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¿Hablemos de participación?

por 2 marzo, 2012

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Durante los últimos veinte años, la participación ha sido un protagonista principal de todos los discursos políticos que se han disputado los gobiernos locales en nuestro país.

Sin embargo, a la hora de hacer efectiva la participación, el enfoque y el alcance con que se ha materializado, no solo no ha logrado responder a las expectativas de la ciudadanía sino que además ha dado paso a la percepción de que toda la institucionalidad diseñada para fomentar la participación está precisamente dirigida a lo contrario.

De hecho, durante veinte años se han tomado decisiones relevantes para la comunidad a espaldas de sus habitantes, lo que ha dado como resultados planes de desarrollo, planes reguladores, planes educacionales y de salud que nada tienen que ver con las expectativas de las y los ciudadanos.

Lo anterior se explica porque la participación que se encuentra institucionalizada en nuestro país, solo busca que la ciudadanía participe para en-tender (entrar en la tendencia) quedando excluidas legalmente las instancias con las que se suele hacer efectiva la participación para trans-formar (cambiar la forma), lo que se ha visto agravado por la falta de voluntad política para implementar formas más avanzadas de participación ciudadana.

En este contexto se concibe la participación como una salida a la comunidad una vez que los proyectos están terminados, para explicar sus objetivos e impactos esperando así que la comunidad los acepte y entre en la tendencia propuesta por las autoridades.

Urge entonces reemplazar esta concepción por una en donde la participación sea considerada como un derecho fundamental, mediante un enfoque de participación temprana y vinculante, que integre a la ciudadanía desde el comienzo de cada proyecto y velando por la incorporación de sus opiniones mayoritarias a las definiciones básicas de cada proceso, permitiendo precisamente la transformación de las políticas comunales en virtud de las expectativas, sueños y prioridades de las y los ciudadanos.

Ahora bien, lo anterior pasa también por convertir a las organizaciones sociales en socios estratégicos de los municipios, realizando con ellas convenios que permitan traspasarles responsabilidades complementarias a la gestión municipal, para las cuales las organizaciones sociales representan una verdadera oportunidad.

Lo anterior implica traspaso de competencias y recursos, con cargo al 7%, para incentivarlas a jugar un rol destacado dentro de su comunidad, ayudándoles de paso a cumplir, de manera más permanente, sus objetivos.

Paralelamente se debe avanzar en transparentar la gestión municipal, abriendo todos los concejos municipales a la participación comunitaria, entregando las actas de los concejos al conocimiento público, haciendo rotar los concejos por el territorio de las comunas e integrando por la vía de los hechos, a la comunidad, a las discusiones y a la toma de decisiones municipales.

Se trata de construir lo que en otros países se conoce como contraloría social, que implica un pleno conocimiento y fiscalización de la comunidad de los actos y acciones de la municipalidad y de sus autoridades, encabezadas por el alcalde y seguidos por los concejales, los funcionarios, los contratos que se firman, los programas que se realizan y los profesionales y consultoras que se contratan, complementado lo anterior, con una política comunicacional proactiva, eficiente e interactiva.

La idea es revertir, al menos desde la subjetividad, el proceso de impermeabilización del Estado, construyendo un gobierno local total y completamente democrático, participativo, transparente y permeable a las presiones sociales y políticas de la comunidad organizada y de los distintos grupos de interés que existen en las mismas.

Para ello, es necesario comprender que la participación comunitaria, que en nuestro país no es materia de ley, puede ser materia de voluntad política y que esa voluntad es la que debe animar, fundamentalmente a los proyectos alternativos que hoy se disponen a disputar los municipios.

Esto implica llegar a gobernar obedeciendo y entregar a la participación temprana y vinculante las definiciones básicas de los principales instrumentos de gestión municipal como son el plan de desarrollo comunal, el plan regulador comunal, los planes anuales de educación y salud y cualquier otro plan que se haga necesario a partir de la paulatina incorporación de la comunidad a la gestión municipal.

Quizá la diferencia no resulte evidente para la mayoría pero resultará fundamental a la hora de analizar los resultados que se obtendrán en comunas que están cansadas de escuchar promesas que jamás se cumplieron a pesar de la certeza que todos tienen de que vivir mejor en ellas… es absolutamente posible.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

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