Si me permite el axioma, se lo presento: las innovaciones son siempre sociales antes que técnicas. Derivado de ello, la política siempre debiese anticiparse a las iniciativas técnicas, básicamente porque la técnica está al servicio de la humanidad, y no la humanidad al servicio de la técnica.
Existe, claro, la filosofía y práctica política y cultural que sobrevalora el conocimiento limitado de los expertos a la complejidad inmensa de la sociedad. Incluso, algunos asumen como ideología que es el experto el que conoce más las soluciones a los problemas sociales, incluso más que quienes viven los problemas sociales. Llamemos a esta visión la tecnocracia.
Sin entrar en detalles de lo poco exitoso que ha sido resolver problemas sociales mediante mecanismos puramente técnicos, como el aislamiento y “medición” de variables sociales abstractas, la exposición causal de esas variables con otras, y la solución simplista que emerge de esos análisis, sólo quiero añadir que anteponer lo técnico a lo social es una forma mediocre de enfrentar problemas complejos.
Este gobierno envió un proyecto de ley de carrera profesional docente. Y es este gobierno de “excelencia” el que justamente le ofrece una solución mediocre al problema social, político y cultural que es la educación de profesores. Y hablo de educación de profesores porque, al igual que la vida misma, la docencia es un proceso de aprendizaje constante y complejo. La jerga de hoy le llama “carrera docente” y la verdad es que la metáfora que ya parece llevarse al extremo me incomoda un poco. La mediocridad del proyecto de ley ni siquiera depende de la discusión parlamentaria, que probablemente se va a fijar en los problemas técnicos de la propuesta y no en la política.
¿Por qué es mediocre? Porque es una propuesta tecnocrática: limitada en su accionar, sus fines son variables abstractas sin definiciones políticas, carece de un sentido de sistema, se justifica usando líneas de evidencia limitadas, y asume teorías simplistas del comportamiento humano. No quiero entrar en detalles sobre tal o cual punto de la ley (que supongo será un debate que usted encontrará en otro lado). Solo decir como mínimo:
1. La revaloración social se construye socialmente, no mediante incentivos económicos basados en teorías cuestionadas y/u obsoletas del comportamiento humano.
2. La seguridad laboral es una condición necesaria para ejercer la docencia. Es el centro de la formación de comunidades profesionales de aprendizaje. No es un capricho sindical.
3. La docencia es una tarea que demanda habilidades sociales y cognitivas complejas. Los incentivos en dinero son regresivos como política para estimular la mejora en estas tareas.
4. La estandarización genera una ilusión: que todo aprendizaje puede ser ‘medido’. Basar una política en una ilusión que se usa como ‘evidencia’ es riesgoso, sino completamente irresponsable.
5. Es contradictorio y socialmente ineficiente que se establezca un examen de habilitación y al mismo tiempo se invierta en la acreditación de los programas de formación docente. Más contradictorio es que lo que justifica esta medida es la “libertad académica” (la misma que justifica el lucro y la falta de regulación de la calidad en la educación).
Como corolario: la excelencia no se construye con expertos. La excelencia se construye escuchando y considerando a todos los participantes de un sistema. La excelencia se construye atreviéndose a hacer las cosas más difíciles. Pero, ¿para qué vamos a pedirle eso a este gobierno? Por mientras, que quede bien cocida su mediocridad en el fuego de las eventuales protestas. Quizá ni el gobierno quiera saborearla cuando esté lista.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
