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Los mitos sobre la Ley de Pesca

por Carlos Lara Silva 12 marzo, 2012

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Señor Director:

En los últimos meses han surgido voces que intentan levantarse como expertos líderes de opinión sobre el proyecto de Ley de Pesca. Aprovechan que el sector está lleno de particularidades y complejidades para construir mitos en torno a él. Y les sirve cualquier movimiento social o cualquier manifestación artesanal para levantar su discurso antiempresa pesquera, esto es, dirigido contra los industriales pesqueros.

No importante si son las marchas estudiantiles o contra las termoeléctricas, la manifestación de Aysén, el caso La Polar o un altercado verbal entre un huilliche y el subsecretario del ramo. Cualquier foco de conflicto social les es útil para plantear algunos de los siguientes mitos, que curiosamente se resolverían con la misma panacea: Licitar las cuotas de pesca.

1. “El Estado ha regalado las cuotas a siete familias”. Hoy el 53% de la pesca es artesanal y sólo el 47% industrial. La fracción industrial la pescan más de 50 empresas y el 35% de ellas están abiertas a bolsa, habiendo cerca de 7.000 accionistas. Sólo la industria paga una patente pesquera, y lo hace en función del tamaño de su flota; dicho tributo equivale a cerca del 3% de las ventas. ¿De qué regalo hablamos?

2. “La mejor manera de asignar los recursos es con una licitación”. Ningún país ha licitado las cuotas pesqueras de recursos ya en explotaciónn abiertas a la bolsa, habiendo ma fraccifsmilias es o no millonario, sino el que predique la igualdad y abrace , porque significa atropellar la actividad económica artesanal e industrial creada en torno a los permisos de pesca. Y en los escasos ejemplos de licitación, aplicados a pesquerías nuevas, sin historia, la actividad se ha concentrado en pocos actores, no se ha registrado innovación ni mayor competencia, menos aún protección de los recursos, ya que cada operador quiere sacar la máxima rentabilidad al recurso licitado presionando a la autoridad para que le aumente la cuota.

3. “Con licitaciones bajaría el precio del pescado y aumentaría el consumo nacional”. La forma de asignar las cuotas (respeto a los actores históricos o licitación) no tiene repercusión alguna sobre el precio del pescado y menos sobre su consumo. Por lo tanto, el proyecto de ley de pesca nada tiene que hacer respecto a esta inquietud. El mercado nacional de alimentos marinos exhibe una gran variedad de marcas y productos, tanto locales como importados. Prueba de ello es que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia concluyó en 2010 que no hay indicios de que la industria pesquera chilena pueda influir en los precios a nivel nacional ni internacional. De hecho, tras el terremoto y maremoto, cuando la producción industrial disminuyó un 40% no hubo variaciones en los precios atribuibles a ese factor. En cuanto al consumo nacional de pescado, éste dice relación con patrones culturales y no con la disponibilidad ni precio de los recursos; basta un ejemplo: Las capturas de merluza común de la industria nacional llegan a cerca de 50 mil toneladas; sin embargo, sólo 12 mil se venden en el país, porque el mercado interno no consume más.

Como se ve, detrás de este ataque a la pesca nacional y esta entusiasta promoción de las licitaciones hay sólo mitos sin base económica ni jurídica. Y si la licitación no beneficia a los industriales, ni a los trabajadores de flota y planta, ni a los artesanales, ni al desarrollo económico, ni a la protección de los recursos, ni al consumidor local; entonces, ¿a quién beneficia? Sencillo: A las transnacionales que hoy sobreexplotan los recursos en alta mar y que no conformes con eso, quieren entrar a una subasta de los recursos nacionales.

Carlos Lara Silva
Abogado

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