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La nueva forma de hacer política

por 6 marzo, 2012

La nueva forma de hacer política
Es un error político manifiesto responder a esos ciudadanos —más allá del mínimo grupo de alborotadores— que el Gobierno “no entregará beneficios a la gente que haga manifestaciones violentas”, metiendo, en los hechos, a todos en un mismo saco. Tal percepción monocausal es impropia de un Gobierno “de los mejores”, con la mayor proporción en la historia del país de graduados, doctores y magister en puestos de autoridad.
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La “nueva forma de hacer política” que ha puesto en boga la ciudadanía —sacándola de las oficinas y claustros institucionales y llevándola a la calle— no es, como algunos creen, un fenómeno monocausal —los comunistas, ecologistas, la izquierda maximalista o todos juntos— sino resultado de, al menos, cinco grandes variables convergentes:

a)   La grave pérdida de legitimidad de las instituciones y representaciones políticas tradicionales, tras dos décadas de gobierno “en la medida de lo posible”.

b)    La merma de la confianza ciudadana en los medios de comunicación masivos, por ser considerados portadores de intereses ajenos y centrados en la evasión y la “infoentretención”.

c)    La convicción que dichos medios reaccionan a noticias-escándalo, que es lo que vemos todos los días, y que para visibilizar socialmente un problema, la fórmula es el “impacto”.

d)    La integración masiva de los chilenos a los medios de inter-comunicación surgidos de las tecnologías de la información y comunicaciones (ordenadores, laptop, tablets, smartphones, etc y la Internet de banda ancha) y su capacidad de convocatoria y coordinación casi instantánea.

e)   Y un crecimiento económico que ha sacado de la pobreza y extrema pobreza a millones de chilenos, integrándolos a nuevas capas medias que, en momentos de crisis, temen retroceder todo lo avanzado.

La tendencia a sostener esta “nueva forma de hacer política” tiene razones estructurales y la mera reacción represiva es insuficiente. Proteger el derecho de la mayoría silenciosa para continuar sus vidas sin alteraciones del orden público, importa también una capacidad de adelantarse a los hechos que pueden generar problemas. Así y todo, unos pocos revoltosos no pueden determinar el modo en que la autoridad reacciona ante adherentes y simpatizantes pacíficos que buscan visibilizar sus legítimas necesidades.

En efecto, hasta hace un par de décadas, cuando surgían los naturales e inevitables conflictos producidos por las libertades políticas propias de la democracia y el desarrollo económico y social, la gente en dificultades recurría a su alcalde, diputado o senador, al partido A, B o C, al ministro, subsecretario, su amigo jefe de servicio o al dirigente sindical o la iglesia. Estos asumían su representación ante la autoridad incumbente y tras negociaciones de rigor, conseguían algo que reducía tensiones y todo volvía a la normalidad.

Pero las necesidades son infinitas y los recursos, escasos. De allí que difícilmente esos representantes institucionales lograban el 100% de solución, lo que unido a la multiplicación de denuncias de corrupción administrativa y de connivencia político-económica, fue degradando la confianza ciudadana, que terminó por derrumbarse, con la mayor transparencia informativa que trajeron consigo las redes sociales TIC’s.

Surgieron así en Chile, movimientos “single issue”, ajenos a partidos e instituciones tradicionales, las que con cierto éxito consiguieron en la calle poner en la agenda los problemas inmediatos de la gente, como el Metro, la educación, Transantiago, Punta de Choros, etc, promoviendo así esta “nueva forma de hacer política” que tiene tan confundida a elites de toda naturaleza.

Los gobiernos democráticos tienen por misión principal la mantención del orden público, asegurándoles a todos, gústeles o no dicho orden social, sus derechos constitucionales; los medios de comunicación masivos, en tanto, tienen el mandato de conseguir buenos rating de audiencia para sobrevivir, porque la publicidad llega con las audiencias, estimulando parrillas informativas adecuadas al nivel intelectual de quienes las demandan; y los ciudadanos, en su lucha diaria “por el margen”, impetran su propio derecho de petición ante las autoridades, las que, no obstante, y dado que siguen sus propios programas y promesas, parecen reaccionar sólo cuando esas exigencias no planificadas se llevan a la calle.

El enorme desarrollo económico de las últimas tres décadas, que en menos de dos generaciones ha sacado a millones de chilenos de la pobreza, y al mismo tiempo, los ha transformado en consumidores más educados, más exigentes y ciudadanos menos condescendientes, más libres y consientes, también ha traído de la mano el temor, ante cualquier amenaza, de perder todo lo ganado con tanto esfuerzo. Por eso la mayoría de las manifestaciones tienen dicho sesgo: deudores habitacionales, deudores educacionales, deudores de consumo; y sus “bestias negras”, los bancos, el retail, los supermercados, las farmacias y una clase política tradicional que pareciera haberse coludido con aquellas para destruir su nuevo estándar de vida.

No hay, pues, razones propiamente político-partidistas en las manifestaciones, aunque sectores partidarios hayan intentado “montarse” en ellas, con mayor o menor éxito. Por eso es un error político manifiesto responder a esos ciudadanos —más allá del mínimo grupo de alborotadores— que el Gobierno “no entregará beneficios a la gente que haga manifestaciones violentas”, metiendo, en los hechos, a todos en un mismo saco. Tal percepción monocausal es impropia de un Gobierno “de los mejores”, con la mayor proporción en la historia del país de graduados, doctores y magister en puestos de autoridad.

Estos nuevos movimientos sociales —si bien pueden ser influidos por metodologías de sectores minoritarios— son obviamente transversales. No de otra manera se explica que en el petitorio del Movimiento por Aysén, se defienda, de una parte, el derecho a la propiedad privada y su protección (pescadores, camioneros, comerciantes), y de otra, se busque mayor incidencia regulatoria del Estado (Patagonia sin Represas). Es esa heterogeneidad la que hace sus posturas confusas y diversas, su representatividad débil, y sus metodologías de negociación, simples, como la de mantener la conversación con las autoridades bajo permanente presión.

Es decir, estos movimientos, como el estudiantil y otros que a costa de solidaridad y simpatías se han extendido desde un sector a varios, no tienen la coherencia ideológica de partidos del pasado reciente, previsibles en cuanto sus motivaciones estratégicas eran declaradas y conocidas por todos. Se trata de reacciones sociales derivadas del propio progreso —más consumo, individuación, comunicaciones, información— con intereses dispersos que hacen difícil la gobernanza si es que no se asumen con sutileza, análisis y precisión. De allí que quienes creemos en la libertad y la democracia hayamos insistido en que se requiere de modo urgente reformar el sistema político de participación y el tributario de redistribución. Solo así se recuperarán las confianzas en el sistema político y económico de libertades y en una democracia que viabilice la solución pacífica de las controversias.

La tendencia a sostener esta “nueva forma de hacer política” tiene razones estructurales y la mera reacción represiva es insuficiente. Proteger el derecho de la mayoría silenciosa para continuar sus vidas sin alteraciones del orden público, importa también una capacidad de adelantarse a los hechos que pueden generar problemas. Así y todo, unos pocos revoltosos no pueden determinar el modo en que la autoridad reacciona ante adherentes y simpatizantes pacíficos que buscan visibilizar sus legítimas necesidades.

La izquierda podrá intentar “agudizar contradicciones”, como lo ha hecho el PC al convocar a un paro de actividades del Congreso hasta que no se resuelva la crisis aysenina, pero quienes son real mayoría en ese movimiento tienen peticiones específicas que deben ser evaluadas en su mérito, porque, dicho sea de paso, no es el Gobierno el que “entrega beneficios”, sino todos los chilenos que aportan al Estado su cuota de impuestos que, en promedio, ya implica que trabajemos tres meses del año sólo para aquello.

Un mal diagnóstico monocausal impide “separar la paja del trigo”, irrita las conversaciones y aumenta el descontento con las actuales autoridades, poniendo en riesgo la eventualidad de proyectar la obra de progreso y desarrollo del Gobierno. Habrá pues, que poner paños fríos a interpretaciones ramplonas desde los diversos bandos y asumir la complejidad de un tema que no sólo interesa a Aysén, sino a todo el país, en la medida que, sin la recuperación de mínimas confianzas ciudadanas, no hay negociación posible y solo queda el enfrentamiento.

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Envíada por Rodrigo Reyes S | 16 octubre, 2018

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