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El orden y el discurso: violencia, criminalización y disciplinamiento social

por 10 marzo, 2012

Los (porfiados) hechos han demostrado una vez más que la derecha tiene muy poca capacidad para negociar en situaciones de conflicto y sobre todo para enfrentar las acciones de protesta, por ello recurre al camino más simple y directo, por una parte la criminalización de los sujetos y por otro (como complemento de los anterior) buscar el disciplinamiento social de la población a través de la aplicación de la ley, para de esta forma demostrar que el respeto a la autoridad, la jerarquía y al orden está por sobre todas las cosas.
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A estas alturas, no debe causar sorpresa el accionar del gobierno en cuanto al manejo de las protestas y el diálogo con los movimientos sociales, especialmente porque la derecha chilena (específicamente la más dura) ha tenido (históricamente) una “atracción” por la defensa del orden, de su orden, especialmente en las últimas décadas (gran parte edificado y heredado de la dictadura cívico-militar de la cual fue parte constitutiva).

Varios son los ejemplos en estos dos años de gobierno de la llamada “Coalición por el Cambio”, en los cuales aflora aquel modo de operar: por ejemplo, ante quienes se han manifestado por una “reconstrucción justa”, con el movimiento estudiantil, Magallanes y ahora Aysén, en el cual la alocución y acción tienden a confluir y repetirse: un discurso hegemónico centrado en la criminalización y disciplinamiento social; es decir, criminalizar las acciones de protestas, caricaturizar a quienes reclaman, ningunear a los que se movilizan o bien caer en la vieja y reiterada estrategia de indicar que detrás de cada acción colectiva o social está la mano de los agitadores, ya sean comunistas, anarquistas, terroristas o los famosos “ultras”, quienes solamente buscan el enfrentamiento, producir daño, afectar la imagen del país, alterar la convivencia interna y la concerniente “paz social”; en el fondo, sujetos y grupos que recurren a la violencia como instrumento válido y legítimo para conseguir algunas de sus demandas.

Los (porfiados) hechos han demostrado una vez más que la derecha tiene muy poca capacidad para negociar en situaciones de conflicto y sobre todo para enfrentar las acciones de protesta, por ello recurre al camino más simple y directo, por una parte la criminalización de los sujetos y por otro (como complemento de lo anterior) buscar el disciplinamiento social de la población a través de la aplicación de la ley, para de esta forma demostrar que el respeto a la autoridad, la jerarquía y al orden está por sobre todas las cosas.

Sin embargo, habría que señalar que la violencia no se circunscribe solamente a determinadas acciones de fuerza (por ejemplo coerción física) que puedan emprender quienes protestas (bloquear un puente, camino, lanzar una piedra, etc.), también es violencia las acción de las fuerzas policiales que en el uso y abuso de la fuerza reprimen y golpean a mansalva a quienes legítimamente protestas y reclaman, así lo ha declarado y reiterado críticamente el Instituto de Derechos Humanos en voz de su directora Lorena Fríes: “Nos parece que lo que está pasando, es una cultura institucional que está dotada de un contexto por las autoridades políticastenemos carabineros con una actuación que está fuera de los márgenes que hoy en día se requiere”, o simplemente, constituye un acto de violencia el accionar de una determinada autoridad política que reiteradamente centra su discurso en presentar al otro (ciudadanos que legítimamente se moviliza y protestan) como enemigo del orden público y de sus compatriotas, y así podríamos agregar como señala el filósofo Josep Ramoneda la “violencia simbólica que desde los poderes políticos, económicos y mediáticos se está ejerciendo sobre la ciudadanía con un discurso atemorizador, el miedo como instrumento político”.

Qué duda cabe y es casi una perogrullada decirlo y también saberlo, que toda acción de protestas y movilización social genera tensión y conflicto en la sociedad; es más una “sociedad democrática” que se asume como tal o bien se dice y pretende ser pluralista y diversa debe aceptar el conflicto como parte constitutiva de ella. Incluso, la autoridad política de turno, debería estar preparada y capacitada para contar con las herramientas e instrumentos para manejar aquellas situaciones de tensión social, las dinámicas (ritmos y tiempos) que adquieren las protestas y los movimientos sociales. Desconocer o pasar por alto aquello, no hace otra cosa que exteriorizar una ignorancia supina sobre cómo se desenvuelven los procesos sociales y políticos.

El punto está que a la luz de los últimos acontecimientos, los (porfiados) hechos han demostrado una vez más que la derecha tiene muy poca capacidad para negociar en situaciones de conflicto y sobre todo para enfrentar las acciones de protesta, por ello recurre al camino más simple y directo, por una parte la criminalización de los sujetos y por otro (como complemento de los anterior) buscar el disciplinamiento social de la población a través de la aplicación de la ley, para de esta forma demostrar que el respeto a la autoridad,  la jerarquía y al orden está por sobre todas las cosas.

Al fin y al cabo y bajo esta dinámica de cómo concebir las acciones de protesta y los movimientos sociales, se deja entrever dos cosas, por un lado, una cultura que niega el conflicto social, por lo tanto busca (perpetuar) la despolitización masiva de la sociedad y en segundo lugar, —como se ha manifestado en más de una oportunidad— la ley (por ejemplo Seguridad Interior del Estado) está de nuestra parte, por lo tanto, no dudaremos en aplicarla contra los “intransigentes” y quienes alteran el (nuestro) orden social; es decir, demarcar el campo de lo legítimo, recurriendo a los dispositivos de control social (jurídico-penal) como una forma de resolver aquel problema.

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