa pesquera por parte del ministro Longueira. En esta mesa, el ministro sienta a las principales empresas pesqueras, las más grandes, detrás de las cuales se encuentran 7 familias, que con 4 empresas controlan sobre el 90% de los principales recursos pelágicos del país.

La mayor polémica de esta mesa, es que en ella, sólo los actores del mercado pesquero se sentaron a discutir cómo repartirse recursos que no les pertenecen, acordando cuotas de mercado entre pescadores artesanales e industriales, y firmando acuerdos para oponerse en conjunto a las licitaciones pesqueras. Actualmente, hay una acusación en la Fiscalía Nacional Económica por colusión, contra todos los integrantes de esta mesa, incluyendo al ministro Longueira.

La ley ha causado mucha controversia, y parte con la creación de una mesa pesquera por parte del ministro Longueira. En esta mesa, el ministro sienta a las principales empresas pesqueras, las más grandes, detrás de las cuales se encuentran 7 familias, que con 4 empresas controlan sobre el 90% de los principales recursos pelágicos del país.

Pero la polémica no comienza ni termina en esta mesa pesquera. El ministro, a partir de los acuerdos entre los privados, ingresa un proyecto de Ley al Parlamento, que habla de 3 tipos de licencias pesqueras: tipo A, B y C. Y aquí la polémica empieza a subir de nivel, por cuanto la virtual colusión de la mesa pesquera empieza a rendir sus primeros frutos, ahora plasmados en una ley.

Primero: la ley entrega, de manera gratuita e indefinida, los recursos pesqueros a las 4 empresas y 7 familias que hoy dominan el mercado nacional. A través de las licencias tipo A, el Ministerio de Economía reconoce derechos de propiedad sobre recursos naturales renovables, a los privados que hoy las tienen, sin necesidad de competencia.

Segundo: la ley habla de licencias clase B y C, ambas, derivan de licitaciones pesqueras, algo que el Presidente Piñera hace mucho tiempo anhelaba, y reconoce partes de un proyecto de Ley que hace algunos meses 14 senadores de la Concertación presentaron para licitar el 100% de las cuotas pesqueras de nuestro país. Lamentablemente, la letra chica en esta ley abunda, y una propuesta que parece prometedora, es en la práctica imposible de ser llevada a cabo.

La ley, tal como está redactada, si bien anuncia licitaciones, estas nunca serán gatilladas, por cuanto para que se pueda licitar una pesquería se deben dar una serie de requisitos técnicos que no son alcanzables, e incluso, hay serias dudas sobre la idoneidad técnica de quienes redactaron el artículo 27 de esta Ley.

Raya para la suma: el Gobierno no ha querido escuchar lo que decenas de economistas, líderes de opinión, ciudadanos, trabajadores, pescadores artesanales y técnicos hemos pedido, es decir, una ley que permita desconcentrar el sector pesquero, que permita el ingreso de nuevos actores, que aumente la competencia, que defienda a las pymes y los trabajadores, y que permita existan en Chile licitaciones abiertas, transparentes y competitivas, donde quienes exploten estos recursos, deban competir para ello, pagando el justo precio a todos los chilenos para poder extraer esta riqueza natural que a todos pertenece.

Además, pedimos que esta explotación sea temporal, siendo el Estado dueño de los permisos de pesca, y que estos sean asignados a los privados por tiempo definido, con causales de caducidad claras en caso de que se incumplan ciertos estándares de conservación biológica mínimos. Hoy, la ley como está, simplemente privatiza los recursos pesqueros, entregando estos privilegios de manera indefinida, a los hijos, nietos y bisnietos de estas 7 familias.

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