Este señor, a pesar de sus desaguisados, sigue en su cargo y lamentablemente, sus prácticas no son aisladas, sino las suma a los estándares presentados por el anterior gobierno militar-cívico, que la derecha protagonizó durante diecisiete años.
Es parte del ABC de un conflicto social tratar de comunicar simple y emotivamente las ideas que están detrás de las reivindicaciones, para que sean entendidas por el grueso de la población que, como dice el lema de Aysén: “Tu problema es mi problema”, desconoce el por qué una región, una etnia, un grupo, es capaz de arriesgar lo poco que tiene en función de mejorar sus condiciones de vida, acción que muchas veces no tiene el reconocimiento debido de parte de los otros, sin embargo, si se gana en las peticiones es parte de la mejora de vida de todos.
Por ejemplo, y desde la sinceridad que otorgan los años, ¡todos nos beneficiamos con el retorno de la democracia, pero no todos lucharon por el retorno a la democracia! Bueno, el trabajo desinteresado es parte de la belleza de los luchadores sociales y la no acción es parte, también, de las explicaciones que deben dar los sujetos que no estuvieron donde se debía estar cuando estaba en juego un bien superior.
La lucha de la Undécima Región nos convoca a muchos, no sólo por la justeza de sus peticiones, sino por el carácter transversal y de clase que tiene el movimiento, por lo no académicamente ilustrado de sus dirigentes, por la convicción y seriedad de sus peticiones, por la responsabilidad de sus acciones; por la ausencia de una forma de hacer política que ha sido nefasta para el movimiento social, por poner al centro los problemas profundos de desigualdad que se han construido al alero de este “tigre” sudamericano.
[cita]Este señor, a pesar de sus desaguisados, sigue en su cargo y lamentablemente, sus prácticas no son aisladas, sino las suma a los estándares presentados por el anterior gobierno militar-cívico, que la derecha protagonizó durante diecisiete años.[/cita]
Rompiendo el cerco informativo, Aysén primero y Coyhaique después, lograron poner sus reivindicaciones al centro de la agenda nacional, necesidades que no sólo se definen por un problema geográfico, sino por el añejo malabar de que unos pocos tienen mucho y para el resto les queda muy poco.
Los trabajadores del sur de Santiago le han recordado al país que el problema es estructural, que no se soluciona con hacer más productiva la ruta del combustible, sino cambiando las reglas económicas del uso de ese bien primario, que no se trata de tres pescados más o dos menos, sino cambiando las leyes que permitan que la pesca artesanal prescinda de cuotas y sólo se rija por consideraciones ecológicas; que la conectividad es un tema de bien común, en donde lo económico es un problema de efectividad y no determinante para que los habitantes de nuestros extremos geográficos se incorporen a los beneficios de los Estados modernos.
Todo lo anterior, es parte de las consideraciones que se tienen a la hora de comunicar, y lo digo inspirado en la buena leche de comunicar que tienen las organizaciones sociales, sin embargo, lo que hace difícil esta comunicación es la infamia, la calumnia, la falta de probidad que tienen algunas autoridades para combatir con ideas una idea.
La negación de la verdad construyendo un acontecimiento que tiene de base un hecho irrefutable: Ramón Mallao Millapinda, de 55 años, murió, tenía una insuficiencia renal y cirrosis hepática, y los médicos lo habían mandado a su casa a morir con los suyos, en la tranquilidad (me imagino) de su hogar. Dice su hijo mayor: “Somos aiseninos, patagones y las acciones que hubo, no responsabilizamos a nadie, porque esta fue una muerte natural. Cuando llamamos a urgencia fue para informar que al parecer que había fallecido y pedíamos que se acercaran para iniciar los trámites que correspondían”.
La llegada de la ambulancia no se debió a las legítimas protestas de los habitantes de la Undécima Región, sino a la convicción de que el Servicio de Salud iba a certificar una muerte anunciada, que no había nada por hacer medicamente por la vida de ese ser humano. A partir de ello, no hay denegación de auxilio, sino los tiempos subjetivos que se toman los servicios privados y públicos para hacer una certificación tan dolorosa como es el fallecimiento de una persona.
Ante esta verdad, corroborada por Pablo Mardones, seremi de Salud de la región, decir: «Esta mañana se ha producido lo que era predecible, dada la violencia que han tomado las manifestaciones en Coyhaique y Puerto Aysén (…). Una familia llamó a la ambulancia para que atendiera a un paciente, pero por los bloqueos y barricadas que han sido un problema constante, sólo pudo acercarse al domicilio para constatar el fallecimiento a las 7 de la mañana, cinco horas después de la llamada de auxilio». (emol), es una canallada, un golpe bajo, un intento de criminalizar un movimiento social legitimo, correcto, visionario.
El autor de la cita anterior, es el mismo ministro que se refirió con palabras soeces a los empleados de la salud, el que puso en duda la huelga de hambre de estudiantes secundarios, el que pretende imponer un criterio privatizador a la salud pública. Este señor, a pesar de sus desaguisados, sigue en su cargo y lamentablemente, sus prácticas no son aisladas, sino las suma a los estándares presentados por el anterior gobierno militar-cívico, que la derecha protagonizó durante diecisiete años.
Los “Okupas”, que ponían bombas; el movimiento estudiantil que provocaba el aumento de la delincuencia; los mapuches responsables de la muerte de siete brigadistas, y otros más, no dejan de ser las expresiones infundadas de un gobierno que desprecia a los movimientos sociales y trata de combatirlos con la mentira, con el montaje de situaciones que se crean inspirados en la naftalina de una oficina triste, con la severidad de quien trata con un enemigo y no con el pueblo que dice gobernar.
