Como en Aysén se habían violado con total impunidad los artículos 4°, 5° y 6° de la Ley de Seguridad del Estado, allá ayer resolvieron transgredir también los artículos 1°, 2° y 3°, que castigan los delitos contra la soberanía nacional: aparecieron personas portando letreros en favor de la anexión de esa región a la República Argentina.
Ese delito de lesa patria también está castigado en el Código Penal, y en el de Justicia Militar, pero, en todo caso, los primeros artículos de la Ley de Seguridad del Estado lo sancionan con un mínimo de 541 días de presidio, relegación o extrañamiento, amén de otras penas accesorias.
Pero las leyes que defienden la soberanía y la seguridad ya no se aplican, así es que hay carta blanca para atropellarlas. Esto no es gratis, con todo. Hoy día oí dos testimonios decidores: uno, de un habitante de Puerto Aysén que hablaba por Radio Agricultura y describía el caos en los supermercados de allá, donde la gente se disputa las pocas mercaderías que quedan y donde, señalaba, la de mayor edad decía: «¡Pero si esto es igual que en la UP!»
Después una señora me comentó que había ido a un supermercado de Santiago y se había alarmado de ver la manera desmedida cómo estaba comprando la gente, vaciando las estanterías. «¿Por qué» me preguntaba, «cuando acá hay de todo?»
Porque la gente, le respondí, sabe cuándo comienza esto de atropellar las leyes, y también sabe en qué termina. Y toma medidas, por si acaso…
También oí una grabación del presidente Piñera hablando hoy. Decía que los daños del terremoto en los colegios habían sido muy grandes, y que los provocados por las «tomas» estudiantiles del año pasado habían sido equivalentes a los de «un segundo terremoto».
¿Y de quién es la culpa? ¿No lo es de las autoridades que, ante la primera «toma» de un colegio, dejaron hacer y dejaron pasar? Por supuesto, vinieron entonces todas las demás, con daños equivalentes a un segundo terremoto.
¿No sería justo que así como se persigue sancionar a las autoridades de febrero de 2010 por no haber reaccionado a tiempo el 27/F y no haber dispuesto las medidas que estaban en su mano, no debería también investigarse y sancionarse la lenidad de las autoridades de 2011, que nada hicieron por aplicar las leyes y así evitar los efectos destructivos sobre los establecimientos de enseñanza del «segundo terremoto» provocado por tantas «tomas» impunes?
